Un informe calcula que sobran 1,5 millones de empleados públicos: 67.000 millones al año
El coste laboral teórico del exceso de asalariados públicos sería del 5% del PIB anual, según un estudio del CEU
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 21 de mayo de 2024, en Madrid. | EP
En España hay un asalariado público por cada 4,9 ocupados en la economía privada. En total, 3,6 millones de trabajadores del Estado los cuales 1,5 serían excedentes, y que cobran más de media que sus paisanos en el sector privado (un 45% más en 2022). El coste laboral teórico estimado de ese exceso habría superado en 2023 los 66.700 millones de euros, un 5% del PIB anual. Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe Constitución y familia: un principio fallido, publicado este miércoles por el CEU-CEFAS.
«A esos 66.700 millones de euros habría que añadir que cada empleado suele generar un gasto asociado del 10% al 30% más que su sueldo, entre espacio de oficina y su limpieza, ordenadores y material de oficina, consumo de electricidad, viajes (los que los hacen), gastos administrativos y otros indirectos asociados, formación, seguros, servicios externalizados, etc., lo que elevaría su coste total por encima de los 70.000 millones de euros», abunda el documento, elaborado por el demógrafo Alejandro Macarrón y el economista Rubén Manso, exdiputado de Vox.
Estos cálculos implican que un empleado público costaría de media alrededor de 46.666 euros del erario público cada año. El informe, que compara los datos actuales con los de 1976, dos años antes de aprobarse la Constitución Española, señala que entonces había un asalariado público por cada 8,4 ocupados en la economía privada, de modo que si se hubiera mantenido «el nivel de austeridad» de hace cuarenta años, habría ahora 1,5 millones menos de empleados públicos. Y ello «sin contar con los beneficios de eficiencia y productividad por las mejoras tecnológicas de que disfrutan las empresas en 2023 en relación con 1976».
Uno de los autores del informe señala a THE OBJECTIVE que se trata de un «cálculo orientativo» que supone que «si se mantuviera la proporción de 1976 entre empleo público y privado, tendría que haber 1,5 millones menos de empleados públicos». «Está entre los 60.000 y los 90.000 millones, pero lo seguro es que el empleo público ha crecido muchísimo más que el privado porcentualmente, y eso nos cuesta a los españoles no agraciados con esos empleos muchísimo dinero», zanja.
La cifra de 3.593.000 de empleados públicos en España se extrae de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023. Ahí están todos los que desempeñan funciones retribuidas por las Administraciones Públicas: personal funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y personal eventual.
Un infierno fiscal
El informe pretende señalar la depauperación demográfica y económica de España desde 1978. Pero lo que los autores señalan en términos económicos es, sobre todo, la «mayor presión fiscal» de un Estado «mucho menos austero y eficiente», unos impuestos que «llegan a lo confiscatorio» y una tasa de paro «inaceptablemente alta» que se ceba con los más jóvenes. Entre otras vicisitudes.
En referencia a la presión fiscal, se subraya que a mediados de los años 70 los españoles pagaban, entre impuestos directos e indirectos, en torno al 20% o poco más de lo que ganaban. Ahora, acaban pagando en media del 40% al 45%, «incluyendo impuestos a su patrimonio acumulado después de pagar impuestos por las rentas obtenidas para poderlo acrecentar, de forma inmediata cada año, o bien al fallecer e ir a disponer de ese patrimonio sus legítimos herederos».
Además, los autores consideran que «una parte importante de lo que los españoles pagan ahora al Estado no redunda en prestaciones o beneficios a los ciudadanos o a España como tal, porque se usa para abonar los intereses de la deuda pública viva, virtualmente inexistente al inicio de la Transición».
En este sentido, señalan el endeudamiento del Estado como una «pesada carga futura para las familias». Cuando empezó la Transición, en 1976, la deuda pública de España era del 7% del PIB. En febrero de 2024 era casi el 110% del PIB: «Como dueñas de ‘España S. A.’, sus familias son las titulares de esa deuda contraída en su nombre por los sucesivos equipos de gobierno de las diferentes AAPP. Es una deuda que lastra la renta real futura de las familias. Y en el presente, su servicio de intereses implica que actualmente (datos de 2022) el 5% de los impuestos que se pagan no redunda en bienes y servicios de valor para los españoles como tales, porque va a parar a los tenedores de deuda pública española».
En definitiva, y a juicio de los autores, el gasto público (y por ende la presión fiscal) se ha disparado en España «para comprar votos y pagar redes clientelares por vías como que haya muchos más empleados públicos de los necesarios, y prestaciones muy generosas-con el dinero del contribuyente-, incluyendo pensiones de jubilación cuyo valor promedio supera ampliamente el valor de lo cotizado por los pensionistas». Tesis polémicas de un informe que va a dar de qué hablar.
