Canarias se ve «desbordada» con la inmigración tras crecer un 300% en el último año
El presidente canario pide a Sánchez que ceda instalaciones militares ante la incapacidad de alojar a más menas
Un grupo de inmigrantes espera en un puerto de Canarias. | EP
Tras un periodo de relativa calma en la llegada de pateras a Canarias en los últimos tres meses, la ruta atlántica se ha vuelto a reactivar en junio. Un total de 1.860 personas han llegado a las costas del archipiélago durante la primera quincena, un incremento notable respecto a los meses anteriores, ya que en todo mayo se registraron 1.135 llegadas y en abril 2.800, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Unas cifras que confirman los peores pronósticos para los meses de septiembre y octubre, cuando las condiciones del mar son todavía más óptimas para navegar, algo que conocen perfectamente las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos.
Tanto el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska como el Gobierno de Canarias vaticinan que, a finales de este año, unos 70.000 inmigrantes podrían haber llegado a las islas de forma irregular, teniendo en cuenta el origen de los flujos migratorios, principalmente Senegal y Mauritania, donde los esfuerzos de Interior con las autoridades para establecer acuerdos de colaboración y un mayor control en las fronteras parecen no tener el suficiente efecto. Por ahora, 18.977 personas han arribado a las islas a través de la ruta, más del triple de lo registrado en el mismo periodo de 2023.
Los últimos datos de Frontex, la agencia europea de la guardia de fronteras y costas, tampoco son esperanzadores. En el caso de Canarias, las llegadas irregulares han aumentado un 303% respecto al ejercicio anterior, convirtiéndose en la vía de entrada al continente que más ha crecido en los primeros cinco meses del año. Le siguen las islas griegas, donde han aumentado un 103%. En cambio, las rutas rumbo a los Balcanes Occidentales y al Mediterráneo Central —Italia— han descendido un 71 y 58%, respectivamente. Y es que frente a los datos de la comunidad autónoma canaria, el número de cruces fronterizos irregulares hacia la UE se ha reducido casi en un 23% (80.000) respecto al año pasado.
«Total desbordamiento» con los menas
El Hierro sigue siendo la isla que más presión migratoria soporta. Entre finales de septiembre y octubre, a esta pequeña ínsula, de apenas 11.000 habitantes, arribaron cerca de 9.000 personas a bordo de embarcaciones precarias, la mayoría procedentes de Senegal. En el último mes, ha registrado jornadas en las que en menos de 24 horas han llegado hasta 1.000 personas. Entre tanto, Salvamento Marítimo ha rescatado embarcaciones en aguas de El Hierro, en las que viajaban hasta entre 300 y 400 personas, algo que no se había visto hasta el pasado año. Desde enero, un total de 4.800 personas han perdido la vida intentando llegar a Canarias, unas 32 muertes al día, según el cálculo del colectivo Caminando Fronteras.
En cualquier caso, el principal desafío para el Gobierno canario siguen siendo los menores extranjeros no acompañados. Hace unos días, el presidente, Fernando Clavijo, denunció que la situación en las islas es de «total desbordamiento» con la inmigración y, especialmente, con los menas, habida cuenta de que no hay «espacio material» para alojarlos en el archipiélago y el Ejecutivo central se niega a ofrecer las instalaciones militares que tiene en desuso para poder a atender a estos jóvenes. Un escenario ante el que Clavijo, según dijo, se plantea ya la posibilidad de instalar carpas u otras infraestructuras temporales.
Defensa no se ha pronunciado
Según han publicado algunos medios locales, el Ministerio de Defensa se ha escudado en la situación fronteriza de Canarias para negar a la comunidad autora la cesión de cuarteles para acoger a menores extranjeros. La negativa, según recoge La Provincia, llegó a través de una carta en la que se exponía que las instalaciones debían estar operativas, porque cumplen una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias. Fuentes del departamento dirigido por Margarita Robles consultadas por este periódico, sin embargo, aclaran que esa «información no ha salido del Ministerio».
Hace una semana, según detallan fuentes policiales, el Gobierno de Canarias tenía bajo su tutela a 5.661 menas. El problema es que los cerca de 80 centros con los que cuenta la comunidad se encuentran completamente desbordados desde hace meses. Canarias acoge ya al 41,6% del total de menas que hay en España (13.200), según datos del Gobierno. La atención de los menores extranjeros es una competencia que corresponde a cada comunidad autónoma. Sin embargo, en el archipiélago la situación es acuciante, habida cuenta de la presión migratoria a la que está expuesta. En el caso de los adultos, la mayoría han sido derivados entre islas y después a alojamientos en la Península.
Reparto entre comunidades autónomas
Por ahora, el reparto de menas a otras comunidades autónomas menos tensionadas por la inmigración sigue siendo voluntario. El Ejecutivo central y el autonómico cerraron hace apenas una semana un acuerdo para convertirlo en obligatorio, pero, en el mejor de los casos, este sistema de reparto comenzaría a funcionar dentro de un año, según las fuentes consultadas. El pacto incluye la derivación de 2.500 menores no acompañados que permanecen en las islas, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. Para ello, el Ejecutivo de Sánchez tiene prevista una partida de 125 millones, que dará a las regiones en función del número de menas que acoja.
En teoría, las islas podrán atender a los menores hasta que vean sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. Según explican fuentes policiales a este diario, tal y como está ahora la situación, solo derivarían a unos 300 menores. La distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones. En concreto, La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge una docena en la actualidad.
No obstante, para que se materialice el traslado de estos jóvenes es necesario que se reforme la Ley de Extranjería. Es esta iniciativa la que divide a sendos ejecutivos. Mientras que el Gobierno central apuesta por una proposición de ley, el autonómico ha pedido que se haga mediante decreto ley por tratarse de un trámite más ágil habida cuenta de la situación de emergencia que vive. Desde los ministerios implicados, en cualquier caso, insisten en que esto requiere un debate en el Congreso de los Diputados.
