La Audiencia de Madrid da la razón a Rajoy y paraliza la comisión rogatoria de Andorra
El Principado investiga al expresidente por sus intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes Pujol y Mas
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha avisado al Juzgado de Instrucción Número 32 que debe admitir el recurso en el que pedía la paralización de la comisión rogatoria de Andorra relativa a la querella de la ‘Operación Cataluña’ en la que figura como investigado. Así, se ha corregido a sí misma y ha anulado la decisión anterior en la que desestimó la petición del exlíder del PP.
En dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda han estimado el recurso de queja de Rajoy y han dispuesto que se le tenga por personado en la comisión rogatoria del Principado que tramita el juzgado madrileño.
Además, han considerado pertinente que dicho juzgado admita el recurso de reforma que había presentado el exlíder del PP en el que solicitaba la no tramitación de la comisión rogatoria.
Previamente, la misma Sección había fallado en sentido contrario al considerar que la pretensión de Rajoy había perdido fundamento al partirse del presupuesto fáctico de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta a Andorra, algo que cuando se firmó la anterior resolución –el 5 de octubre– no se había hecho.
En aquella ocasión, los magistrados explicaron que, aunque creían que el juzgado debía haber admitido el escrito de Rajoy, no podían estimar su recurso porque creían que la juez ya había enviado la respuesta al Principado. Ahora, la Audiencia de Madrid –en defensa de la tutela judicial efectiva– ha declarado la nulidad de su primer auto.
No saben dónde está la comisión rogatoria
Según han explicado, ahora saben que al menos el pasado 20 de octubre la comisión rogatoria se hallaba todavía en dependencias del Ministerio de Justicia, «puesto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM suspendió la devolución acordada». Eso sí, han asegurado que desconocen dónde está ahora.
«Ignoramos por tanto cuál sea la situación actual de la comisión rogatoria en su largo y, al parecer, proceloso recorrido entre el Juzgado de Instrucción de Madrid y el Juzgado de Andorra, vía Ministerio de Justicia, siendo así que en la era de la sociedad de información no había llegado a su destino en los tres meses transcurridos desde que se devolvió», han precisado.
Con todo, han considerado que Rajoy tenía razón y que lo pertinente es que el juzgado madrileño en el que se tramita la comisión rogatoria admita el recurso que presentó el expresidente para pedir su personación en el procedimiento.
El caso de Andorra
La Justicia del Principado investiga a Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana» de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
Las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro alegaron que vieron vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el «previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional».
Al margen, el pasado 31 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la petición de Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria y reactivó el auxilio judicial al Principado.