El Gobierno admite que no hace seguimiento de las multas e incumplimientos de la normativa UE
Exteriores reconoce que no hay documentos formales. Italia notifica a sus Cámaras cada trimestre todos los datos
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. | Europa Press
España acumula 177 advertencias por incumplimientos en la transposición de las normativa UE. Estas irregularidades, debidas a errores en algunos casos y desidia en otros, derivan en ocasiones en multas millonarias. Pese a la importancia que supone trasladar a las legislaciones nacionales la normativa comunitaria, que dota de mayores derechos a los ciudadanos, España está a la cola de la Unión Europea. Solo Italia y Grecia tienen más expedientes abiertos.
Además, a diferencia de otros países, España no informa regularmente de los avisos de infracción ni de las sanciones. Tampoco lo notifica al Congreso, el poder legislativo. De estos incumplimientos dan cuenta las respuestas sobre el asuntos de los responsables del Ejecutivo a través del Portal de Transparencia a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El pasado agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en una respuesta a través de Transparencia al abogado Isaac Ibáñez, aseguraba que no «constan documentos formales» sobre el estado de la transposición de las directivas de la UE y sobre el cumplimiento de las sentencias del TJUE o de los procedimientos de infracción».
Ibáñez, que ha llevado ante la Comisión Europea procedimientos de infracción del Derecho comunitario, que han supuesto la modificación de leyes y prácticas administrativas nacionales, destaca a THE OBJECTIVE, que países como Italia si realizan una importante labor de transparencia. El Ministerio de Exteriores italiano envía cada tres meses a las Cámaras, al Tribunal de Cuentas y a las regiones un informe desglosado.
Italia y la normativa UE
En este documento incluye entre otros asuntos las sentencias del TJUE que afectan a Italia, los procedimientos de infracción iniciados contra Italia y los procesos de investigación de la Comisión en contra del país. Además, su Ministerio de Hacienda informa cada seis meses al Parlamento y al Tribunal de Cuentas sobre las consecuencias financieras de los procedimientos abiertos.
Sin embargo, España, que en febrero de 2021 fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a pagar dos multas considerables por no trasponer una Directiva Europea sobre protección de datos personales a la normativa española, no elabora informes, o al menos no los da conocer al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. En aquella ocasión, nuestro país fue condenado al pago de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros. El procedimiento se cerró en febrero de 2022.
Exteriores remite en su respuesta en el Portal de Transparencia a una web de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de las sentencias del TJUE y de los procedimientos de infracción. Lo hace porque según reconoce no hay un informe como el solicitado. También remite al portal de Política Territorial en el que el último documento que se incluye es de 2021.
El abogado también ha mandado un carta directamente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitado informes adecuados y periódicos sobre este transcendental asunto. Recuerda Ibáñez que solo se elaboró un estudio en una ocasión. Fue en 2012 a raíz de una iniciativa parlamentaria de Unión Progreso y Democracia (UPyD). La formación instaba al Ejecutivo a elaborar en el plazo de tres meses un informe sobre Tipología de las infracciones, organismo o administración responsable del incumplimiento, alegaciones presentadas y resolución final de las mismas.
Expedientes y sanciones
Los 27 países comunitarios, más Reino Unido, acumulan 2.942 procesos de infracción abiertos. La media es de 105, 72 menos que España, que tiene 177. Entre los países especialmente cumplidores están Lituania, Dinamarca, Estonia y Finlandia. En el otro extremo se encuentran Grecia (189), Italia (184) y nuestro país. A pesar de que las multas tardan tiempo en llegar, estas no son infrecuentes y España lo sabe bien.
Nuestro país acumula desde 2010 casi 3.000 procesos de infracción, de los que 2.780 están cerrados. Sin embargo, tiene abiertos 11 procedimientos en los que la Comisión ha decidido denunciar a nuestro país ante el TJUE. De estos, nueve tienen que ver con leyes sobre el medio ambiente. El último que se ha hecho llegar a la Justicia europea -abril de 2022- tiene que ver con la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo).
