Interior gasta 77 millones en vigilancia privada en las prisiones pese a su promesa de eliminarla
El Gobierno se comprometió a reducir progresivamente la presencia de los vigilantes en favor de Guardia Civil y Policía
Un furgón de la Guardia Civil en el perimetro exterior de una cárcel. | EP
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska retrasa de nuevo la eliminación de la seguridad privada en el exterior de las prisiones que dependen de la Administración. Pese a que la idea defendida por el Gobierno era eliminar progresivamente los puestos que ahora ocupan vigilantes de distintas empresas en favor de las fuerzas de seguridad del Estado, encargadas de este trabajo, el Ministerio del Interior ha habilitado otra partida presupuestaria de 77 millones de euros para contratar durante los dos próximos años estos servicios de apoyo.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de empresas privadas para reforzar la vigilancia perimetral de las 68 prisiones que dependen de Interior —Cataluña y País Vasco tienen transferida la competencia—. Un trámite necesario puesto que se trata de una licitación para el próximo ejercicio presupuestario, a partir del 15 de marzo de 2014, cuando termina el actual contrato, y con opción de prorrogarlo otro año en 2015 por otros 12 millones.
Se trata de la tercera vez que el actual Gobierno acuerda licitar la renovación de un contrato por el que, desde 2014, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Entonces, gobernaba el PP y Jorge Fernández Díaz estaba al frente de Interior. Este departamento justificó la medida hace diez años para dar una salida laboral a los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia de la banda terrorista ETA; así como una fórmula de ahorro económico y de destinar a los agentes principalmente a funciones operativas.
Déficit de agentes
Frente a esto, cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018, el objetivo de Pedro Sánchez era volver a la situación anterior, es decir que la vigilancia exterior de las prisiones fuese una labor exclusiva de guardias civiles y policías. Cuando tuvo opción de materializar ese cambio por primera vez en 2019, sin embargo, Interior argumentó que el déficit de 12.000 agentes que existía en ambos cuerpos no lo permitía. Razón por la que querían revertir la situación con nuevas ofertas de empleo, hasta conseguir el número suficiente de funcionarios policiales.
Cuatro años después y tal como se comprometió el departamento de Grande-Marlaska, las plantillas policiales están en máximos históricos. No obstante, el Ejecutivo ha vuelto a renovar el contrato por el que unos 1.000 vigilantes de empresas privadas realizan tareas de control desde puestos fijos o en el acceso a los centros penitenciarios. THE OBJECTIVE ha preguntado al Ministerio del Interior por qué se ha aprobado esta licitación y si sigue comprometido con la eliminación de la seguridad privada, pero no ha recibido recibido respuesta.
En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 1.966 agentes del Instituto Armado, con un total de 170 vacantes sin cubrir, según reza una resolución de la Dirección General, fechada el pasado 24 de marzo, a la que ha tenido acceso este periódico. Por otro lado, la Policía Nacional tiene unos 200. Además de estos últimos, son en torno a 23.000 los funcionarios de prisiones los que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios, aunque estos trabajadores no tienen estatus de agentes de autoridad.
«Es una vergüenza»
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califican de «escándalo» y «vergüenza» la partida presupuestaria de Interior para la vigilancia perimetral de las prisiones cuando los agentes del Instituto Armado «siguen sin medios ni personal para realizar esas tareas». «Si quieren contratar a vigilantes que sea cuando los guardias civiles pueden realizar su trabajo en perfectas condiciones. Las instalaciones están deterioradas. Se tienen que rehabilitar los perímetros exteriores, poner cámaras de seguridad… y los agentes continúan con turnos obsoletos», denuncia Pedro Carmona, portavoz de la AUGC.
En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Consejo de la Policía, también está en contra de la decisión del Ministerio. «El presupuesto tiene que ir destinado primero a dotar de medios humanos y técnicos a los agentes, un problema que tienen tanto policías como guardias civiles», critican.
