Reforma del CNI: el PNV va por buen camino, pero Junts no
Los nacionalistas vascos proponen que los espías dependan del presidente y controlarles de verdad en el Parlamento
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. | Europa Press
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lleva 40 años mostrando un gran interés en el Parlamento por controlar las actuaciones del servicio de inteligencia —antes Cesid, ahora CNI—. Tienen varias motivaciones, una de ellas fundamental: durante el último siglo siempre han sentido el aliento de los espías en el cogote. Y la historia demuestra que en la mayor parte de los casos tenían razón.
En los años ochenta, Iñaki Anasagasti apareció en todos los fregados en los que estaba metido el servicio secreto. Su jefe en el partido, Xabier Arzalluz, y otros dirigentes importantes, mantenían contactos permanentes con personas próximas a ETA y a la izquierda abertzale. El Estado no se fiaba de los nacionalistas vascos y los espías les controlaban casi tanto como a los grupos políticos que, dentro o fuera de la ley, respaldaban las acciones criminales de la organización terrorista.
Arzalluz les daba caña siempre que aparecía en prensa alguna información sobre el espionaje y Anasagasti se unía al diputado comunista Antonio Romero para buscar el camino que permitiera poner límite al descontrol del servicio: no los controlaba el Congreso, ni los jueces, ni el Tribunal de Cuentas, casi ni los medios de comunicación. Por no controlarlos, parecía que no lo hacía ni el propio Gobierno.
Los escándalos de los años 90 con el espionaje indiscriminado a personajes públicos, empezando por el Rey, la vinculación con el terrorismo de los GAL o el descubrimiento de pinchazos telefónicos en la sede de Herri Batasuna en Vitoria siendo un partido legal, facilitaron la colocación de diques para conseguir que no funcionaran a su bola.
En mayo del 2002, el Gobierno del presidente José María Aznar llevó a cabo la reforma tantas veces demandada. Sustituyó el Cesid por el CNI y estableció un claro control judicial por parte de un magistrado del Tribunal Supremo, otro por parte del Congreso de los Diputados y ratificó el del Gobierno. Sobre el control de la prensa, que nunca han aceptado, lo que hicieron fue perjudicarlo: añadieron más sanciones a los filtradores de información y a los que las publicaran.
La reforma la dirigió el primer director civil del servicio, Jorge Dezcallar, aunque los que llevábamos unos años siguiendo el tema vimos en aquel momento el resultado del esfuerzo de esos diputados con los que habíamos llevado a cabo tantas denuncias sobre comportamientos fuera de la ley.
Aitor Esteban sabe lo que propone
Esto ocurrió hace 21 años. Desde entonces la situación ha cambiado. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, conoce el tema tan bien como Anasagasti y lleva tiempo impulsando nuevas reformas, partiendo de la misma sospecha permanente: el servicio secreto les tiene monitorizados y se mete en terrenos donde ellos piensan que no debería estar.
Ahora mismo, de cara a la elección de un nuevo presidente del Gobierno, coindicen con Junts per Catalunya en defender la necesidad de cambiar el funcionamiento del servicio, aunque los catalanes, en general, nunca han sido tan críticos. CIU, que se pasó muchísimos años como socio del gobierno, ya fuera socialista o popular, limitaba sus críticas para evitar enfrentamientos con sus socios, a pesar de saber que el servicio también controlaba sus actuaciones. Desde que empezaron la lucha abierta por la independencia, han cargado las tintas en contra de los espías, la línea de defensa del Estado para frenar sus pretensiones.
En Junts no fundamentan sus propuestas de reforma con tanto bagaje como el PNV. Esteban marca claramente cuatro líneas de actuación para modificar lo que considera legislación obsoleta: aumentar y mejorar los controles judiciales —tres magistrados en lugar de uno, decisiones por unanimidad y que reciban información de los medios que van a utilizar—, que tengan que dar cuenta a posteriori de sus actuaciones, que dependan del presidente del Gobierno —ahora lo hacen de la ministra de Defensa— y mejorar su control parlamentario.
La dependencia del presidente es algo normalizado en otros países, aunque los gobernantes tienden a hacerlos depender de un escalón inferior para evitar que un escándalo los obligue a ellos a dimitir. Que hay que mejorar su control parlamentario es evidente, clamoroso. Aún más: actualmente ese control, que pasa por la comparecencia anual de la directora, es inexistente.
Lo del control judicial posiblemente se pueda mejorar. Esteban, un gran parlamentario, sabe que la medida que propone trata de evitar que los nacionalismos vuelvan a ser espiados, pero acabaría con el trabajo de los espías en defensa de la Constitución. Todo es posible, pero a corto plazo el Estado no cederá. Y luego está la propuesta imposible: los altos mandos del CNI nunca contarán las operaciones realizadas, va contra la misma esencia del espionaje. No se hace en ningún país del mundo, tampoco en España. Y Esteban lo sabe.
