Junts pide excluir a Cataluña del reparto obligatorio de 'menas' entre comunidades
La formación ‘indepe’ ha exigido a los gobiernos central y canario una disposición que les excluya en la ley de extranjería
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. | EP
Cataluña quiere ‘borrarse’ del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Según confirman a THE OBJECTIVE distintas fuentes parlamentarias, Junts ha exigido a ambos Ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de menores. Al parecer, indican las mismas fuentes, desde la formación de Carles Puigdemont insisten en que llevan negociando el traspaso de la competencia de inmigración desde hace meses y, por tanto, debe establecerse la excepcionalidad en la aplicación.
En cualquier caso, Junts no es el primer partido político que rechaza esta medida. También lo ha hecho Vox y el PP, que pese a gobernar en coalición en Canarias, se sigue mostrando beligerante con la medida. Por este motivo, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llevan dos días, este martes y miércoles, reuniéndose con los distintos grupos parlamentarios en el Congreso para sondear su posición de cara a votar ese cambio en la norma de Extranjería, un trámite necesario para que las comunidades autónomas pueden asumir de forma obligatoria el reparto de ‘menas’ cuando un territorio se vea sobrepasado por las llegadas.
Canarias, en este caso, ha sido la principal impulsora de la medida. El archipiélago cuenta con 80 centros en los que atiende a más de 6.000 menores migrantes, según confirmó a principios de esta semana el portavoz del Ejecutivo canario. «Una situación de total desbordamiento», llegó a verbalizar Clavijo hace unas semanas. Canarias acoge ya al 45,5% del total de menas que hay en España (13.200), de acuerdo con los datos del Gobierno. La atención de los menores extranjeros es una competencia que corresponde a cada comunidad autónoma. Sin embargo, ante este repunte migratorio, el Ejecutivo de Clavijo ha abanderado la lucha por establecer un sistema de derivación que evite colapsar los medios disponibles en las CCAA.
Sistema de reparto para los ‘menas’
El pacto incluye la derivación de 2.500 menores no acompañados que permanecen en las islas, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. Para ello, el Ejecutivo de Sánchez tiene prevista una partida de 125 millones, que dará a las regiones en función del número de menas que acoja. En teoría, las islas podrán atender a los menores hasta que vean sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. Según explican fuentes policiales a este diario, tal y como está ahora la situación, en Canarias solo derivarían a unos 300 menores.
La distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La más ‘perjudicada’ por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. Cabe destacar que este sistema de reparto también tiene en cuenta los recursos de que dispone cada comunidad.
Tensión entre Canarias y Defensa
En cualquier caso, para que el traslado de estos jóvenes sea una realidad es necesario que se reforme la ley de extranjería. Una iniciativa que según parece podría salir adelante en la Cámara baja, pero que todavía no tiene fecha de votación. El Ejecutivo central y canario comparecerán este miércoles en el Congreso para dar cuenta de los avances que han conseguido durante los últimos días con las formaciones políticas. Finalmente, de llevarse a cabo, este cambio se materializará mediante una proposición de ley, tal como defendió el Ministerio de Política Territorial. Canarias, en su caso, prefería un decreto ley al tratarse de un trámite más ágil y rápido.
Por otro lado, en la última semana, la tensión entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa se ha dejado ver más que nunca. El departamento dirigido por Margarita Robles se ha negado por segunda vez a ceder tres instalaciones militares en Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. El Ejecutivo cursó de nuevo hace unos días una petición para poder usar los cuarteles de Marqués de Herrera, Anatolio Fuentes y El Fuerte de cara a acoger a los menores extranjeros no acompañados que lleguen en los próximos meses a las islas a bordo de pateras y cayucos.
Defensa, sin embargo, se ha negado una vez más. Según explicó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa, el Ministerio precisa de estas instalaciones para el apoyo y necesidades logísticas y tácticas esenciales para afrontar situaciones de crisis. El mismo argumento que ya esgrimió hace diez días. En cualquier caso, reclamó este lunes Cabello, el archipiélago ya está viviendo «una situación de crisis, sobre todo humanitaria». «Disponer de estos espacios si hiciera falta sería una buena noticia». A juicio del Ejecutivo autonómico, Defensa «no atiende la emergencia humanitaria».
