Por qué el fiscal general se está metiendo en un callejón sin salida
El instructor del TSJM podrá elevar una exposición ante el Tribunal Supremo para pedir la imputación de García Ortiz
El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. | Agencias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra al borde de la imputación por un delito de revelación de secretos tras su última confesión. García Ortiz ha admitido ser responsable de la filtración a la prensa de datos confidenciales que afectaban a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investiga una querella presentada por Alberto González Amador contra dos fiscales por presuntas filtraciones a la prensa relacionadas con su caso de delitos fiscales. González Amador acusa a estos fiscales de revelación de secretos, tras la publicación de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid que detallaba la investigación en su contra, confirmando así informaciones previamente difundidas por los medios. El TSJM admitió la querella y abrió una causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos encargado del caso, Julián Salto.
Sin embargo, según adelantó THE OBJECTIVE, Salto rompió con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar la implicación penal del fiscal general del Estado en esta causa. El fiscal Julián Salto contrató a su propio abogado y rechazó la representación de la Abogacía del Estado. Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que Salto percibía «intereses contrapuestos» y, por ello, decidió no utilizar los servicios jurídicos ofrecidos. Estas mismas fuentes explican que el fiscal investigado posee información que podría involucrar a Álvaro García Ortiz en la causa penal, ya que, según sus declaraciones, él sería el responsable último de la filtración.
En una nota de prensa difundida este lunes por el Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz ha reconocido su responsabilidad. En el comunicado se asegura que «el fiscal general del Estado ha presentado esta mañana un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad última de la publicación de una nota de prensa que desmentía informaciones falsas en relación con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. García Ortiz concluye que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones expresas y directas».
Así, añaden: «El Fiscal General responde al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
Fuentes judiciales consultadas por este periódico indican que tras esta confesión, el instructor del TSJM cuenta con «los elementos necesarios» para «elevar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, órgano en el que está aforado García Ortiz, para que se impute al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos».
