El juez archiva la causa del rescate de 53 millones de ayudas públicas para la aerolínea Plus Ultra

En el documento se señala que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito» y se descarta que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investiga el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas otorgado a la aerolínea Plus Ultra, atendiendo al recurso presentado por la empresa.

En el documento, fechado el pasado 5 de enero, la jueza Esperanza Collazos señala que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito», ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

Por ello, descarta que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.

En un comunicado divulgado este lunes, Plus Ultra valora que haya quedado claro que no existen indicios delictivos de ningún tipo ni contra los consejeros de SEPI ni contra Plus Ultra Líneas Aéreas.

Asimismo, destaca que la compañía «no ocultó información ni tuvo ninguna intención de defraudar al solicitar la financiación concedida».

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

En abril de 2022 el juzgado inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.

En su auto, la magistrada indicaba que «los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

Fuente: EFE