Rebelión de los fiscales madrileños contra Álvaro García Ortiz por el 'caso Ayuso'
El Ministerio Público ha tenido que nombrar al fiscal jefe de Extremadura porque ninguno de Madrid quería acatar sus órdenes
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Agencias
Los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les obligaba a oponerse a investigar la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos. Ante la falta de candidatos a ejercer la acusación, la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, se ha visto obligada a tener que poner al frente de la causa al fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, que tendrá que llevar la causa a distancia desde Cáceres, donde tiene la sede el organismo, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
Y es que este nombramiento generó una «gran sorpresa» dentro del Ministerio Público. Algunos se mostraban asombrados por esta elección: «Montero siempre ha sido muy imparcial y profesional. Es extraño que le haya encargado ejercer la acusación en una causa tan polémica, que salpica a la Fiscalía y al Gobierno». Pero la explicación radica en que ningún fiscal de Madrid ha querido ejercer la acusación, puesto que ven delito en la causa y, sin embargo, desde la Fiscalía General les obligan a defender lo contrario.
Y es que la fiscal del TSJM María de la O Silva –encargada inicialmente de pronunciarse sobre la querella de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, contra los fiscales que investigan un presunto fraude fiscal– invocó al artículo 27 del Estatuto Orgánico para que la Junta de Fiscales de Sala escuchase su postura (a favor de investigar los hechos) –como ya adelantó THE OBJECTIVE— frente a la de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que se oponía a admitirla.
Pero la Junta de Fiscales de Sala –con una mayoría afín al fiscal general Álvaro García– concluyó que rechazaba la apertura de una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de Ayuso realizada desde la propia institución. Entre los fiscales asistentes se encontraba la exministra de Justicia de Pedro Sánchez y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, que votó en contra de la admisión.
Por este motivo, la número dos del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, ha decidido apartar a la fiscal María de la O Silva como represalia por haberse opuesto al criterio de sus superiores. Según cuentan fuentes judiciales, el viernes se ordenó a la Fiscalía Superior de Madrid enviar la documentación de la causa del novio de Ayuso –vía email– al fiscal Francisco Javier Montero Juanes debido a la falta de candidatos en la capital. Y es que el fiscal superior de Extremadura se ha visto «obligado» a aceptar dicha petición porque fue nombrado en el cargo den 2021 por Dolores Delgado, cuando era fiscal general del Estado.
Hay que añadir que, independientemente de la postura del Ministerio Público en esta causa, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han admitido a trámite la querella interpuesta por Alberto González Amador. En el auto, la Sala estima que «sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella».
«Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el artículo 299 de la LeCrim, y que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo», señala. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid no coincide con el Ministerio Público cuando considera que procede la inadmisión de la querella, dado que, a su juicio, «los hechos que en ella se relatan resultan atípicos».
Querella del novio de Ayuso
El novio de Ayuso presentó esta querella a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. El Colegio de la Abogacía (ICAM) madrileña presentó otra por la misma razón, pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.
También se filtró un documento en el que González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio. El escrito, publicado por la Cadena Ser, está firmado por el abogado Carlos Neira, y en él detalla la pena y la multa que el novio de Ayuso estaría dispuesto a aceptar para evitar entrar en prisión.
El 2 de febrero, Neira envió a la Fiscalía un documento de ocho páginas en el que la pareja de Díaz Ayuso «acepta íntegramente» la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En concreto, su acuerdo de conformidad pasaba por aceptar ocho meses de cárcel -con lo que evitaría la prisión al ser menor de dos años y no tener antecedentes- y abonar la cuota defraudada, que ronda los 350.000 euros, más los intereses de demora y una sanción del 40% de esa cantidad a Hacienda, lo que sumaría unos 525.000 euros.
«Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socio de la sociedad Maxwell», rezaba el escrito, que, por el contrario, omitía toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía. Sin embargo, explican fuentes judiciales, «que dicho documento que sólo estaba en poder de las partes –abogado de González Amador y Fiscalía– se haya publicado en los medios, hace sospechar que la misma filtración sólo pudo venir del Ministerio Público y de ser así se estaría cometiendo un delito muy grave que, cómo mínimo, hay que investigar».
