Ángel, Iván y los otros 132 policías heridos por el 'procés': agentes jubilados, con secuelas...
Dos agentes heridos por Tsunami Democràtic han pedido personarse como víctimas de terrorismo en la Audiencia
El presidente, en la visita que hizo al hospital a uno de los agentes heridos. | TO
153 mossos, 134 policías y un guardia urbana. Fue el balance de heridos que dejaron los disturbios en Cataluña por la sentencia condenatoria a los líderes del ‘procés’ en 2019. La operación «Ícaro», destinada a reforzar la presencia policial en Barcelona tras el dictamen del Tribunal Supremo, cambió para siempre la vida de muchos agentes. Entre ellos, la de Iván A. y Ángel H., dos antidisturbios gallegos que quedaron incapacitados por las heridas de gravedad que sufrieron; o la de Álvaro G., otro agente catalán retirado a quien le reventó una botella de cristal en la mano en pleno dispositivo y después otra en la cabeza.
Hoy no solo estos últimos agentes padecen secuelas, también decenas de sus compañeros. Las peores consecuencias, sin embargo, son las que han tenido que sobrellevar estos exagentes de la UIP, quienes se vieron obligados a retirarse del Cuerpo, con apenas 40 años a causa de las secuelas físicas. El parte médico de estos policías les impedía el ejercer su profesión, incluso en tareas de oficina.
En el caso de Iván A., según relatan fuentes policiales, recibió un impacto, se cree de un adoquín de ladrillo macizo, en el casco de protección, cuando estaba parapetado con sus compañeros junto a un edificio emblemático de la ciudad, el rascacielos Urquinaona. El golpe provocó que cayese inconsciente, tras lo que fue ingresado en la UCI. Estuvo debajo 14 meses. En diciembre del 2020, los médicos lo declararon no apto para el servicio y la Dirección General de Policía lo jubiló. «Me han arruinado el futuro», declaró el agente en el juicio en el que reclamó una indeminización a Interior.
La historia de Ángel H. fue similar. Encontrándose en el mismo lugar que Iván, sufrió lesiones en el brazo, que le provocó una fractura abierta en el radio de su brazo. Tras varias intervenciones quirúrgicas y como consecuencias de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejercicio como policías, tuvo que retirarse pocos años después.
Piden personarse como acusación
El relato de Álvaro G., sin embargo, no es tan conocido como el de sus compañeros, pese a que su desenlace ha sido idéntico. Una realidad que él mismo denunciaba en una entrevista reciente con el sindicato de Policía Jupol. En la misma, criticaba «el abandono de la Administración» y la diferencia de criterios que ha existido dentro de la Policía Nacional para distinguir a unos y otros agentes. «Todos hicieron el mismo trabajo, y por ello, todos deben ser tratados igualmente», señalaba.
Este martes, dos de los agentes heridos de gravedad durante los disturbios generados en 2019 por Tsunami Democràtic en Cataluña, Ángel H. y Álvaro G., se han personado como acusación particular ante la Audiencia Nacional como víctimas de un delito de «terrorismo callejero», según ha adelantado THE OBJECTIVE.
«Por medio del presente escrito, venimos a personarnos y a mostrarnos parte en las presentes actuaciones en nombre de mis mandantes como perjudicados, al presentar lesiones derivadas de los actos de ‘terrorismo callejero’ que se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019», han señalado los abogados de los agentes en un escrito interpuesto en su representación por el despacho Fuster-Fabra Abogados, según precisaban fuentes jurídicas a este diario.
La personación de estos dos agentes se produce un día después de que el PSOE registrase en el Congreso su proposición de ley de amnistía y una semana después de que el juez Manuel García Castellón dictaran un auto en el que acordaba citar a declarar como investigados a la número dos de ERC, Marta Rovira, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otras diez personas que presuntamente formaban parte de la ‘plana mayor’ del ‘procés’ independentista.
‘Kale borroka’
El pasado viernes la Fiscalía se posicionó en un escrito en contra de avalar la imputación por delitos de terrorismo y pidió devolver a los juzgados de Barcelona la causa, al entender que los indicios señalados por la Guardia Civil en un informe solo permitirían procesar (según su criterio) a dos de los investigados por delitos relacionados con desórdenes públicos agravados. El Ministerio Público no apreciaba ningún elemento que acreditase «la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional».
Sin embargo, el escrito presentado por los dos agentes de la Policía Nacional heridos apunta en la dirección opuesta. En su relato de los hechos, ambos explican que formaron parte del dispositivo puesto en marcha para evitar un asalto a la Jefatura Superior de Policía y fueron objeto de lo que describen como «terrorismo callejero» y actos de «kale borroka». Aquel 18 de octubre de 2019, la plataforma Tsunami Democràtic había convocado a una huelga general y a distintos actos de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que fueron condenados los líderes del ‘procés’ independentista.
