Prisiones prohíbe a la asesina del niño Gabriel llamar a un número de los que tenía autorizados
La dirección ha efectuado varios registros a Ana Julia Quezada y la mantiene en el módulo de aislamiento tras la polémica
Ana Julia Quezada, condenada por asesinato. | EP
La denuncia pública de la madre de Gabriel Cruz, Patricia Pérez, sobre la participación de la asesina confesa de su hijo, Ana Julia Quezada, en un documental sobre el caso ha desencadenado toda una serie de medidas contra la reclusa en el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde cumple su condena de prisión permanente revisable y desde la cual habría colaborado en el true crime. En primer lugar, la dirección de la cárcel decidió a principios de la semana trasladar a la interna al módulo de aislamiento para salvaguardar su integridad física tras el revuelo generado entre las presas por la noticia del formato televisivo, tal como adelantó THE OBJECTIVE.
En paralelo, funcionarios de la prisión también registraron la celda de la presa y le efectuaron distintos cacheos con el objetivo de localizar el presunto móvil que habría usado para participar en el documental, según aseguró la madre la víctima, Patricia Pérez, en una rueda de prensa en la Diputación de Almería. Una serie de inspecciones, ordenadas por el director del centro, que no dieron ningún resultado: no había ningún efecto ilegal. Ahora, tras barajarlo varios días, la cárcel ha decidido limitar las llamadas telefónicas que la interna tenía autorizadas desde el centro, aseguran a este diario fuentes penitenciarias.
Al igual que el resto de presas, Ana Julia Quezada tiene permitido realizar varias llamadas a la semana a distintos números de teléfono desde otro que le facilita la prisión. Prisiones, sin embargo, ha decidido restringir una de esas líneas que la reclusa tenía abiertas, y a través de la cual se habría puesto en contacto con los promotores del true crime sobre el asesinato del niño Gabriel, promovido supuestamente por quien fuera en su día el abogado de oficio de Quezada, Esteban Hernández Thiel.
Las pruebas de la madre de Gabriel
Ramírez aseguró hace una semana haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras tener pruebas «por una fuente directa» de que funcionarios de la prisión de Brieva habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo dentro de la cárcel. De este modo, explicó, «al igual que hicieron con el documental del crimen de la guardia urbana», Ana Julia habría podido comunicarse mediante audios y vídeos con trabajadores de la productora. Empresa sobre la que no quiso dar el nombre, pero contra la que, advirtió, se querellará por sacar adelante el programa televisivo frente a la negativa de la familia.
La prisión, sin embargo, no ha localizado ningún terminal a la presa ni entre sus pertenencias, más allá del que la brinda la propia cárcel para realizar sus llamadas autorizadas. De este modo, fuentes del centro niegan del todo que se haya podido cometer cualquier irregularidad al respecto. En cualquier caso, la presa permanece ahora en su celda la mayor parte del día, sin poder salir prácticamente de la misma. Come en su habitáculo y no puede salir al patio con el resto de compañeras. De darse el caso, solo podría hacerlo sola y previa autorización del centro, detallan las fuentes.
Cabe destacar, no obstante, que por el tipo de delito cometido, Quezada estaba ya incluida en el régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), es decir, tenía una vigilancia especial en el centro. No obstante, indican fuentes penitenciarias, la interna tiene buen comportamiento y no ha protagonizado ningún altercado desde que entró en la prisión.
Contra la gestión de Interior
La madre de Gabriel Cruz aprovechó su comparecencia el pasado sábado para cargar también contra el Ministerio del Interior. En concreto, contra su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quienes informó de lo que estaba sucediendo en varias ocasiones, incluida una reunión personal el pasado 27 de diciembre. Desde ambos departamentos le aseguraron que no se había dado ningún permiso a la reclusa para grabar en prisión. Sin embargo, ella ha constatado que sí se habían producido y que, por tanto, «se están cometiendo irregularidades en las prisiones».
Fuera así o no, lo cierto es que la dirección de Brieva ha comenzado a tomar medidas desde la denuncia de Ramírez. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska señalan que tras recibir a la madre y escuchar sus peticiones, actuaron en el marco de sus competencias con una investigación de cualquier posible irregularidad que pudiese haberse cometido en el ámbito penitenciario. Un procedimiento que, según las fuentes consultadas, todavía permanece abierto. Por otro lado, Interior destacó que colaboraría con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pudiese derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez.
