Una juez admite a trámite la querella contra el Gobierno por nacionalizar a exiliados políticos
Se investigará si el Ejecutivo discriminó a los españoles que salieron de España por otros motivos
Óscar Puente, Félix Bolaños y Sofía Puente | Alejandra Svriz
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha emitido un auto, con fecha de 30 de mayo, admitiendo a trámite la querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra Sofía Puente, secretaria general de Innovación y Calidad de la Justicia, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la modificación de la llamada «ley de nietos». Esta ley se refiere a la nacionalización de descendientes de exiliados españoles, presuntamente con fines electoralistas, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Sofía Puente, alta funcionaria del Gobierno, es hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ocupa el tercer puesto en el Ministerio de Justicia desde que Félix Bolaños asumió la cartera en noviembre pasado.
La juez Coro Monreal instó a los querellantes a presentar un poder especial para poder emprender acciones legales contra la hermana del ministro de Transportes, permitiendo así la admisión a trámite de la querella. En el momento de los hechos denunciados, Sofía Puente era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, pero fue promovida por Bolaños hace seis meses tras asumir las competencias de la exministra Pilar Llop. Según fuentes de este periódico, esta asociación ya ha subsanado el defecto de forma y pagado la fianza impuesta.
El origen de esta causa es la querella presentada contra la Ley de Memoria Democrática, que otorga la nacionalidad solo a los hijos o nietos de «exiliados políticos» con «carácter ideológico» durante la dictadura franquista, excluyendo a quienes dejaron el país por motivos económicos. «El PSOE busca únicamente nacionalizar nuevos votantes con un claro beneficio partidista a través de una ley injusta y arbitraria», declararon los querellantes a este medio.
Los querellantes argumentan que la ley, popularmente conocida como ley de nietos, solo beneficia a los exiliados por cuestiones políticas durante el franquismo, sin mencionar a los emigrantes por razones económicas. «Las Cortes Generales debatieron el Proyecto de Ley entre julio de 2021 y octubre de 2022, sin referencia alguna a los exiliados económicos, excepto una enmienda de Ciudadanos que fue rechazada dos veces», señalaron en el escrito presentado ante la juez. «Solo se menciona a los exiliados por motivos políticos, ideológicos, de identidad sexual o creencias, pero no por razones económicas o de otro tipo».
«Ley que busca el voto»
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica destacó que «la ley menciona exclusivamente el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, otorgando nacionalidad directa a los hijos de madres que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros y a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica de 2007 (Ley 52/2007)».
Desde la asociación se cuestionan: «¿Qué pasa con los cientos de miles de españoles que emigraron al extranjero desde muchos pueblos y ciudades de nuestro país en los años 1940, 1950 y 1960 debido a la precaria situación económica en busca de una vida mejor? ¿Qué sucede con los exiliados económicos y por otros motivos no políticos, que fueron la mayoría especialmente entre 1945 y 1960?» Concluyeron que «esta ley, promovida por el Gobierno socialista, no incluye en absoluto a estos exiliados, solo a los políticos e ideológicos, principalmente del bando republicano».
