Interior estrenará un plan para desradicalizar a presos en febrero tras el fracaso del anterior
Prisiones decidió cancelar el programa por los malos resultados cosechados desde su implantación. En 2022, solo cuatro presos estaban inscritos en el plan
Dos detenidos por yihadismo. | EP
La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, está dando los últimos retoques al que será el nuevo programa de desradicalización yihadista en las prisiones españolas. Un versión mejorada y actualizada del plan anterior, que el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz canceló tras los malos resultados cosechados desde su implantación en 2016, y que previsiblemente verá la luz el próximo mes de febrero, según aseguran fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE.
Prisiones decidió retirar el programa que se impulsó en tiempos del popular Juan Ignacio Zoido porque, desde su aplicación, apenas había tenido éxito entre los reclusos que cumplían condena por delitos relacionados el terrorismo islámico. Los datos hablaban por sí solos. Hasta el pasado mes de septiembre, solo cuatro presos formaban parte de este plan voluntario. Lo que suponía un 4% del total de presos (98).
Si se tiene en cuenta el cómputo total, en los últimos seis años, solo se han apuntado a estos talleres de reinserción 52 internos. Respecto a los detenidos por terrorismo yihadista en el mismo periodo de tiempo en operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad (350), esa cifra solo supone un 14% del total de arrestados. Los primeros años en los que se puso en marcha esta iniciativa, 2016 y 2017, fueron que los tuvieron más éxito entre la población reclusa, con una horquilla de entre 14 y 15 presos inscritos.
Se trata de un escenario que llevó al departamento de Prisiones a replantear a principios de 2022 el diseño de este programa, cuyo objetivo es desvincular paulatinamente al preso de la violencia pero sin interferir en sus ideas religiosas. La Secretaría General decidió entonces someterlo a «un proceso de revisión y mejora», en el que distintos expertos en materia penitenciaria como en metodología yihadista han participado con el objetivo de alentar la participación de los presos en el mismo.
Un programa psicológico
El plan original se creó en 2016 bajo el nombre Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamistas, y tenía como objetivo la «prevención, el desenganche y desradicalización de aquellos internos con una asunción arraigada de una ideología extremista». Para conseguir ese fin establecía tres fases que sumaban 19 pasos. Entre ellos estaba «el autoconocimiento personal», «la modificación y cambio personal», «un análisis profundo de su historia» o «el relato de la vivencia religiosa».
En este último, desgrana esta iniciativa, era donde Instituciones Penitenciarias perseguía que el preso en cuestión se «plantease abiertamente su fe, su vivencia y su historia a la afiliación al Islam, procurando una desmitificación». Después también estaban otros apartados como «la admisión del radicalismo» o la adquisición de «valores prosociales» como el respeto a la figura de la mujer. En definitiva, un programa más psicológico, voluntario y con unas reglas mínimas que condujesen a estos reos a abandonar progresivamente la violencia.
«Era un desastre»
Este tipo de iniciativas en prisión han generado ciertas criticas entre el colectivo de los funcionarios de prisiones. Estos trabajadores insisten en que los planes están mal enfocados, principalmente, porque la mayoría de yihadistas en España no son detenidos por un delito violento, sino bien por autodoctrinamiento o bien por difundir la tesis violentas del Islam a través de internet. «El plan anterior era un desastre, no estaba funcionando. Quienes lo diseñaron no tenían ni idea», critican fuentes sindicales, en conversación con este periódico.
La percepción de los expertos en seguridad y terrorismo es similar. Según las fuentes consultadas, son pocos quienes confían en que la desradicalización, en el caso de un yihadista adulto, sea posible. «No existen herramientas en España que puedan llevar a cabo esta difícil tarea», subraya Raquel Alonso, presidenta de la Asociación contra el radicalismo extremista y ayuda a víctimas indirectas (Creavi).
Ella ha sufrido en primera persona una falta de apoyo total por parte de las instituciones con el caso de sus hijos. Su exmarido y padre de los pequeños fue detenido en 2014 por formar parte de una célula yihadista, la Brigada Al Andalus. Desde entonces, Alonso ha tenido que luchar contra el estigma de ser la mujer del enemigo y ha buscado ayuda sin éxito. Tanto que ha tenido que crear ella misma la primera asociación que dé amparo a víctimas indirectas del terrorismo.
«No son reinsertables»
Los menores no estaban radicalizados, pero en el sumario del caso Raquel descubrió que uno de ellos, con 10 años, llegó a preguntar si «podía marcharse con su padre a hacer la yihad». Y añade: «Si no estamos preparados para tratar a mis hijos, a los que solo se pretendía ayudar con posibles secuelas colaterales, ¿cómo vamos a hacerlo con el resto, que sí han tenido un adoctrinamiento previo? Desde mi punto de vista, no son reinsertables».
«No ha habido institución ni protocolo que haya tratado a mis hijos, no los hay. Con un niño es muy complicado. Si son capaces de sembrar la duda a un niño de 10 años que estaba protegido constantemente, ¿qué se puede hacer con una mente adoctrinada? Hay que tener mucho conocimiento y en las instituciones estas figuras no existen», zanja la presidenta de Creavi.
