El caos en las prisiones vascas no cesa: 60 trabajadores denuncian errores en sus nóminas
Distintos empleados denuncian haber percibido 300 euros menos de sueldo. La dirección se justifica en que el responsable encargado «está de baja»
El lehendakari, Iñigo Urkullu. | EP
El caos en las prisiones vascas no cesa. A los problemas organizativos y el colapso de presos en algunas cárceles se suma ahora un nuevo problema: impagos en las nóminas. Unos sesenta trabajadores, incorporados a la plantilla recientemente como funcionarios interinos, han denunciado ante la jefatura de personal de la administración penitenciaria decenas de errores en su atribución mensual de marzo.
Todos los empleados han percibido el mismo sueldo pese a que los trabajadores desempeñan distintos puestos y, por tanto, en algunos casos, deben percibir mayor retribución, según denuncian fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE. «Hemos cobrado todos 1.700 euros independientemente del puesto. Quienes trabajan en los módulos o en las áreas mixtas de las cárceles debían percibir 300 euros más que los trabajan en oficinas, pero no ha sido así. Hay un descontento generalizado», critican.
El departamento de Prisiones del Gobierno vasco se comprometió a abonar, en concepto de complemento personal transitorio (CPT), la cantidad de 300 euros a los interinos que trabajasen en «interior», esto es en las dependencias donde viven los presos; o en el área mixta, que engloba espacios como el economato, el comedor o mantenimiento. Un acuerdo que por ahora no se ha cumplido.
La sorpresa, no obstante, fue aún mayor cuando los trabajadores comunicaron el supuesto error a la jefatura de personal y exigieron una explicación. La razón que esgrimen desde la dirección es que el responsable encargado de gestionar las nóminas de interinos y, con ello, de adjuntar los complementos pertinentes «está de baja». Por lo que, según explican las fuentes consultadas, cobrarán lo adeudado con efecto retroactivo cuando el trabajador se incorpore a su puesto.
Discriminación
La situación que se vive en las prisiones dependientes del Gobierno vasco es insostenible, según denuncian distintos trabajadores. Por ejemplo, la prisión de Martutene, en San Sebastián, está al borde del colapso, en concreto, al 99% de su ocupación. Tal es la coyuntura, señalan las mismas fuentes, que en los módulos las celdas son compartidas hasta por cuatro presos. Todas las galerías del centro padecen el mismo problema salvo una, aquella en la que cumplen condena los presos etarras.
En este último caso, los reclusos todavía conservan habitaciones individuales, lo que ha puesto, en la práctica, un trato de favor hacia los internos de la extinta banda terrorista. «Aunque es cierto que los presos etarras tienen buen comportamiento, pues algunos incluso trabajan de ordenanza en la enfermería, la prisión está discriminando a los demás, y no son tontos, se quejan cada vez más», manifiestan desde este centro penitenciario.
Los problemas que padecen las tres cárceles vascas, Martutene, Zaballa y Basauri, según vienen denunciando los sindicatos, tienen el mismo origen: la gestión del Gobierno vasco desde que el Ejecutivo central les cediese la competencia penitenciaria en octubre de 2021. La propia responsable, Beatriz Artolazabal, llegó a admitir el año pasado que «carecían de la experiencia suficiente» sobre la administración de las prisiones. A juicio de las organizaciones sindicales, esa falta de conocimiento ha derivado en un modelo «que ofrece un servicio mucho peor del que había antes».
Más violencia en las prisiones
La falta de personal y el aumento de la conflictividad entre los presos, en cualquier caso, son las cuestiones más acuciantes. En la prisión de San Sebastián, según relatan los trabajadores, un tercio de los presos son jóvenes —la mayoría, de origen magrebí— que cumplen pena por haber atacado a otras personas. Lo que, por ende, ha disparado las agresiones en el centro penitenciario. Las peleas entre reos son prácticamente diarias. «Son chavales que apenas han superado la mayoría de edad y no tienen respeto por nada. Se llevan mal con muchos compañeros», señalan.
«El problema de Martutene es que se trata de una prisión abierta. No hay módulos de aislamiento —esto es, para internos peligrosos o que no se adaptan a la prisión— y, ante las agresiones o las peleas que se pueden producir, no estamos preparados. Necesitamos celdas de primer grado», denuncian. En diciembre, según denunciaron los sindicatos, se multiplicaron las agresiones a funcionarios, las amenazas de muerte y hubo dos casos de sobredosis en internos.
El déficit de trabajadores también contribuye a que la prevención de estos episodios falle, apuntan las mismas fuentes. «El caos es tal que ahora que han llegado los interinos. Han metido a cinco en mantenimiento, cuando antes eran dos, mientras en los módulos no damos abasto. Le dijimos a la directora que repartiese un poco, pero nos dijo que no podía hacer nada porque los puestos estaban ya asignados en el concurso previo», revelan funcionarios de Martutene. «Su política es la de dar buena imagen, pero la realidad es que es cero funcional», añaden.
