Decálogo para acabar con la marginación del español en Cataluña

La imposición de una lengua regional en la escuela pública a niños que tienen el español como lengua materna (la mal llamada inmersión lingüística) es un grave problema, por decirlo de una manera suave, desde hace tiempo en la España de hoy, especialmente en Cataluña. Como ya ha quedado claro por diversas investigaciones independientes, puesto que las administraciones públicas siempre se han negado a entrar en ese jardín, es causa de un menor rendimiento escolar en los alumnos inmersionados en comparación -a igualdad de características personales, socioculturales y económicas- con sus compañeros de lengua materna catalana.

Implica también un aumento del fracaso escolar y un menor grado de integración e identificación de los alumnos con su escuela, lo cual se acaba traduciendo en una elevada tasa de abandono de los estudios. La imposición de la lengua regional supone, pues, una violación de los derechos cívicos de la mayor parte del alumnado, en las edades de mayor vulnerabilidad, con una consecuencia especialmente grave: bloqueo del ascensor social para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Además de delirante e injusta, la inmersión obligatoria en una lengua regional es algo absolutamente ilegal. De manera que la llave para enmendar este entuerto la tiene, desde luego, la administración estatal. Pero el Ministerio de Educación, ya sea con ministros del PSOE o del PP, siempre se ha lavado las manos ante las arbitrariedades de la Generalidad, la cual, por su parte, se salta a la torera sistemáticamente todas las normativas estatales que no le gustan, incluyendo las sentencias judiciales desfavorables a la imposición lingüística. Algo inaudito en cualquier país no ya democrático, sino con un Estado que pretenda hacerse respetar mínimamente.

Nuestra vecina Francia, sin ir más lejos, ha cortado en seco los intentos promovidos por nuestros separatistas catalanes para relegar la lengua francesa en la administración municipal de los Pirineos Orientales. Algo de una gravedad objetiva muy inferior a los hechos que se perpetran sistemáticamente en la Cataluña española.

Esta es la realidad que tenemos, y es preciso hallar una salida entre la pusilanimidad del Gobierno de España y la desvergüenza de la Generalidad. Y una solución podría consistir en intentar abrir una brecha desde el nivel municipal, pues las mayores poblaciones catalanas disponen de una red más o menos amplia de centros de titularidad municipal, especialmente escuelas de educación infantil (cero a seis años), la etapa donde más importante resulta respetar la lengua materna por estar fijándose en la mente del niño.

«Las cuatro mayores ciudades de Cataluña albergan a una población mayoritariamente castellanohablante»

Si nos limitamos a las cuatro ciudades más pobladas de Cataluña, los datos son significativos. Tarrasa (216.000 habitantes) dispone de 11 escuelas infantiles de titularidad municipal. Badalona (224.000 habitantes) tiene cinco. Hospitalet (266.000 habitantes) seis, además de una escuela municipal de música y una amplia oferta de Formación Profesional por parte de su Ayuntamiento.

Pero es la ciudad de Barcelona (1.640.000 habitantes) la que ofrece una mayor y más variada oferta, en lo que se refiere a centros de titularidad municipal, a través de su Instituto Municipal de Educación (IMEB). El Ayuntamiento de la Ciudad Condal dispone de una reconocida red de centros educativos municipales formada por 103 escuelas de Educación Infantil, cinco escuelas de música, el Conservatorio Municipal de Música, la Escuela Municipal de Segundas Oportunidades, así como 13 escuelas de primaria, nueve institutos de Educación Secundaria y Bachillerato, cuatro centros de educación especial, dos centros de enseñanzas artísticas y dos centros de educación de personas adultas.

Hay muchas otras ciudades catalanas con una red de escuelas infantiles municipales. Santa Coloma de Gramanet (120.000 habitantes), la novena ciudad más poblada de Cataluña, con un amplísimo porcentaje de ciudadanos de origen andaluz, dispone de ocho escuelas infantiles de titularidad municipal. Pero aun si sólo nos ceñimos a las cuatro mayores ciudades, los municipios citados albergan 2.350.000 personas, más del 30% de la población, uno de cada tres catalanes. Población, además, mayoritariamente castellanohablante y que sabría compensar con su voto la devolución de sus derechos cívicos por parte de los partidos constitucionalistas que fueran capaces de plantear la batalla de los centros municipales, como prolegómeno a un cambio para toda la educación pública.

