Puigdemont teme que Sánchez saque adelante con el PP el decreto que amenaza su amnistía
Junts subraya que el PSOE no ha contactado con ellos, ni con ERC o Bildu, para convalidar la norma en enero
Carles Puigdemont comparece frente a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. | Ronald Wittek (EFE)
Carles Puigdemont y los líderes de Junts temen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté negociando el apoyo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a un real decreto, aprobado por el Ejecutivo el 19 de diciembre, cuya letra pequeña «pondría en riesgo» la aplicación de la amnistía. Desde el entorno del expresidente de la Generalitat informan a THE OBJECTIVE que el PSOE no ha contactado con su formación, ni con ERC o Bildu, para la convalidación de ese real decreto sobre medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Se trata de la primera ley de justicia de esta legislatura que, a juicio de Miriam Nogueras, portavoz de los independentistas catalanes, «pondría en riesgo» la aplicación de la amnistía. La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados ya ha anunciado que su grupo parlamentario votará en contra del texto aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana. Otras fuentes de ese partido agregan que el real decreto, en el apartado referido a las cuestiones prejudiciales, podría hacer que la aplicación de la amnistía para los independentistas encausados o procesados quede suspendida cautelarmente durante años en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El partido de Puigdemont cree que la «trampa» está en la letra pequeña de un texto que, según el Gobierno, lleva por objetivo el de facilitar el acceso electrónico de todos los ciudadanos a la Justicia. En concreto, apuntan al apartado 2 del artículo 43 bis) del real decreto. En él, se establece que si el Tribunal Supremo o cualquier otro juez remite una prejudicial al TJUE todos aquellos procedimientos a los que se vaya a aplicar la ley de amnistía quedarán suspendidos cautelarmente a la espera de decisión. Entre otras, la del propio Puigdemont a pesar de no haber sido juzgado por el procés y de que sus presuntos delitos queden amnistiados.
«Cuando se encuentre pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio que conoce un tribunal, ya planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la UE, si el tribunal estima necesaria la decisión del TJUE para resolver el litigio se podrá suspender motivadamente el procedimiento. La suspensión se acordará, mediante auto, previa audiencia por plazo común de diez días de las partes y, en los casos que legalmente proceda, del Ministerio Fiscal», indica el texto que ha motivado la primera fricción entre Junts y el PSOE desde la investidura de Sánchez.
El PP niega conversaciones con el PSOE
El hecho de haber colado este requisito en un real decreto ajeno a la amnistía, y sin haberlo consensuado antes con sus socios de investidura, hacen sospechar a Junts que el Gobierno esté negociando sacarlo adelante con los votos del PP. Sin embargo, desde la formación liderada por Feijóo aseguran a este diario que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos para recabar su apoyo a este real decreto y dan por hecho que serán los propios socios de Sánchez los que permitan su aprobación por minoría simple en el Congreso de los Diputados. El texto debe ser convalidado antes del 20 de enero; es decir, en un plazo de un mes desde su publicación en el BOE.
Desde el grupo parlamentario del PP añaden a este diario que el texto adoptado por el Gobierno en el real decreto es el mismo que el incluido en un borrador que ya se redactó durante la anterior legislatura y que nunca llegó al Congreso ante la falta de apoyos necesarios para sacarlo adelante por mayoría simple. Tanto ERC como los grupos parlamentarios de la oposición, por distintos motivos, adelantaron al PSOE que votarían en contra.
No obstante, las mismas fuentes parlamentarias populares descartan que el Ejecutivo haya incluido el artículo que molesta a Junts con el objetivo de colar un gol a sus socios de investidura. Pero añaden que la negativa del partido de Puigdemont a aprobar ese real decreto es un primer ejemplo del «chantaje» que espera a Sánchez durante la legislatura actual por parte de Junts.
El PP sigue considerando una «burla» y un «abuso» que ese texto sea introducido en la Cámara Baja como real decreto y no como proposición de ley orgánica. Máxime, añaden, cuando hay un conflicto laboral abierto entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos por la subida salarial comprometida e incumplida por el Gobierno en la anterior legislatura para los funcionarias de Justicia. Aunque no está fijada aún la posición de voto, en principio los populares descartan sacar adelante el real decreto aprobado por el Gobierno.
Desconfianza de Puigdemont
Fuentes de Junts consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que el Ejecutivo no ha negociado la letra pequeña de este real decreto con su formación ni con ERC o Bildu. De ahí que la portavoz parlamentaria del partido de Puigdemont anunciase este miércoles en X (la red social antes conocida como Twitter) que Junts votará en contra de ese real decreto sobre medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
«Es uno de los diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos. Hay más, que también son importantes para Cataluña», destacó Nogueras. Además de asegurar que el artículo 43bis del real decreto «pondría en riesgo» la aplicación de la amnistía, cree que en su contenido no se respetan competencias de Cataluña en diferentes materias.
«La idea de acordar ‘conjuntamente’ lo que le corresponde a la Generalitat, que no tienen el resto de comunidades, da siempre el mismo resultado: infrafinanciación», añadió. También cree que estos reales decretos «macedonia que regulan materias diferentes e inconexas» dificultan el posicionamiento político.
Sobre su contenido, la dirigente de Junts considera que contempla modificaciones del servicio público de justicia «sin aportar recursos, en la línea de los últimos cuatro años», regula temas de función pública y de régimen local, dificulta la contratación y obvia las políticas activas.
El real decreto de Bolaños
El Ejecutivo aprobó el pasado 19 de diciembre una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia que el ministro de ese departamento, Félix Bolaños, calificó como el «mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia» y que «se traducirá en una mejora del servicio público a la ciudadanía».El ministro aseguró que, con su aprobación en plazo, España cumple el compromiso asumido con la Comisión Europea para la recepción del cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de euros.
Bolaños, que participó en las negociaciones para la redacción del acuerdo sobre la amnistía con Junts, explicó que esas medidas se incluyen en el Real Decreto-ley (RDL) de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Las iniciativas aprobadas estaban incluidas en dos normas tramitadas durante la anterior Legislatura, el proyecto de ley de medidas de eficiencia digital y el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Según el ministro, fueron concebidas para dotar a la Administración de Justicia de herramientas con las que prestar un servicio mucho más eficiente y acorde a las necesidades actuales de ciudadanos y empresas.
Las medidas se articulan en dos grandes bloques: el primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
