Ocho cargos, cuatro de ellos de Podemos, se acogen al ‘paro VIP’ tras dejar el Gobierno
Garzón, Montero y Rodríguez ‘Pam’ siguen cobrando la indemnización, de hasta 7.400 euros, tras ser cesados
Alberto Garzón, Irene Montero y Angela Rodríguez se han apuntado al 'paro VIP' previsto para altos cargos tras el abandono del puesto. | Ilustración de Alejandra Svriz
Un total de ocho altos cargos del anterior Gobierno de Pedro Sánchez y el exsecretario del Gabinete de la Casa Real, Jaime Alfonsín, siguen cobrando indemnizaciones tras su cese, conocidas como paro VIP. Estas prestaciones, que tratan de frenar las puertas giratorias al sector privado, suponen el 80% del sueldo que percibían durante el ejercicio de sus funciones.
Los datos a los que ha accedido THE OBJECTIVE, tras más de medio año sin que se hiciesen públicos a través del Portal de Transparencia, muestran que han sido los cargos de Podemos los que mayoritariamente han optado por estas indemnizaciones, La exministra de Igualdad, Irene Montero, elegida como eurodiputada el pasado 9 de junio, sigue percibiendo la prestación. Su próximo sueldo rondará los 10.000 euros mensuales -mínimo-, pero de momento sigue percibiendo 5.300 euros al mes sin ningún desempeño.
Entre 2020 y 2023, el salario de Irene Montero como ministra de Igualdad representó 6.600 euros brutos al mes, lo que supuso un ingreso anual cercano a los 80.000 euros, además de otros complementos. Su entrada en el Parlamento significará superar con creces esa cifra. Durante este tiempo en el que ha cobrado el paro VIP no consta interés alguno de Montero por saltar al sector privado, probablemente segura de que conseguiría su acta de eurodiputada.
Podemos capitaliza el ‘paro VIP’
Alberto Garzón, otro de los ministros de Podemos en el anterior Gabinete que cobra el paro VIP, ha seguido un camino diferente al de Montero. Su primera opción tras dejar su cargo fue acceder a un puesto al sector privado. Hizo algunas peticiones, pero en las formaciones que militó no se contempló como una alternativa trabajar en la empresa privada, incluso con medidas preventivas. Según consta en Transparencia, Garzón solicitó incorporarse a Alanis, a ElDiario.es y la consultora Acento. Todas las peticiones fueron autorizadas el pasado marzo por la Oficina de Conflicto de Intereses, pero el «puritanismo ideológico» de su entorno pudo más.
Precisamente la decisión de trabajar en Acento, la consultora que capitanean José Blanco, exministro socialista, y Alfonso Alonso, exalcalde del PP en Vitoria, ha sido la más polémica. Garzón tuvo que renunciar por presiones en diversos frentes, incluidas las redes sociales. El exministro de Consumo, tras un enorme revuelo a raíz de su potencial fichaje, renunció, una postura no demasiado habitual.
Reconocía Garzón en El País que su salto a la consultora fue considerado como una forma de colaborar con «Marruecos para arrasar el Sáhara». Aseguraba que también hubo antiguos compañeros, que un día le felicitaron y al siguiente participaron en el linchamiento público. La idea de Acento, una consultora en la que participan excargos del PP y del PSOE, era reforzar su transversalidad de la consultora. Importantes cargos, incluso generales del Ejército, han dado el salto a Acento sin mayores problemas.
Desempleo de 7.400 euros para altos cargos
Otro de los cargos que sigue percibiendo el paro VIP es Ángela Rodríguez Martínez Pam. Ex secretaria de Estado de Igualdad percibe 7.400 euros mensuales desde el pasado noviembre. No consta su intención, de momento, de saltar al sector privado ni la posibilidad de una acta en un parlamento o ayuntamiento tras la caída de apoyo de su formación, Podemos. La filósofa fue diputada por Pontevedra durante dos legislaturas y desde octubre de 2021 y noviembre de 2023, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Ahora podrá cobrar 7.400 euros mensuales por el paro VIP hasta noviembre de 2025. Lo hará, aunque también es posible que consiga un cargo de asesora, muy bien pagado, en el Parlamento Europeo gracias a los dos escaños de Podemos.
En la lista también están, entre otros, Ignacio Álvarez, ex secretario de Estado de Derechos Sociales, y Antonio Rodríguez Esquerdo, ex secretario de Estado de Justicia. Jaime Alfonsín, exjefe de la Casa de Su Majestad El Rey, también aparece en el registro. Su paso al sector privado, después de tres décadas en un cargo en el que ha conocido de primera mano numerosos asuntos, será puesta bajo lupa y, desde luego, no resultará fácil. Mientras, seguirá cobrando 10.000 euros mensuales durante un máximo de dos años. Su cese se produjo en febrero de 2024.
Puertas giratorias
Las puertas giratorias han permitido el acceso de miles de altos cargos al sector privado de una forma fácil y rápida en los últimos años. Las puertas solo se cierran de forma muy puntual y, en buena parte, cuando saltan alarmas a través de los medios de comunicación. La experiencia y los conocimientos de los altos cargos son dos valores muy apreciados por la empresa privada y determinantes de la demanda.
Los datos de Transparencia evidencian que los filtros para el acceso de altos cargos al sector privado son limitados. Solo en unos meses y sin esperar a los dos años previstos, se da el visto bueno a los asuntos más complicados. En buena parte de los casos, no transcurre más de una semana desde la petición a la autorización. Cuando surgen dudas en cuanto a las peticiones, los altos cargos admiten que elevan todas las ofertas que les llegan. Este contexto hace muy complicado poner barreras y evitar que la información pública pase a determinadas empresas en días a través de rápidas contrataciones.