Diez medidas

Pues, con vistas a ir horadando la injusta y nociva imposición generalizada de la lengua regional, hay una serie de medidas que podrían aplicarse desde los ayuntamientos, sin ningún problema de tipo técnico o legal. Es una simple cuestión de voluntad política a partir de las mayorías suficientes. Y no solamente en Cataluña, en el resto de comunidades bilingües también existen redes de escuelas municipales susceptibles de ser utilizadas como arma en defensa de los derechos ciudadanos en el ambiente hostil creado por los gobiernos autonómicos.

En el País Vasco hay trece municipios que cuentan con 18 escuelas infantiles de su titularidad. Y en Galicia sucede lo mismo en las mayores ciudades: nueve escuelas municipales en Vigo, ocho en La Coruña, etc. Son cifras muy por debajo de la ciudad de Barcelona, donde habría que dar principalmente la batalla, pero suficientes para iniciar una actividad guerrillera de incordio constante a la imposición de lenguas regionales, por parte de los gobiernos autonómicos controlados por los separatistas, en su objetivo de desarticular la nación española sin reparar en costes sociales. Para combatir este perverso designio proponemos diez medidas.

1. Los ayuntamientos deben impulsar el crecimiento de su propia red de centros escolares, si fuera posible en todos los niveles de la enseñanza preuniversitaria, no limitándose a la Enseñanza Infantil. En el caso de la ciudad de Barcelona, en línea con su Carta Municipal, a través del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), que recuperaría la gestión exclusiva de los centros cedidos al Consorci d’Educació, participado por la Generalitat.
2. La gestión de los centros municipales se realizará en todo momento con escrupuloso respeto a lo prescrito en la Constitución y las sentencias judiciales para todos aquellos aspectos relacionados con la lengua de enseñanza. Pues, como ha señalado el inspector de educación Jesús Rul, tras el análisis de la jurisprudencia, incluyendo las últimas sentencias del TSJC, se desprende que, por encima de la normativa de rango inferior, rige directamente la Constitución, garante de los   derechos lingüísticos vulnerados por la administración catalana. Y la justicia lo ha reconocido así ante demandas concretas de los ciudadanos.
3. En las escuelas de educación infantil (cero a seis años) se impartirán todas las actividades educativas en la lengua oficial materna del alumno, sea esta el castellano o el catalán. A partir del quinto año se introducirá la otra lengua cooficial.
4. Las familias de los alumnos de preescolar cuya lengua materna no sea ni el castellano ni el catalán podrán elegir libremente la lengua cooficial en que se educa a sus hijos. Los ayuntamientos contratarán personal docente suplementario que pueda utilizar la lengua materna de estos alumnos en algunas actividades escolares específicamente dirigidas a ellos, a fin de que tenga una presencia adecuada en esta etapa y facilite la integración en el sistema educativo.
5. Todas las escuelas municipales, a partir de la etapa de Primaria, impartirán un número sustancial de materias principales en lengua española, en equilibrio con el catalán.
6. Las familias escogerán libremente la lengua cooficial que deseen para sus relaciones con el centro educativo. Ambas lenguas cooficiales serán de uso normal en todas las actividades y comunicaciones, orales o escritas, de los centros municipales.
7. Todos los contenidos y materiales escolares utilizados en los centros municipales estarán en completa sintonía con la legalidad constitucional vigente, excluyendo cualquier adoctrinamiento político-ideológico de carácter partidista, así como discriminaciones por razón de lengua y origen geográfico o social.
8. La neutralidad ideológica en los centros municipales será de obligada aplicación para todo el personal docente, así como de administración y servicios.
9. Los Ayuntamientos se comprometerán con una política lingüística respetuosa de la plural realidad sociológica, utilizando las dos lenguas cooficiales en igualdad de condiciones para todas las actividades y comunicaciones, así como para la rotulación pública.
10. Se respetará la opción lingüística que los ciudadanos escojan libremente para sus relaciones con la Administración municipal y sus centros de enseñanza.

En definitiva, los partidos constitucionales tienen el deber de revertir la actual situación discriminatoria comprometiéndose en los municipios con escuelas municipales, y singularmente en Barcelona (única ciudad que dispone de centros propios en todas las etapas de la enseñanza preuniversitaria), a que el español sea lengua vehicular y de aprendizaje, en línea con las propuestas esbozadas anteriormente. Así mismo, deben comprometerse públicamente a no apoyar ningún pacto de gobierno que excluya estas condiciones básicas.

Unos días antes de las elecciones habrá que volver sobre el tema para constatar el grado de compromiso de dichas fuerzas políticas.

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Francisco Oya