La exigencia lingüística deja a Cataluña como una de las regiones con más déficit de sanitarios
Los sindicatos estiman que faltan unos 800 médicos en Atención Primaria y unas 22.000 enfermeras. También es la comunidad con más lista de espera
Consejero de Salud de Cataluña, Manel Balcells. | EP
La imposición del catalán llega también a la sanidad pública. Inmersos en pleno proceso judicial por el incumplimiento del 25% de castellano en las escuelas catalanas, se abre otra guerra lingüística, ahora, en el sector sanitario.
En la última convocatoria de plazas del proceso de estabilización y reducción de la temporalidad del personal del Instituto Catalán de la Salud (ICS), se establece el catalán como requisito indispensable para optar a una de las 12.480 ofertas para facultativos. Una condición muy criticada ya que «impide» a cualquier ciudadano español que no tenga el nivel de conocimiento exigido de este idioma optar a una de estas plazas, quedando por tanto excluido automáticamente del proceso.
Todo esto tiene lugar en un momento en el que Cataluña necesita más sanitarios que nunca al ser una de las comunidades con más déficit de médicos y enfermeros, 800 y 22.000, respectivamente, según sindicatos médicos. Además, encabeza la lista de espera para cirugía con 154 días de media.
«El puto C1 de catalán»
El 30 de diciembre de 2022, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicaba la Resolución SLT/4154/2022 –pendiente desde 2017– por la cual se iniciaba el proceso de estabilización de plantilla del Instituto Catalán de la Salud (ICS) mediante concurso de méritos y de oposición en diferentes categorías para proveer plazas básicas del Instituto Catalán de la Salud. En dichas convocatorias se establece como requisito excluyente para participar el acreditar un nivel de catalán (que se fija de manera individual para cada categoría).
Según el texto, es imperante el C1 para titulados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Odontología o técnicos administrativos; mientras que es obligatorio el B2 para técnicos especialistas de grado superior sanitario en dietética, técnicos en documentación sanitaria o técnicos especialistas en higiene bucodental. En caso de no disponer de la titulación acreditativa, explica el texto, se deberá realizar un examen eliminatorio previo de catalán.
Y aquí la polémica que volvía a estallar estos días. Todo ocurría tras el juicio de una enfermera del hospital Vall d’Hebron de Barcelona que criticaba la exigencia del catalán para poder concursar a una plaza pública. La joven, natural de Cádiz y a la que se le ha abierto un expediente por parte de la Generalitat, ha tenido que solicitar la baja laboral por las «amenazas recibidas». «Desde el centro hasta el Departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión», ha advertido incluso el consejero de Salud, Manel Balcells.
Déficit de 800 médicos y 22.000 enfermeras
Sin embargo, lo cierto, denuncian varias asociaciones y plataformas, es que este requerimiento «impide» que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido pueda participar en el proceso selectivo.
Algo que ha desatado una ola de crispación al considerarse un «requisito excluyente» y «discriminatorio» en plena «agonía» del sector sanitario catalán que reclama médicos especialistas. Y es que Cataluña es una de las comunidades autónomas donde se registra una mayor carencia de profesionales sanitarios. Los sindicatos estiman que faltan unos 800 médicos en Atención Primaria y unas 22.000 enfermeras. Además, es una de las regiones con menos médicos por millar de ciudadanos: 0,73, frente a los 1,1 de Castilla y León, los 0,94 de Extremadura o los 0,88 de Aragón, por ejemplo.
En cuanto a los ratios de enfermeras, también presenta una de las cifras más bajas: con 0,68 por cada 1.000 habitantes. Según los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, La Rioja (0,97), Castilla y León (0,89) y Extremadura (0,89) son las comunidades con mejores datos, aunque no llegan ni a un enfermero por 1.000 ciudadanos.
Con toda esta situación, Cataluña encabeza la lista de espera para cirugía con 154 días de media, según se desprende de la Memoria Anual 2022 del Defensor del Paciente con datos del Ministerio de Sanidad. Así, mientras que los catalanes son los ciudadanos que más tiempo aguardan, con una media de cinco meses, para ser intervenidos, los vascos esperan 64 días, es decir, cuatro meses menos. En segundo lugar, estaría la Comunidad de Madrid en cuanto a demora –65 días– y en tercera posición Navarra –72–.
De esta forma, Cataluña es la región con más pacientes esperando una intervención quirúrgica, 165.552, por delante de Andalucía y Madrid, con 136.613 y 71.997, respectivamente; mientras que Navarra es la que menos, con 6.641.
Barrera idiomática
La decisión de poner este requisito lingüístico llama la atención teniendo en cuenta el déficit estructural de personal sanitario en la comunidad de Pere Aragonès, que cada año debe recurrir a otras regiones, sobre todo Andalucía, para suplir contratos temporales. De las 1.640 enfermeras que se colegiaron en 2022 en Barcelona, 297 (un 18%) provenían de fuera de Cataluña, según datos del Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona (COIB).
Desde las plataformas Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español, que como contó THE OBJECTIVE, han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud por el «abusivo» requisito del catalán en las oposiciones, señalan que los trabajadores en activo han demostrado «su plena capacidad para desarrollar su labor», por lo que denuncian que se encuentran «con una injusta y arbitraria barrera idiomática para poder estabilizar su plaza».
«El nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria es desproporcionado y está totalmente injustificado, habiéndose adjudicado por mero automatismo. Se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán», defienden, y abogan por acabar con una barrera idiomática que «infringe», en su opinión, la Constitución Española al ir en contra del «derecho a la igualdad en el acceso a la función pública».
