Barrabés desconcierta a los investigadores de la Guardia Civil: su última compra fue un minipiso
Es la única operación de compra-venta a nombre de Barrabés tras las adjudicaciones públicas
Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. | Alejandra Svriz
El socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, incrementó su abultado patrimonio en marzo de 2023, después de que la mujer del presidente del Gobierno firmara las cartas de recomendación a mediados de 2020 para que la empresa pública Red.es le adjudicara cuatro contratos por valor de 12,8 millones de euros. Según consta en el Registro Mercantil, el empresario adquirió un piso en la calle Hermosilla por 150.000 euros.
La vivienda es de pequeñas dimensiones, tiene unos 40 metros cuadrados, y se accede a ella a través de la calle Alcántara. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que «posiblemente no se le dé un uso residencial», pero es llamativa esta adquisición porque es la única operación de compraventa, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que consta a nombre de Barrabés tras las adjudicaciones públicas conseguidas presuntamente con la ayuda de Begoña Gómez.
La mayor parte del patrimonio del empresario se ha adquirido por herencia o con anterioridad a su relación empresarial con la mujer de Sánchez. Este periódico posee las notas simples de diez propiedades a nombre de Barrabés: gran parte de ellas son fincas rústicas que posee junto a sus hermanos en Benasque, un pequeño pueblo de Huesca donde conoció al presidente del Gobierno. Las otras propiedades fueron adquiridas desde 1990 a 2013. Y la comprada en el distrito de Salamanca, que ahora revela este periódico, fue adquirida tras la relación empresarial con Begoña Gómez. De ahí la importancia de esta vivienda para los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según aseguran fuentes de la investigación que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Tráfico de influncias
Un hecho que podría corroborar que Begoña Gómez ha incurrido presuntamente en el delito de tráfico de influencias –delito por el que está imputada– es la posible demostración de que las cartas de recomendación enviadas por la esposa del presidente del Gobierno a su socio, el empresario Juan Carlos Barrabés, tuvieron un impacto significativo en la adjudicación pública. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está trabajando en esta línea y tiene sobre su mesa un informe, elaborado por una de las acusaciones populares, que podría demostrar dicho extremo.
Un experto en contratación pública, que ha desempeñado durante años el papel de secretario de una mesa de contratación del Ministerio de Defensa, ha preparado un informe para el sindicato Manos Limpias. En este documento, entregado al juez Juan Carlos Peinado, se detallan las irregularidades en las adjudicaciones de Red.es a las empresas de Barrabés. El informe, que ha publicado THE OBJECTIVE, concluye que las cartas remitidas por Begoña Gómez «no tenían valor legal, por lo que solo se puede entender que fueron presentadas con el objetivo de influir en la mesa de contratación, consciente de que los contratos a licitar se financian con fondos europeos, que se deciden desde la presidencia del Gobierno, siendo su marido quien tiene la última palabra».
El juez instructor está investigando cuatro contratos adjudicados por la empresa pública Red.es, que en ese momento dependía del Ministerio de Economía, a las UTE (Uniones Temporales de Empresas) en las que participaba Innova Next SLU, la empresa de Barrabés. Estas cartas de recomendación, firmadas personalmente por Begoña Gómez, fueron finalmente utilizadas para beneficiarse con contratos por un valor total de 12,8 millones de euros. El análisis realizado por el experto, remitido al juzgado, demuestra por qué las misivas de Gómez no tenían validez legal, a diferencia de las remitidas por el Ayuntamiento de Madrid, y su único propósito era, según el informe, influir.
Análisis legal de las cartas
Los pliegos de los cuatro contratos adjudicados por Red.es a las UTE formadas por Innova Next SLU junto con The Valley Digital Business School y KPMG Asesores detallan en el apartado 3.2 los requisitos de solvencia técnica y profesional, conforme al artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Este apartado exige a los licitantes que acrediten «la prestación de servicios realizados de igual o similar naturaleza en los tres últimos años». Para ello, los candidatos deben presentar «certificados expedidos o visados por el órgano competente» si el trabajo se realizó para una entidad pública, o «un certificado o una declaración del empresario» si el servicio se prestó a una empresa privada.
En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid emitió un certificado, como exige la ley, en el que se detallaba «el trabajo de similares características» realizado por la empresa de Barrabés. Sin embargo, Begoña Gómez emitió unas «declaraciones de interés/recomendaciones» a pesar de no tratarse de una empresa privada que hubiera contratado los servicios de Innova Next SLU, y por tanto, no podía acreditar la solvencia de dicha sociedad.
En sus misivas, publicadas por El Confidencial, Begoña Gómez manifestaba: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley Digital, promovida por Red.es y FSE. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados».
