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Marta Rovira quedará libre de cargos en julio por el 'pacto' de Sánchez y ERC sobre sedición

La secretaria general de ERC verá prescrito el delito de sedición por el que se fugó de la Justicia y podrá regresar a España sin cargos a partir del 18 de julio de 2023

Marta Rovira quedará libre de cargos en julio por el ‘pacto’ de Sánchez y ERC sobre sedición

La secretaria general de ERC, Marta Rovira. | Europa Press

Pactada o no con ERC, la derogación del delito de sedición planteada por el PSOE y Unidas Podemos tiene un claro beneficiado. Al menos entre los independentistas prófugos. Se trata de Marta Rovira, secretaria general del partido liderado por Oriol Junqueras. Si el Congreso aprueba la proposición de ley orgánica registrada por los partidos que conforman el Gobierno de coalición, el 18 de julio de 2023 prescribirá el delito de sedición por el que la dirigente de ERC se fugó de la Justicia española. Podrá regresar a España sin cargos a partir de esa fecha, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.

Ese día se cumplirán cinco años del último acto de impulso procesal contra Rovira, lo que puede suponer la prescripción del delito que se le imputa. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró el 18 de julio de 2018 las euroórdenes que dictó contra los líderes del procés fugados de la Justicia española, entre ellos Rovira, después de que Alemania se negara a entregar por rebelión o sedición al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Nunca volvió a activar la orden de búsqueda y captura contra la secretaria general de ERC, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes del Tribunal Supremo.

El artículo 131 del Código Penal establece la prescripción a los cinco años de los delitos que tengan señalada una pena de prisión o inhabilitación de cinco años o menos. A diferencia del resto de políticos independentistas que siguen fugados para eludir a la Justicia española por su implicación en el procés, Marta Rovira solo fue procesada por sedición y no por malversación. Al no ser miembro del Govern catalán, el Tribunal Supremo consideró que la dirigente de ERC no tenía capacidad de decisión sobre el uso de fondos públicos.

Por esa razón, solo le imputó un delito de sedición por fomentar la ruptura de Cataluña con España de forma ilícita. Con la rebaja de las penas planteadas en el texto impulsado por PSOE y Unidas Podemos, pasaría de enfrentarse a una condena de entre 10 y 15 años de prisión a los entre tres y cinco años que estipula ahora como tope la iniciativa del Gobierno.

El ‘exilio’ de Rovira

Por el contrario, la rebaja a un máximo de cinco años de cárcel para el nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» apenas cambiará el horizonte procesal del resto de independentistas fugados tras el procés: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Al menos, por el momento. Al expresidente de la Generalitat y a los exconsejeros fugados del Govern sí que se les imputa un delito de malversación, penado con entre cuatro y ocho años de cárcel en su modalidad agravada.

La secretaria general de ERC se fugó hace cuatro años a Suiza, donde continúa residiendo a pesar de que no hay ninguna orden europea ni internacional de captura activa en su contra desde julio de 2018, según han confirmado a este diario fuentes del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal procesó a Rovira en marzo de aquel año por delitos de rebelión y sedición como consecuencia de su participación en el plan rupturista y el referéndum independentista del 1-O. Rovira tendría que ser detenida si volviese a España en la actualidad.

Tras quedar en libertad condicional, previo pago de una fianza de 60.000 euros, el 23 de marzo de aquel año, Rovira no acudió a su cita con el Supremo y se marchó a Suiza. Unos meses después, el 18 de julio, el juez dejó sin efecto las órdenes internacionales de detención contra Rovira y otros líderes del procés tras plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

PSOE y ERC negociaban su regreso

Como adelantó este diario, el PSOE y ERC negociaban desde hace meses un acuerdo para facilitar el regreso a España de Rovira, única dirigente del partido de Oriol Junqueras que se mantiene en el extranjero. La eliminación del delito de sedición impulsada por PSOE y Unidas Podemos puede permitir su regreso sin cargos a partir del 18 de julio. Incluso podría acelerar un pacto para que se ponga a disposición de la Justicia antes de esa fecha, como ocurrió con Anna Gabriel y Meritxell Serret. El Ejecutivo espera tener aprobada para el próximo mes de enero la rebaja de penas de lo que hasta ahora se consideraba sedición.

«Si el Congreso aprueba la rebaja de penas, esta no se aplicaría de forma automática. El tribunal sentenciador, el Supremo, tiene que revisar si los hechos juzgados entrarían en este nuevo delito de desórdenes públicos. Pero si se cumple el plazo de prescripción y se elimina la sedición, Rovira quedaría libre de cargos al cumplirse cinco años del último acto de impulso procesal», indica uno de los expertos en Derecho Penal consultados por este diario. «Perfectamente podrían haber llamado a esta reforma la ‘Ley Rovira’», señala otro penalista.

A pesar de esta situación, la secretaria general de ERC ha lamentado que con la reforma del delito de sedición anunciada por el Gobierno aún «no podría volver a Cataluña con garantías». No obstante, sí ha considerado que «la derogación es una buena noticia para el independentismo». «Apoyaremos todas aquellas reformas que dificulten la aplicación arbitraria del Código Penal o que sea perjudicial para la pluralidad y la disidencia política», ha añadido en Twitter, al mismo tiempo que Pere Aragonès reclamaba también una reforma del delito de malversación y reivindicaba el derecho a votar la autodeterminación de Cataluña.

El presidente de la Generalitat se anotaba el tanto de la reforma del delito de sedición, contradiciendo al propio Pedro Sánchez. Aragonès ha aseverado que la medida es fruto de un acuerdo entre el Govern y el Ejecutivo central. Sin embargo, el presidente del Gobierno había asegurado horas antes que la medida había sido decidida por Moncloa sin pacto previo con la Generalitat. «Hoy damos un paso muy importante y habrá que hacer más. Seguimos comprometidos a conseguir los efectos de la amnistía», añadía Aragonès en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat.

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