Denuncian la cesión por parte de Defensa de un edificio al Grupo Quirón durante 75 años
Ha sido la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad quien ha alertado la CNMC
Grupo QuirónSalud. | Agencias
El grupo Audita Sanidad ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la cesión por el Ministerio de Defensa de un edificio durante 75 años a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud, como único concursante y por una cantidad «inusualmente baja».
Se trata de un antiguo hospital militar con más de 24.000 metros cuadrados, que ocupa una manzana entera en el barrio de Chamberí y que estaba en desuso en su mayor parte desde hace más de 20 años.
La denuncia ha sido presentada este viernes por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública.
La contraprestación por esta cesión demanial para explotar el edificio «asciende a 170 millones de euros, que será abonado de forma periódica en cuotas anuales durante todo el periodo de concesión».
Una cantidad «inusualmente baja con un coste medio mensual de 8 euros por metro cuadrado y que no prevé ningún coeficiente de actualización con el paso de los años», lo que constituye «uno de los elementos más polémicos de esta concesión, pero no el único».
Recuerdan además, que el Grupo Quirósalud, al que pertenece la Jiménez Díaz, fue absorbido en marzo de 2016 por la empresa alemana Helios Kliniken GmbH, que forma parte del grupo alemán Fresenius SE & Co KgaA.
Para Audita Sanidad, ello podría suponer «una pérdida para el erario público del 80,1 % en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato».
En su denuncia, señalan otros elementos que «no respetan el interés general» y que podrían, según Audita Sanidad, ser indiciarios de «una posible conducta irregular».
Así, la justificación que se hace del concurso público «es vaga y genérica, recogiendo únicamente la necesidad de dar uso al inmueble vacío». A ello se suma la «ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio», que convertiría esta concesión «en un acto presuntamente arbitrario».
Los denunciantes cuestionan si, tratándose de «un hospital en el centro de Madrid, muy cerca del Clínico San Carlos, no habría sido más lógico mantenerlo como infraestructura para el saturado sistema público de salud madrileño».
Aseguran, además, que «sólo acudió un único licitador, la UTE Jiménez Díaz», pero tras analizar los pliegos no se determina «qué empresas conforman esta Unión Temporal de Empresas, además de la Fundación dependiente del Grupo Quirónsalud». Por otra parte, «el máximo legal de duración de una UTE es de 25 años, lo cual choca con el hecho de que a ésta se le ha concedido la concesión por 75 años».
Los pliegos «no establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo; se establece una disposición ‘en blanco’ que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años».
Por todo ello, «entendemos que debe abrirse una investigación que aclare los términos de esta concesión de un enorme trozo de patrimonio público» y si ésta ha cumplido con «todas las exigencias legales y se ha respetado los principios de la contratación pública y el interés general», concluyen los denunciantes.
