La patronal logística pide al Gobierno que no permita actos violentos en el paro de transportistas
Ha solicitado al Ejecutivo que tranquilice al sector para que pueda ejercer su legítimo derecho a trabajar con normalidad
El presidente de la patronal española de logística y transporte UNO, Francisco Aranda, ha mandado una carta al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en el que le insta a comunicar cuanto antes si va a actuar para defender la ley y el orden democrático respecto a la huelga de transportistas convocado para el próximo domingo.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Aranda pide al Ministerio de Interior, del que depende la secretaría de Seguridad, que no permita ni un solo acto de violencia, como el lanzamiento de piedras o bolas contra camiones, insultos, pinchazos de ruedas con navajas o destrozos de lonas de camiones.
Todas estas actuaciones se dieron en el paro patronal que la misma Plataforma en Defensa del Transporte convocó el pasado mes de marzo y que provocaron una rotura en la cadena de suministro con los consecuentes desabastecimiento a la población.
Además, en esta ocasión coincide con el momento más delicado del año para el sector logístico, a las puertas de la campaña navideña, que las empresas llevan meses preparando tras la serias dificultades que llevan arrastrando desde las disrupciones provocadas por la covid-19.
«Las organizaciones de esta movilización son una asociación minoritaria en el sector, pero si vuelve a hacerse uso de la violencia en carreteras, polígonos industriales y plataformas logísticas, es muy probable que el miedo logre paralizar nuestra actividad, lo cual no consiguió ni siquiera la covid-19», dice la carta.
En este sentido, UNO quiere colaborar al tener localizados los puntos en los que se produjeron los mayores altercados contra sus conductores y sus vehículos en marzo, así como las instalaciones que más movilizaciones concentraron, información que la patronal está dispuesta a compartir con el Ministerio.
Por todo ello, ha solicitado al Gobierno que tranquilice al sector para que pueda ejercer su legítimo derecho a trabajar con normalidad y no se vea alterado por esos activos violentos, respetando en todo caso a quien decidan parar porque también están en su derecho.