'Lawfare': la persecución judicial a los 'indepes' que Sánchez admite en su pacto con Junts
El término anglosajón, según Fundeu, admite la existencia de procedimientos judiciales con fines de persecución política
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a María Jesús Montero y Santos Cerdán. (c). | EFE
Se conoce como lawfare. Es un término anglosajón acuñado para describir aquellas situaciones en las que personas o colectivos han sido detenidos y encarcelados por defender unas ideas políticas concretas, sin que se respeten sus derechos fundamentales y por cuestiones meramente políticas. Esto es, precisamente, lo que finalmente el PSOE ha aceptado incluir en su pacto con Junts y Carles Puigdemont para poder sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
De acuerdo a la Fundación Española del Español Urgente (Fundeu), la palabra lawfare está formada por law (ley) y warfare (guerra). Y según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo». El término se empleaba originalmente en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar.
En el ámbito de la política, añade Fundeu, designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Las expresiones persecución judicial, instrumentalización de la Justicia (con fines políticos o electorales) y judicialización de la política, según el contexto, son opciones válidas y transparentes en español para sustituir este anglicismo, según el independentismo.
Lawfare: persecución política
El propio número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciado este jueves que, como parte del acuerdo se incluye la tramitación de una ley de amnistía para los hechos y personas relacionadas con el procés independentista que hayan tenido lugar entre 2012 y 2023, se ha incluido finalmente este término que Junts exigía con vehemencia en los últimos días. Con el reconocimiento como víctimas de ese supuesto ‘lawfare‘ podrían verse amnistiadas varias figuras del independentismo que, como Laura Borràs, la familia Pujol o el abogado Gonzalo Boye, han sido investigados, procesados o condenados por hechos que nada tienen que ver con el procés.
Incluso podría aplicarse al propio Puigdemont o la número dos de ERC, Marta Rovira, recientemente imputados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. El texto del pacto entre PSOE y Junts apunta, en este sentido, a que la próxima legislatura se constituirán comisiones de investigación parlamentarias cuyas conclusiones se tendrán en cuenta para «la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Según lo avanzado, serán estas comisiones parlamentarias, y no los juzgados, quienes decidirán inicialmente si los independentistas procesados por delitos ajenos al procés podrían haber sido víctimas de esa «persecución política» contra el separatismo en los tribunales. Cabe recordar que durante el encarcelamiento de los políticos independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O, el PSOE siempre negó la existencia de «presos políticos» en España. Algo que podría cambiar radicalmente durante la actual legislatura si se acaba reconociendo como víctimas de lawfare a los amnistiados.
Triunfo de Junts
En uno de los últimos recursos presentados en el caso Tsunami Democràtic, el jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay, aludía precisamente al lawfare como presunta motivación de esa investigación judicial. «Como indica el Diccionario de la lengua española, judicializar significa ‘llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política’, y judicialización, ‘acción y efecto de judicializar’. Por su parte, instrumentalizar significa ‘utilizar algo o a alguien como instrumento para conseguir un fin’, e instrumentalización, ‘acción y efecto de instrumentalizar’», indicaba Alay.
Ese escrito fue interpuesto por Gonzalo Boye, también abogado de Puigdemont, que en los últimos días había sostenido a través de sus redes sociales que «el lawfare debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España». Un movimiento que también podría beneficiar personalmente al abogado del expresidente de la Generalitat, pendiente de juicio por presunto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotraficante Sito Miñanco.
«A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable cuya única razón de ser es, en función de contra quién o quienes se dirigen (…) todos esos afectados tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados», defendía Boye en el escrito interpuesto como abogado de Alay ante la Audiencia Nacional el pasado martes.
