El PSOE simplifica el caso Mediador hablando de "manzana podrida" mientras el PP acusa a Sánchez de intentar silenciarlo

Por el momento, ha habido trece detenidos, entre ellos el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que fue puesto en libertad

El PSOE ha iniciado la defensa legal de diputados señalados en el caso Mediador y mantiene que por el momento el único implicado es el exparlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, mientras que el PP ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones en el Congreso.

El tsunami político originado por el caso Mediador continúa con acusaciones cruzadas sobre corrupción entre el PP y el PSOE, al tiempo que se siguen conociendo más detalles del sumario que investiga una supuesta red de extorsión a empresas del ámbito ganadero, alimentario y otras actividades con epicentro en Canarias.

DIPUTADOS DEL PSOE ANUNCIAN ACCIONES LEGALES

Por el momento, ha habido trece detenidos, entre ellos el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que fue puesto en libertad con cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo criminal organizado, y su sobrino Taishet Fuentes (PSOE), que lo sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Pero en los medios están apareciendo nombres de diputados socialistas que podrían haber asistido a cenas celebradas en Madrid junto a Fuentes Curbelo y empresarios, parlamentarios que en algunos casos ya han anunciado acciones legales, como la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández.

«He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale», ha escrito en Twitter.

Otros diputados que han anunciado acciones legales, fundamentalmente por injurias y calumnias, son Javier Alfonso Cendón (León), Indalecio Gutiérrez (Almería), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Carrillo (Sevilla), Uxía Tizón (Orense) y Manuel Arribas (Ávila), aunque fuentes socialistas señalan a EFE que son más.

EL PSOE HABLA DE «UNA MANZANA PODRIDA»

El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha informado este jueves de que ha empezado a asistir legalmente a algunos de estos diputados señalados y asegura que se les vincula «con hechos que en absoluto se han producido».

Lo que está en entredicho no es sólo la posible implicación de más políticos en la trama corrupta, sino también la participación en fiestas donde había drogas y se contrataron servicios de prostitutas, según recoge el sumario del caso.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado que el PSOE ya «ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir» sobre el caso Mediador porque «cuando encuentra una manzana podrida la expulsa inmediatamente del cesto», algo que asegura que no hace el PP.

Para la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, existe una «maniobra deliberada de intentar dar vuelo» al denominado caso Mediador para «tapar» la «corrupción utilizando los poderes del Estado» del PP.

Y asegura que el PSOE «va a tener tolerancia cero con los casos de corrupción y va a condenar las conductas particulares de las personas que puedan tener cargos públicos que estén, por ejemplo, en la línea de la prostitución».

EL PP PIDE EXPLICACIONES A SÁNCHEZ EN EL CONGRESO

La derecha sigue aprovechando las circunstancias para meter presión al PSOE, donde es evidente la inquietud por este caso a menos de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar tapar el caso Mediador, que afirma que tiene «tal dimensión» que «se le puede llevar por delante».

Y ha recomendado a Sánchez que comparezca a petición propia en el Congreso para así evitar la comisión de investigación que el PP promueve en la Cámara Baja y que apoyarían socios parlamentarios del Gobierno.

CONTRATOS EN ENTREDICHO

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha ordenado abrir una investigación interna para estudiar los contactos mantenidos por la presunta trama con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que ella preside.

Lo ha hecho después de que la juez del caso le haya pedido detalles de cuatro contratos de los años 2020 y 2021, que suman 2.352.278 euros y tienen un nexo común: son suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África sobre los que planea la duda de si fueron amañados por el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, el único imputado que está en prisión.

Espinosa guardaba en su casa más de 61.000 euros en una caja de zapatos y en fajos de billetes enrollados en ropas.

La trama llegó «a su ocaso» en mayo de 2021, porque varios de los empresarios que se supone que pagaban sus fiestas y «peajes» comenzaron a recelar abiertamente de sus resultados, según consta en una conversación de esas fechas recogida por la Policía en uno de sus últimos informes a la juez. 

Fuente: EFE