La doble vara de Marlaska: ordena investigar a los policías de Lavapiés, pero no a los de Ferraz
La oficina de Derechos Humanos contesta al abogado Rocafort que no están investigando las cargas policiales en Ferraz
Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio, a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (Ongadh), en torno a la actuación policial –del pasado viernes– en el barrio madrileño de Lavapiés, después de que dos individuos de origen subsahariano amenazaran a una cajera. Sin embargo, según ha podido saber THE OBJECTIVE, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska no ha abierto, hasta la fecha, una investigación en ese organismo, creado para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, por el uso de gases lacrimógenos durante las protestas en la calle Ferraz.
El pasado fin de semana se viralizó en redes sociales un vídeo que mostraba una parte de una actuación policial. Sin contexto ni conocer por qué motivo se detuvo a las dos personas. El suceso tuvo lugar a las ocho de la mañana, cuando estos dos individuos –en estado de embriaguez– comenzaron a amenazar a una cajera del supermercado Carrefour porque no les dejó utilizar una tarjeta de crédito para comprar, ya que desconocían el número PIN. Comenzaron a insultar a la empleada y tacharla de «racista». Unos minutos después, estas dos personas participaron en una reyerta callejera y los vecinos llamaron a la Policía. Los agentes intentaron reducirle, pero ambos tuvieron una actitud bastante hostil contra los agentes, dejando a uno de ellos lesionado.
Sin embargo, un ciudadano que sólo estuvo presente durante la reducción de los detenidos por parte de la Policía decidió grabarlo y subirlo a redes sociales sin contexto. Así, Sumar y otros socios del Gobierno pidieron explicaciones al considerar que se incurrió en racismo por el exceso de fuerza de los agentes. Y, seguidamente, Marlaska anunció que había abierto una investigación de oficio a través de su Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid también informó que había abierto en paralelo otra investigación a los agentes. «En estos momentos, se mantiene abierta una investigación al respecto. La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial», destacó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en sus redes sociales en respuesta a un diputado de Más Madrid.
Cargas en Ferraz
Este mismo delegado fue el que ordenó a la Policía Nacional las cargas desproporcionadas en las inmediaciones de Ferraz que ahora investiga la Justicia. Incluso llegó a pronunciarse públicamente contra los votantes del PP o Vox y afirmó que «Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulseras».
Una de las primeras concentraciones, el 6 de noviembre del pasado año, enfrente de la sede del PSOE, acabó con la Policía dispersando con gases lacrimógeneos a los manifestantes que se encontraban en la madrileña calle de Ferraz, después de que 3.800 personas, según la Delegación del Gobierno, se congregasen para protestar contra las negociaciones que los socialistas están llevando a cabo con los partidos independentistas, que incluyen la ley de amnistía, el traspaso de competencias y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda, para lograr la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Estas cargas –gran parte de ellas injustificadas– fueron incluso criticadas por antiguos mandos de las Unidades de Intervención Policial, la UIP de la Policía Nacional, que estaban asombrados por el inusual comportamiento de los agentes. Estos altos mandos –la mayoría de ellos en activo, pero actualmente en otras unidades– diferenciaban dos escenarios: las concentraciones pacíficas y otras aisladas en las que grupos ultras se infiltraron en la manifestación para reventarla atacando a los policías. En el primer caso –que fueron la mayor parte de las concentraciones–, los ex altos mandos de la UIP no entendían por qué se utilizó la represión policial en Ferraz. Ocurrió, por ejemplo, el 6 de noviembre, cuando lanzaron gases fumígenos o lacrimógenos. Estos mandos sentenciaron que los agentes al cargo de Soto llevaron a cabo cargas «desproporcionadas» en las que los policías «generaron más conflicto que soluciones».
Pero, para Marlaska esto no supone una vulneración de derechos fundamentales. Y en una resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado Guillermo Rocafort solicitó a la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (Ongadh) si estas actuaciones estaban siendo investigadas.
La Ongadh es una oficina dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta oficina, creada en febrero de 2022, tiene como cometidos velar por el cumplimiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las normas nacionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Así, Guillermo Rocafort solicitó a este organismo «toda la información que tiene hasta este momentos sobre las intervenciones de la Policía frente a las manifestaciones de la calle Ferraz contra el Gobierno desde el 6 de noviembre de 2023 hasta la actualidad». Y le contestaron que: «En relación a lo anterior, una vez analizada la solicitud y consultados los ficheros existentes, se participa que no consta información relacionada con las funciones y cometidos de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos».
