Segunda década sin el terrorismo de ETA: juicios pendientes y el cambio de la política penitenciaria

Los datos apuntan a que durante este año, la administración central autorizó un total de 81 acercamientos y 20 condenados por terrorismo fueron excarcelados

El 2022 ha dado inicio a la segunda década sin el terrorismo de ETA, en la que aún se siguen gestionando las consecuencias de años de violencia en Euskadi, con juicios de casos pendientes y la consolidación de una cambio notorio en la política penitenciaria hacia el fin definitivo de la dispersión.

Este año ha sido el primer ejercicio completo en el que el Gobierno Vasco ha gestionado las cárceles vascas, tras hacerse con la competencia de prisiones el 1 de octubre de 2021. Este proceso se ha desarrollado en coincidencia con una aceleración de los acercamientos de presos de ETA por parte de Gobierno central, que sólo en el pasado año autorizó 145 traslados y en 2022 ha aprobado 81.

Los traslados han continuado este año, de manera que, si el 31 de diciembre de 2021 el 48% de los reclusos de ETA (92) cumplía condena en las cárceles de Euskadi y Navarra, a día de hoy ese porcentaje se ha incrementado hasta el 84%.

Entre los reclusos que han llegado este 2022 a prisiones vascas figuran algunos de los exdirigentes de mayor peso y simbolismo, como Francisco Javier García Gaztelu «Txapote«, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o Henri Parot.

Según la última actualización de datos de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, actualmente 148 presos cumplen condena en las prisiones de Martutene, Zaballa, Basauri y Pamplona, mientras que 14 están ingresados en centros penitenciarios del resto de España, la más alejada de ellos Irantzu Gallastegi, interna en Estremera (Madrid), a 520 kilómetros del País Vasco.

Además, otros 12 reclusos permanecen en Francia, 11 de ellos acercados a Lannemezan, a 330 kilómetros, mientras que una, Ainhoa Ozaeta, se halla en la cárcel de Reaud Su Francillen, a 925 kilómetros. Los datos aportados por Etxerat apuntan a que durante este año, la administración central autorizó un total de 81 acercamientos, mientras que 20 condenados por terrorismo fueron excarcelados, 14 de ellos por cumplimiento íntegro de condena y 6 en libertad condicional.

De esta manera, bajo la gestión penitenciaria del Gobierno Vasco se encuentran actualmente 119 presos de ETA, de los que 66 están internados en la cárcel alavesa de Zaballa, 23 en la de Basauri (Bizkaia) y 30 en la donostiarra de Martutene.

En el centro penitenciario de Pamplona cumplen pena 10 reclusos vinculados con ETA, otros 16 lo hacen en sus domicilios y dos están ingresados en centros especiales. Este flujo de traslados, que comenzó el pasado año y ha continuado en este 2022, se ha traducido en un incremento en casi 300 personas de la población penitenciaria de la Comunidad Autónoma Vasca, que ha comenzado a rechazar más movimientos ante la limitación de plazas de sus tres prisiones.

Esta situación se aliviará en 2024, cuando se abra la nueva cárcel donostiarra de Zubieta, que sustituirá al actual centro penitenciario de Martutene y contará con 300 plazas más.

Nuevas potestades del Gobierno Vasco

Entre las potestades que ha estrenado el Gobierno Vasco está la de gestionar la progresión de grado de los reclusos, en coordinación con las juntas de tratamiento de las cárceles de Euskadi, uno de los aspectos más polémicos, que las asociaciones de víctimas de terrorismo vigilan de cerca.

La administración vasca ha clasificado en tercer grado en 2022 a 444 presos, de los que 29 tenían vinculación con ETA. Sin embargo, estas decisiones, avaladas por citadas juntas de tratamiento, no están siendo pacíficas, ya que la Audiencia Nacional ha recurrido cerca del 80% de los casos referidos a presos de la organización terrorista. De hecho, hasta el momento, 7 de estas progresiones de grado correspondientes a reclusos relacionados con ETA han sido revocadas por la Audiencia Nacional y los presos han vuelto a prisión en segundo grado.

El Gobierno Vasco ha recordado que los funcionarios que elaboran los informes favorables a la concesión de estos terceros grados son los mismos que los redactaban antes de que se completara la transferencia de prisiones, pero la Audiencia Nacional, en sus resoluciones, exige a los presos una posición más explícita de solicitud de perdón a las víctimas.

Al mismo tiempo que el número de presos de ETA disminuye y que la dispersión se ha convertido en un fenómeno casi residual, la justicia continúa su trabajo de esclarecimiento de atentados de ETA y de asunción de responsabilidad a sus dirigentes.

Por ese motivo, la Audiencia Nacional ha celebrado este año juicios por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Miguel Zamarreño o Juan Priede, ante el rechazo de Sortu, el partido integrado en EH Bildu, que considera que estos procedimientos constituyen una «venganza» y afirma que, once años después del silencio de las armas, es necesario «vaciar» las cárceles en lugar de volver a llenarlas.

Fuente: EFE

Rafael Herrero