Campo a Montero: «Irene, si bajamos las penas máximas, saldrán violadores a la calle»
La advertencia del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hace dos años, llevó a que Igualdad aceptase una modificación al alza de las penas máximas
La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Consejo de Ministros de 29 de junio de 2021. | PSOE
La frase se produjo en la negociación inicial de la ley del solo sí es sí hace dos años, entre marzo y julio de 2021, después del informe del Consejo General del Poder Judicial que alertaba sobre los efectos que podría tener una rebaja en las penas máximas. Según relatan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, alertó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las posibles consecuencias de una rebaja de las penas máximas en la Ley de Libertad Sexual, también llamada ley del solo sí es sí: «Irene, si rebajamos las penas máximas, vamos a provocar la salida de violadores a la calle».
La advertencia se produjo en un clima de extrema tensión en el seno de la coalición por las discrepancias entre la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el de Justicia, Juan Carlos Campo; y la de Igualdad, Irene Montero. La órbita socialista del Ejecutivo aireó la «chapuza jurídica del borrador de Igualdad» y Podemos contraatacó con la acusación del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, que calificó de «machista frustrado» a Campo por las «excusas técnicas» que se le ponían al texto de Igualdad. La batalla política tuvo consecuencias en el cuerpo de la Ley, obviando las cuestiones técnicas.
De hecho, la afirmación que relatan fuentes del entorno de Montero a THE OBJECTIVE se produce después de que la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, señalara este lunes en la cadena SER que tanto ella como Campo hicieron «observaciones» a la Ley Montero. «El ministro de Justicia, como juez, porque sigue siendo juez y magistrado del Tribunal Constitucional, hizo observaciones porque le correspondía. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera». Pero la respuesta de Montero fue que «se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto, como sigue creyendo» y que «se respetó la autonomía de la ministra cuando dijo: ‘Mi Ley es esta, en estas condiciones las quiero sacar, creo firmemente en mi Ley’» y que la decisión fue del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Montero cedió….
Sin embargo, no fue así. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la advertencia de Campo a Montero no cayó en saco roto y provocó que Montero aceptara una modificación al alza de las penas máximas para los delitos sexuales, respecto al plan inicialmente previsto. El entorno de Montero admite haber respondido a Campo: «Ministro, tienes toda la razón». Una pequeña cesión en aras de lograr un acuerdo en esa segunda vuelta de la Ley, desde la aprobación del anteproyecto a proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, el 6 de julio de 2021.
La pregunta es por qué no se elevaron también las penas mínimas que habrían evitado el goteo incesante de revisiones a la baja de más de 300 condenas y la excarcelación de más de 30 agresores sexuales. La respuesta que dan fuentes gubernamentales es: «No nos lo advirtieron. Nadie lo advirtió, ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial. Es más, el Consejo Fiscal nos llamó la atención porque quizá nos estábamos pasando de punitivas» porque «tampoco puede ser que se mande el mensaje de que apenas hay diferencia entre una agresión sexual y un asesinato».
…Y vuelve a ceder
Pese a todo, Igualdad sigue defendiendo que «la ley está bien hecha» y que es «una buena ley». Otra cosa es que se sienten a negociar nuevamente con el fin de «salvar al Gobierno de coalición». El departamento de Montero es escéptico con la posibilidad de llegar a un acuerdo porque, en estos tres meses de negociación desde la aplicación de la Ley en noviembre, «les hemos trasladado cuatro propuestas concretas concretas. Estamos cediendo por encima de nuestras posibilidades. Con la última que les hemos trasladado, tengo hasta mis propias reservas», admiten desde el citado Ministerio.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, las reservas radican en que Igualdad ha aceptado la propuesta de Justicia de elevar también las penas mínimas «solo para los casos especialmente graves» y que son los que se están viendo afectados por la grieta abierta con la nueva ley del solo sí es sí por la fusión de los delitos de abuso y violación. Sin embargo, el departamento de Montero presume de que su ley «eliminó las multas para los casos menores y los pasó a condenar penalmente. Donde antes había 18 meses o multa ahora hay de no a cinco años de condena y sacamos el consentimiento del foco para evitar revictimizar a la víctima y recuperar el calvario probatorio».
La línea roja de Podemos es que se vuelva al anterior modelo con dos cuadros penológicos distintos para los delitos sexuales con o sin intimidación y violencia, pero Irene Montero considera que esto no es asumible. «La violencia es un agravante que puede aplicar cualquier juez en una condena al sumar las penas del artículo 191 del Código Penal».
El fantasma de la ruptura
Sin embargo, en el Palacio de la Moncloa niegan tajantemente este extremo: «El Gobierno no se ha planteado en ningún momento tocar ni una coma en referencia al consentimiento». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró que se trata de «una reforma compleja» pero que «tenemos que conseguir» porque «la mejor manera de defender esta Ley es realizando los ajustes técnicos necesarios». Sin embargo, la ministra portavoz no aclaró cuáles serán y evitó arrojar luz sobre los plazos que maneja el Ejecutivo. Se limitó a defender que «estamos trabajando» en la confianza de que habrá un acuerdo.
Preguntada por THE OBJECTIVE por una posible fractura del Gobierno de coalición después de que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, descartara salir del Gobierno pero asegurara en el Congreso que el PSOE ha puesto en riesgo la unidad del Gobierno por ceder a las presiones de la derecha política, judicial y mediática», Rodríguez descartó una ruptura del Ejecutivo: «Estamos centrados en gobernar». Una escueta afirmación que deja muy atrás la elocuencia de hace meses cuando en Moncloa pregonaban el «buen estado de salud de la coalición y la firme voluntad de agotar unidos la legislatura».
El fantasma de la ruptura ha sobrevalado desde el sábado a la coalición, si bien fuentes del Ejecutivo insisten en que «no se van a ir» y «nosotros lo vamos a hacer, con o sin ellos». En el plano de la comunicación no verbal se percibe esta vez una tibieza de la órbita socialista del Gobierno, que destila fortaleza e impone condiciones a Podemos; y el ala morada de la coalición que desmiente con más convicción la posibilidad de quiebra de la coalición y se lamenta de estar cediendo frente al socio mayoritario. «Estamos trabajando para el acuerdo y por salvar el Gobierno de coalición», deslizan desde Podemos ante las posibles consecuencias de que el Gobierno pueda sacar adelante la proposición de ley con el PP y sin Podemos. La realidad es que ninguna de las dos partes confía en un acuerdo, pero se afana por demostrar su voluntad inquebrantable por lograrlo.
