Policías del 1-O piden ser amnistiados alegando que no hubo torturas ni trato degradante
Los agentes implicados aseguran que actuaron con «proporcionalidad y mesura necesaria» en una «compleja situación»
Agente de Policía Nacional. | Europa Press
Una decena de agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en Barcelona han solicitado al juez que les aplique la amnistía, argumentando que «en ningún caso» cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las dos excepciones que fija la ley para quedar fuera del perdón.
Los abogados de nueve de los agentes investigados por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, por su intervención en los puntos de votación situados en los institutos Pau Claris (cuatro de ellos), Prosperitat, Àgora, Dolors Monserdà, Infant Jesús y Mediterrànea, han presentado esta solicitud. Los agentes, representados por los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, piden al magistrado que archive su procedimiento y extinga su responsabilidad criminal, ya que consideran que las exclusiones fijadas en la ley de amnistía no son aplicables a los hechos que se les imputan.
Actuaron con «proporcionalidad y mesura necesaria»
El escrito destaca que «prácticamente la totalidad» de los policías intervinieron el 1-O en Cataluña en defensa de la legalidad y del orden constitucional, «en cumplimiento de sus funciones» y actuando con «proporcionalidad y mesura necesaria» en una «compleja situación» y con los «escasos medios de que fueron dotados», para evitar «la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».
Irídia, entidad que ejerce de acusación popular y particular en esta causa, anunció en un comunicado que se opondrá a la amnistía de los agentes, opinando que sus actos son constitutivos de tortura o tratos inhumanos o degradantes.
Al defensa de los policías implicados
Por el contrario, la defensa de estos nueve policías, acusados de delitos de lesiones, remarca que no existe ningún fundamento para concluir que su actuación constituyera estas excepciones para ser amnistiados.
La ley establece una tercera excepción, que en este caso no aplica a esta decena de agentes investigados, para aquellas intervenciones que provoquen resultado de muerte, aborto, lesiones o la pérdida o inutilidad de un órgano o de un sentido o una grave deformidad. Esto sí podría afectar a los escopeteros que vaciaron un ojo a Roger Español, quienes ya han sido procesados.
Además, la defensa subraya que las responsabilidades civiles de las conductas despenalizadas que los afectados pudieran considerar incorrectas, en los casos en que les hubiesen causado un daño acreditable, podrían ser reclamadas en procesos de responsabilidad patrimonial contra la administración pública.
El escrito resalta que el preámbulo de la ley de amnistía deja claro que no se pretende la «criminalización» de los funcionarios que actuaron para evitar el 1-O y especifica que su objetivo es «aliviar» la situación procesal de los investigados.
Acusaciones basadas en fotografías
En este sentido, el escrito de la defensa apunta que estos agentes están siendo investigados en base a «meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal, sino incluso administrativa».
