Prisiones saca de aislamiento a la asesina del niño Gabriel en plena polémica del 'true crime'
Patricia Ramírez ha pedido en el Senado un Pacto de Estado que blinde los derechos de las víctimas de delitos violentos
Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de Gabriel Cruz. | EP
La dirección de la cárcel de Brieva (Ávila) ha decidido sacar a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por asesinar al pequeño Gabriel Cruz, del módulo de aislamiento en el que estaba interna desde hace casi un mes. El centro decidió a principios de mayo trasladar a la presa al citado departamento para salvaguardar su integridad física tras desvelarse su presunta participación en un documental sobre el caso. Ahora, la prisión considera, según consta en la orden, que «las circunstancias que motivaron» ese cambio han culminado y desde el pasado viernes Quezada convive con el resto de internas en un módulo de vida ordinario, señalan a THE OBJECTIVE fuentes penitenciarias.
La polémica que suscitó su colaboración en el true crime está hoy más viva que nunca. La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, destapó, poco antes de que el penal tomase medidas contra la presa, supuestas irregularidades en el centro para que Ana Julia Quezada pudiese comunicarse con los periodistas de la productora que había puesto en marcha el true crime. En concreto, a través de llamadas y videollamadas a amigos y familiares, y con un móvil personal que la reclusa no podía portar. Prisiones entonces limitó esas llamadas y requisó su celda sin encontrar, eso sí, ningún dispositivo.
Ramírez anunció una batalla judicial para lograr que las víctimas de delitos violentos no tuviesen que revivir sus casos con documentales cuando no existía una autorización previa de las mismas. Una lucha que inició el pasado martes en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior del Senado, donde reveló que denunciará ante la Guardia Civil todos estos hechos para que se depuren responsabilidades; y, además, presentará una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la productora y la condenada por «haber permitido poner en marcha el documental de forma espuria mediante medios no permitidos».
Un Pacto de Estado
Ante los senadores de la comisión, la madre del niño fallecido mostró la indefensión que sufren las víctimas de delitos violentos y pidió a los presentes su colaboración para un Pacto de Estado que blinde a los afectados frente a este tipo de producciones para evitar su revictimización. «Piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», advirtió Ramírez, que también pidió una reforma del estatuto de las víctimas que garantice sus derechos frente a los de las víctimas.
«Un preso condenado por delitos violentos no puede realizar ninguna serie televisiva (…) Creo en la reinserción, pero no para todo tipo de presos. Este tipo de cosas no se pueden permitir. Con esta producción, la condenada comete delitos contra nuestro honor e integridad. Cobra supuestamente para cubrir la responsabilidad civil, volviendo a dañarnos reviviendo todo. Nosotros no hemos matado a nadie y sus derechos no pueden prevalecer sobre los nuestros», reflexionó la progenitora.
La productora abandona el ‘true crime’
Tras varias semanas de polémica, principalmente centrada en la condenada Ana Julia Quezada y en la firma audiovisual que impulsaba el documental por la manera en la que se había venido realizando, Ramírez desveló que la productora se ha comprometido a abandonar el proyecto. Al parecer, según contó, el pasado lunes una portavoz de la compañía le llamó para comunicarle la decisión. La madre de Gabriel agradeció su decisión y les ha solicitado documento donde confirmen este extremo para ponerlo en conocimiento de sus abogados.
La productora llevaba tres años solicitando permisos a Instituciones Penitenciarias para realizar el documental sobre el caso del niño Gabriel con la colaboración de su asesina desde la cárcel, según le contó la propia productora. Desde Interior, sin embargo, no comunicaron a la madre que se habían producido estas solicitudes, todas ellas denegadas. Patricia Ramírez, no obstante, acudió en primer lugar al Ministerio del Interior para solicitar ayuda. Allí le aseguraron que investigarían los hechos. Después, sin embargo, dejaron de darle respuestas, según su versión.
«Lo que ha ocurrido demuestra una incapacidad total de Prisiones para controlar que nuestros agresores nos puedan lesionar por medio de estas videoconferencias y que se realicen, del mismo modo, documentales o true crime», sentenció. Ramírez, además, cuenta con otra prueba, un escrito remitido por la prisión de Brieva a la Audiencia Provincial de Almería, en el que advertían de la solicitud de la presa para ser entrevistada en la prisión por periodistas de la productora y en el que informaban, según había trasladado Ana Julia, que iba a firmar un contrato de forma inminente a través de su abogado.
