Cien funcionarios de prisiones acudirán a los tribunales para forzar su salida del País Vasco

Un centenar de funcionarios de prisiones acudirá a los tribunales para forzar su salida del sistema penitenciario vasco. Lo harán, según explican a este periódico, movidos por la imposibilidad legal de acogerse al último concurso de traslados que ha publicado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, que prohíbe presentarse al mismo a aquellos trabajadores que no han cumplido al menos dos años en su actual puesto de trabajo.

Estos funcionarios, procedentes de otras comunidades autónomas, maniobran para dejar las prisiones vascas desde que accedieron a sus plazas, en octubre de 2021, cuando se materializó la transferencia de la competencia penitenciaria al País Vasco, y en febrero de 2022. Atraídos por la mejores en las condiciones laborales y salariales, se postularon para trabajar en las cárceles gestionadas por el Gobierno de Urkullu. Una vez allí, sin embargo, la realidad fue completamente distinta. 

Durante los primeros meses, se encontraron con menos vacaciones, libranzas y sueldos de hasta 400 euros más bajos, pese a que realizaban la mismas funciones y turnos que sus compañeros. Una discriminación laboral que llevaron ante los tribunales. El departamento vasco de Prisiones subsanó tiempo después esa diferencia salarial, pero entonces medio centenar de trabajadores denunció que no había percibido las pagas extra de junio, un problema que muchos de ellos todavía no han visto solucionado.

Caos en las prisiones

Al mismo tiempo, estos trabajadores, al igual que el resto de funcionarios de prisiones, han denunciado en varias ocasiones el «caos» en el que se ha visto envuelto el sistema vasco desde que lo gestiona el Ejecutivo autonómico. La propia responsable, la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, llegó a admitir el año pasado que «carecían de la experiencia suficiente» sobre la administración de las prisiones. A juicio de las organizaciones sindicales, esa falta de conocimiento ha derivado en un modelo «que ofrece un servicio mucho peor del que había antes».

La falta de personal y el aumento de la conflictividad entre los presos, en cualquier caso, son las cuestiones más acuciantes. En la prisión de San Sebastián, según relatan los trabajadores, un tercio de los presos son jóvenes —la mayoría, de origen magrebí— que cumplen pena por haber atacado a otras personas. Lo que, por ende, ha disparado las agresiones en el centro penitenciario. Las peleas entre reos son prácticamente diarias. «Son chavales que apenas han superado la mayoría de edad y no tienen respeto por nada. Se llevan mal con muchos compañeros», señalan.  

Estrategia legal

De modo que, ante este escenario, y una vez el Ministerio del Interior les impide salir del modelo vasco, los funcionarios han decidido forzar su traslado en los tribunales. Según revelan fuentes penitenciarias, estos trabajadores se inscribirán de igual forma en el concurso de traslados a través de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Y una vez sean rechazados, recurrirán dicha resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo esgrimiendo la situación a la que se han visto expuestos en las cárceles. 

«El descontento que hay es mayúsculo. El 90% de los funcionarios que hemos llegado en los últimos dos años queremos irnos. Dejando a un lado la discriminación que hemos sufrido, quedándonos aquí es muy difícil, además, ascender a otros puestos. La exigencia más importante en esta comunidad autónoma es tener un C1 —título superior de idioma— de vasco, incluso más que tener otros méritos como experiencia o formación», denuncian estos trabajadores. 

Interinos

Por otro lado, unos sesenta trabajadores, incorporados a la plantilla recientemente como funcionarios interinos, han denunciado ante la jefatura de personal de la administración penitenciaria decenas de errores en su atribución mensual de marzo. Todos los empleados han percibido el mismo sueldo pese a que los trabajadores desempeñan distintos puestos y, por tanto, en algunos casos, deben percibir mayor retribución.

 «Hemos cobrado todos 1.700 euros independientemente del puesto. Quienes trabajan en los módulos o en las áreas mixtas de las cárceles debían percibir 300 euros más que los trabajan en oficinas, pero no ha sido así. Hay un descontento generalizado», critican, en conversación con este periódico.

El departamento de Prisiones del Gobierno vasco se comprometió a abonar, en concepto de complemento personal transitorio (CPT), la cantidad de 300 euros a los empleados que trabajasen en «interior», esto es, en las dependencias donde viven los presos; o en el área mixta, que engloba espacios como el economato, el comedor o mantenimiento. Un acuerdo que por ahora no se ha cumplido.

La sorpresa, no obstante, fue aún mayor cuando los trabajadores comunicaron el supuesto error a la jefatura de personal y exigieron una explicación. La razón que esgrimen desde la dirección es que el responsable encargado de gestionar las nóminas de interinos y, con ello, de adjuntar los complementos pertinentes «está de baja». Por lo que, según explican las fuentes consultadas, cobrarán lo adeudado con efecto retroactivo cuando el trabajador se incorpore a su puesto.