Estupor en una prisión de Málaga por permitir a los presos tener las cenizas de sus familiares
El CSIF ha pedido a la dirección de la prisión que termine con esta situación y dé un permiso al interno para que lleve los restos a un cementerio
Una urna funeraria, en una imagen de archivo. | Europa Press
Las últimas semanas en el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Martí Nieto, en Málaga, están siendo del todo surrealistas para los funcionarios de prisiones que trabajan en este penal andaluz. Todo comenzó el pasado 17 de diciembre, cuando la dirección de esta institución —donde suelen estar internos los presos que acceden al tercer grado, es decir, que cumplen un régimen de semilibertad— permitió a un recluso introducir las cenizas de un familiar suyo al interior del centro, en concreto a su celda.
Esta cuestión ha provocado un gran enfado por parte de los trabajadores penitenciarios, no solo por el hecho en sí, sino porque no se trata de la primera vez, según aseguran fuentes sindicales a THE OBJECTIVE. La directora del Evaristo Martí también permitió hace unos meses que una interna tuviese las cenizas de su pareja en su habitación.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critican que un centro de inserción no es lugar adecuado para almacenar las cenizas de un difunto, dejando a un lado «que se trata de una situación que está causando preocupación entre la plantilla». «Por motivos sanitarios dichas cenizas deben estar en un cementerio o columbario, no aquí», insisten desde el CSIF. De hecho, las normas de régimen interior de las prisiones no permiten que los usuarios puedan tener este tipo de objetos en sus celdas, indican fuentes penitenciarias.
A través de una misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, este sindicato ha pedido a la dirección del centro que dé un permiso al preso para que, a la mayor brevedad posible, saque la urna funeraria del establecimiento. «Puesto que en el CIS se dan permisos de salida para realizar cualquier tipo de gestiones, no se entiende que no se haya proporcionado ya uno al recluso para dejar dichas cenizas fuera, y evitar que los compañeros de vigilancia las tengan a escasos cinco metros de su oficina», señalan en el escrito.
Oposiciones
Por otro lado, hace unos días, el CSIF también denunció a través de un comunicado «la falta de respeto» que suponía para el colectivo profesional las pruebas de la oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, a la que miles de aspirantes se presentaron el pasado domingo. A juicio de distintos sindicatos, el examen, en el que, a través de distintos casos prácticos, se describe cómo un trabajador introduce drogas en una prisión, o cómo otros dos se extralimitan en la reducción de un preso, supone «una humillación para todo el colectivo».
«Es una falta de respeto total. Nos llaman corruptos y traficantes, y después nos acusan de torturar y maltratar a los presos… ¿Qué imagen se está dando de nosotros al futuro de la institución?», criticó, en declaraciones a THE OBJECTIVE, Sergio García, delegado del CSIF.
En los test prácticos se planteaban 10 casos sobre los que los candidatos debían responder a una serie de cuestiones. Los que han creado polémica son el segundo y el séptimo. En el primer supuesto, se describe como, tras requisarle una serie de objetivos prohibidos en la prisión, la interna «empuja a una de las funcionarias y se niega a entrar en la celda, adoptando una posición defensiva con los puños en alto».
Los casos prácticos
Pese a las reiteradas órdenes de las funcionarias para que deponga su actitud, continúa la descripción del escenario, «la interna hace caso omiso a las mismas». «La reclusa es reducida y, cuando está en el suelo, las funcionarias le colocan las esposas con las manos en la espalda. Al levantarla para trasladarla al departamento de aislamiento, una de las funcionarias le propina un golpe con la rodilla a la altura del pecho cuando ya no oponía resistencia».
El segundo caso se desarrolla, supuestamente, en el Centro Penitenciario de Madrid V, en Soto del Real. La madre de un interno es conocedora de que un funcionario introdujo «el 5 de mayo de 2021 en el establecimiento sustancias estupefacientes destinadas al consumo de los internos». Así que, «ante su preocupación, y asesorada por el letrado del interno, interpone una denuncia contra el funcionario solicitando» que se castigue al autor con una falta grave y con la suspensión de sus funciones durante cuatro años.
El contenido de este test, al que los candidatos se presentaron tras superar un examen teórico y paso previo al reconocimiento médico, ha caído como un jarro de agua fría entre el colectivo profesional, pues, según denuncian, «nunca se habían planteado este tipo de supuestos en las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de IIPP». «Que nos humillen de esta forma nunca nos había ocurrido. Tenemos que soportar esta falta de respeto, cuando faltan medios en todas las prisiones, no hay médicos y todavía no somos agentes de autoridad…», censuran desde el CSIF.
