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Alberto Garzón dispara un 74% los funcionarios del Ministerio de Consumo en dos años y medio

El departamento que dirige Unidas Podemos, creado en 2020 por Pedro Sánchez, arrancó con 129 trabajadores, mientras que hoy alberga 224

Alberto Garzón dispara un 74% los funcionarios del Ministerio de Consumo en dos años y medio

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la inauguración del encuentro ‘Unoconcinco’, en la Casa del Lector de Matadero, a 27 de octubre de 2022. | Europa Press

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aumentado un 73,64% el número de funcionarios que trabajan para su departamento desde que inició la legislatura, pese a no haber asumido más competencias. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, gracias a una consulta realizada a través del Portal de Transparencia, el dirigente morado cuenta ahora con 224 trabajadores a sus órdenes, mientras que cuando recogió la cartera, en enero de 2020, tan solo había 129.

El Ministerio no ha dejado de crecer desde que Pedro Sánchez creó este departamento ex profeso para contentar a sus socios de Unidas Podemos (motivo por el que también concibió Igualdad, Universidades y Derechos Sociales y Agenda 2030). Antes, las cuestiones relativas a los derechos de los consumidores competían a Sanidad, mientras que la regulación del juego era competencia de Hacienda.

Respuesta del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón a la solicitud de información de THE OBJECTIVE.

La cifra de funcionarios al servicio del dirigente comunista resulta llamativa. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Ministerio de Consumo es uno de los más pequeños del Gobierno de coalición, tanto en estructura como en presupuesto. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2023 es la rama ministerial a la que se destina una cuantía menor: tan solo 60 millones de euros. El de Igualdad, que goza de 567 millones para sus actividades, dispone de 148 trabajadores.

Otro dato que desliza el documento facilitado por Transparencia es que, desde su creación, 38 funcionarios han solicitado motu proprio su traslado. Esta cifra supone que el 17% de la plantilla actual ha desertado para ocupar un puesto en otro Ministerio, organismo, órgano o administración, «cualquiera que sea el método de provisión, incluyendo comisión de servicios y adscripción provisional, durante esta legislatura». Un porcentaje inferior al del Ministerio Igualdad, que ha sufrido un auténtico éxodo, tal y como adelantó en su día este medio: uno de cada tres funcionarios de Irene Montero han pedido su traslado. Un abandono al mes.

Asesores de Alberto Garzón

Respecto al personal eventual, Alberto Garzón cuenta con 13 asesores a su disposición. Según el último Boletín de personal al servicio de las administraciones públicas, Consumo goza de más asesores que algunos ministerios de especial relevancia, tales como Justicia (12) o Defensa (6), y tiene los mismos que Interior (13). Aunque el departamento con más asesores, con holgada diferencia, es el que dirige Félix Bolaños (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) con 383.

A diferencia de los funcionarios, este personal eventual es aquel que «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin». Es decir, que ha sido designado a dedo por Alberto Garzón.

En dos años y medio, casi tres, ha habido dos funcionarios con informe desfavorable en Consumo. En el primer caso, se especifica que se debe al «nombramiento en adscripción provisional por otro Ministerio de personal de nuevo ingreso que lleva menos de un año en el puesto de trabajo», cuando «el criterio general seguido en estos casos supone que el personal de nuevo ingreso se mantenga, al menos un año, en su puesto de trabajo de entrada antes de autorizar su movilidad a otros puestos».

En el segundo caso, el informe es desfavorable «para nombramiento en un puesto en Comunidad Autónoma de personal que se ha incorporado en el Ministerio como consecuencia de resolución de concurso de traslados», recalcando que «los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concurso de provisión, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento Ministerial».

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