¡Que sí!: el Gobierno les espió por intentar independizarse
La mujer de Otegi descubrió espías en su casa y no montaron este paripé
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. | Europa Press
Estamos asistiendo, y esta semana que está acabando ha sido una muestra de ello, a un espectáculo vergonzoso sobre el espionaje ejecutado en teléfonos móviles con el virus Pegasus. Me hubiera encantado que alguien del Gobierno saliera a explicar algo que no es un teorema matemático irresoluble. Simplemente la realidad: el Ejecutivo ordenó al CNI que les facilitara información sobre las maniobras de grupos independentistas para intentar separar Cataluña de España.
Unos podrán estar de acuerdo en ese objetivo político y otros considerarlo deleznable. Pero ambas partes saben que esa es la realidad. Los contrarios a la independencia, tanto el anterior gobierno del Partido Popular como el actual del PSOE, han utilizado los medios a su alcance para evitar que los grupos catalanes consiguieran un objetivo vetado por la Constitución. Los independentistas, por el contrario, están en la batalla de intentar demostrar que sus actuaciones políticas –mantienen que no han hecho nada perseguible- no justifican la invasión de sus teléfonos con un virus producido por una empresa israelí que solo lo vende con la autorización previa de su Ministerio de Defensa.
Pleitear en los juzgados o calentar la presencia de una comisión de la UE que busca información en España solo sirve para hacer política victimista de cara a las elecciones municipales de mayo o a las generales de final de año. Pueden entrar en bucle y manipular a alguna gente, pero la realidad es que el CNI metió los virus en los móviles de un grupo de independentistas catalanes y vascos sospechosos de impulsar acciones ilegales. El trabajo de los servicios de inteligencia no es la persecución de delitos que se están cometiendo, para eso está la Policía o la Guardia Civil, sino la investigación de grupos que podrían llegar a cometerlos. Su misión es, por poner un ejemplo, controlar a los musulmanes más radicales que se asocian y siguen páginas radicales yihadistas, y detectarlos cuando empiezan a hablar de planificar atentados. En ese momento, los que intervienen son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Lo que estoy contando lo saben perfectamente los grupos independentistas catalanes y vascos, porque han detectado espionajes estilo Pegasus en numerosas ocasiones durante los últimos 40 años y lo han denunciado públicamente. Que se lo pregunten a Arnaldo Otegi, que hasta su mujer descubrió que unos técnicos de una compañía telefónica que aparecieron por su casa eran en realidad agentes del servicio secreto. O la Generalitat en tiempo de Jordi Pujol, que descubrió a un mando de los Mossos d’Esquadra entregando información confidencial al mismo servicio secreto del Estado. Es verdad que en aquella época, el presidente Felipe González no quería que espiaran a Pujol y ahora el presidente Pedro Sánchez no consta que dijera nada respecto a Pere Aragonès.
Los independentistas catalanes se sienten crecidos en este tema porque la coyuntura política ahora mismo les es favorable. Cuando se descubrieron los pinchazos, Sánchez necesitaba contar con su apoyo para gobernar, lo que les permitió echarle un órdago ganador. El presidente entregó a Pere Aragonès la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, alegando falsamente que no había protegido los móviles del gobierno frente a un ataque también con Pegasus procedente de Marruecos. Esteban seguía los pasos de otros directores de su servicio pillados con el carrito del helado pero, a diferencia de ellos, ella actuó respetando escrupulosamente la legalidad. Algo que molesta obviamente a los independentistas: un magistrado del Tribunal Supremo autorizó cada una de las 18 intervenciones telefónicas del servicio de inteligencia sobre ellos.
Algo de lo que no hay constancia que hiciera cuando hace 17 años, tras el atentado contra la T4 de Barajas, el CNI metió sus micrófonos en ordenadores y teléfonos de numerosos miembros de ETA. Gracias a ello, aceleraron el final de la banda terrorista sin que fueran capaces de saber por qué las policías francesa y española sabían en cada momento dónde estaban y que estaban tramando.
En este sinsentido en que se ha convertido la investigación sobre Pegasus hay que sumar dos elementos. El primero es que NSO, la empresa israelí fabricante de Pegasus, amparada por su Gobierno, ya ha dejado claro que no va a responder a ningún requerimiento judicial. Y la segunda, que dentro de tanta simulación de tremendo enfado, alguien podía cabrearse un poco de verdad y pedir explicaciones a las autoridades de Marruecos sobre el espionaje al que sometieron a miembros del Gobierno español. O, al menos, que hagan como el presidente Macron y se nieguen a tratar con el rey Mohamed y sus hombres de confianza.
