Junts pide librarse del reparto de menores porque Cataluña «asumirá inmigración»
La exigencia ‘indepe’ ha causado revuelo en otros partidos. El PP dice que solo votará a favor si no se excluye a nadie
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras. | EP
Junts ha pedido que Cataluña sea una excepción entre las comunidades autónomas que tendrán que asumir obligatoriamente el reparto de menores extranjeros no acompañados, pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión en el archipiélago. La formación del fugado Carles Puigdemont, según adelantó THE OBJECTIVE, exigió hace unos días a ambos ejecutivos una disposición adicional en la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para excluir a la región catalana de esa derivación. La razón que esgrimió Junts per Catalunya ante ambos ejecutivos, según revelan fuentes parlamentarias, es que la Generalitat «asumirá la competencia de inmigración». Un trámite que negocia con el Gobierno central «desde hace seis meses». Y, por tanto, debe excluirse a la comunidad autónoma en la aplicación de la norma.
Transferir esta materia fue uno de los compromisos que selló el Ejecutivo central con Junts a cambio de que el partido ‘indepe’ no participase en la votación para convalidar tres reales decretos presentados por el Gobierno (el de trabajo, medidas anticrisis y el ómnibus) el pasado 24 de enero. La exigencia de la formación de Puigdemont, sin embargo, ha creado revuelo en el resto de grupos parlamentarios que deben aprobar la reforma de la ley, especialmente en el Partido Popular, que ha condicionado su voto, precisamente, a que no se excluya a Cataluña del reparto de menores.
Desde la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo no se oponen a la reforma de ley para que las regiones acojan a menores migrantes cuando un territorio se vea sobrepasado por las llegadas. No obstante, piden conocer antes el contenido de la proposición de ley, financiación para las comunidades que acojan menores y que el pacto sea consensuado con todas las autonomías, así como implicación de la UE habida cuenta de que España es la frontera sur.
Conferencia Sectorial
Este miércoles ha concluido la ronda de contactos que iniciaron el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con los grupos parlamentarios en el Congreso para sondear su posición de cara a votar el cambio en la norma de extranjería. Tras dos días de reuniones con todos los partidos, los impulsores del acuerdo han salido satisfechos en líneas generales, «aunque todavía no hay fumata blanca porque no hay texto definitivo». La única formación que se ha negado en rotundo a la modificación ha sido Vox. Preguntados por la petición de Junts, desde el Gobierno central han señalado que prometieron hacerles llegar una propuesta con matices al acuerdo, que todavía no les han remitido.
Durante su comparecencia, Clavijo y Torres han anunciado la celebración de una Conferencia Sectorial de Menores e Infancia en la que estarán presentes todas las autonomías y que está prevista para la próxima semana. De esta reunión entre las comunidades, saldrá el texto final del acuerdo, que será enviado de nuevo a las formaciones políticas para aprobarse en el Parlamento, bien a través de un decreto ley o de una propuesta de ley de lectura única y urgente.
Canarias acoge a 6.000 menores
El Gobierno de Canarias pide desde hace meses colaboración al resto de comunidades con una situación migratoria grave, especialmente en el caso de los menores. El archipiélago cuenta con 80 centros en los que atiende a más de 6.000 menores migrantes. La mayoría de ellos están totalmente desbordados, según advirtió el presidente autonómico hace unas semanas. Canarias acoge ya al 45,5% del total de menas que hay en España. La atención de los menores extranjeros es una competencia que corresponde a cada comunidad autónoma. Sin embargo, ante el repunte migratorio que viven las islas desde el año pasado, el Ejecutivo de Clavijo ha abanderado la lucha por establecer un sistema de derivación que evite colapsar los medios disponibles en las comunidades autónomas.
El pacto incluye la derivación de 2.500 de esos 6.000 menores no acompañados que permanecen en las islas, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. Para ello, el Ejecutivo de Sánchez tiene prevista, en principio, una partida de 125 millones, que dará a las regiones en función del número de menas que acoja. Aunque desde el Ministerio de Política Territorial no detallan una cantidad exacta. En teoría, las islas podrán atender a los menores hasta que vean sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. Según explican fuentes policiales a este diario, tal y como está ahora la situación, en Canarias solo derivarían a unos 300 menores.
La distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La más ‘perjudicada’ por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. Cabe destacar que este sistema de reparto también tiene en cuenta los recursos de que dispone cada comunidad.
