La Justicia rechaza el recurso de la Fiscalía contra la imputación de Mercedes González
La delegada del Gobierno en Madrid deberá declarar como querellada el próximo 13 de enero por un presunto delito de prevaricación
La delegada del Gobierno, Mercedes González, interviene en el acto homenaje a la Constitución en su 44 aniversario en la Real Casa de Correos. | E.P.
El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha resuelto desestimar el recurso de la Fiscalía contra la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, denunciada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática. Así las cosas, deberá declarar como querellada el próximo viernes 13 de enero de 2023 a las 11.30 horas de la mañana, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
La asociación memorialista se querelló contra González por impedirles manifestarse ante el Congreso de los Diputados el día que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, el pasado 13 de julio. La delegada no autorizó la ubicación y trasladó la protesta a la Plaza de las Cortes, unos metros más abajo del lugar solicitado. Cuando los manifestantes llegaron al enclave, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron de que debían hacerlo aún «más abajo», lo que supuso, en opinión de los querellantes, una limitación ilegítima de su derecho de reunión.
En un escrito remitido a este medio, la asociación cargó contra «el trato privilegiado dado a las asociaciones memorialistas izquierdistas por parte de la delegada del Gobierno socialista, que les permitió manifestarse el día de la aprobación de la Ley de la Memoria Democrática justo frente al Congreso de los Diputados», mientras que a ellos los desplazó «más abajo del Hotel Palace, muy alejados del Congreso, sin apenas visibilidad, y además sometidos a un sol abrasador de más de 40º de temperatura».
Por lo expuesto, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tildó de «evidente» que Mercedes González actuó «para beneficiar a las asociaciones memorialistas que gravitan en torno a las subvenciones públicas del PSOE y con abierta hostilidad hacia la querellante, prueba de que por encima de la neutralidad política que se exige en su cargo ha actuado desde el sectarismo del partido político al que pertenece, el PSOE, como promotor de la Ley de la Memoria Democrática».
Pero una semana después de trascender la noticia, la Fiscalía de Madrid salió al rescate de Mercedes González y recurrió la querella al entender que los hechos descritos en la misma «adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación».
Una «decisión arbitraria»
El juez, sin embargo, ha dado la razón a los querellantes. En un auto judicial que data del pasado 16 de diciembre, y al que ha tenido acceso este medio, fundamenta su decisión de admitir a trámite la querella y desestimar el recurso de la Fiscalía en que «conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos, si los hechos relatados aparecen presuntamente constitutivos de delito, la querella debe admitirse a trámite y procederse a la práctica de las diligencias pertinentes, tendentes a la acreditación de los hechos». El escrito también denuncia una «decisión arbitraria» que lleva a la conclusión de que «sería prematura la inadmisión de la querella, al ser necesario aclarar las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos».
Desde la asociación manifiestan a este medio su satisfacción por dicho auto y porque la investigación penal contra la delegada del Gobierno en Madrid vaya a seguir su cauce, ya que demuestra «que en España aún queda mucho Estado de Derecho en plenitud, frente a las habituales arbitrariedades gubernamentales». También afean el mal comportamiento de la Fiscalía, que «más que como un Ministerio Público, está actuando ya demasiado habitualmente como un instrumento político al servicio de los intereses partidistas que representa la delegada del Gobierno de Madrid, con su decisión de privilegiar concentraciones memorialistas en el Congreso de los Diputados frente a aquellas que se oponen al odio y la radicalidad de la Ley de la Memoria Democrática y sus promotores políticos y mediáticos».
Fuentes de la asociación insisten en que Mercedes González debería dimitir porque ha quedado «manchada»: «Una persona que está ahora mismo al borde de su condena no puede seguir ejerciendo el cargo, porque su neutralidad está en entredicho y porque sus decisiones están presuntamente dirigidas a contentar a los movimientos asociativos próximos a su partido político».
