¿Se excedió la Policía en el 'caso Malinche'? Lo que sabemos de la polémica de Nacho Cano

La actuación policial que culminó el pasado martes con la detención del productor musical Nacho Cano por tener presuntamente a inmigrantes irregulares empleados en su espectáculo Malinche ha quedado en los últimos días en entredicho. Principalmente, tras las denuncias interpuestas por las presuntas víctimas, los becarios del musical Malinche, y las acusaciones que hizo empresario directamente contra la Policía Nacional tras su arresto, a la que llegó a tildar de «criminal» por las circunstancias que rodearon su arresto, así como los interrogatorios a los 17 estudiantes a los que tiene supuestamente en prácticas desde el pasado mes de diciembre. 

A lo largo de los últimos días, se han lanzado distintas críticas contra la Policía, especialmente, contra agentes de la Unidad de la Policía Judicial de la comisaría del distrito Centro de Madrid, encargados de las pesquisas. En primer lugar, por ser este departamento quien se haya hecho cargo de las mismas y, en segundo término, por la forma en que ha desarrollado el ya denominado caso Malinche. Este jueves, algunas voces del cuerpo denunciaron que los agentes implicados se saltaron todos los protocolos policiales, según publicó El Mundo. Porque una comisaría de distrito no está facultada para una actuación en la que puede haber delitos contra los seres humanos. 

¿Debe llevar el caso otra unidad?

Por tanto, proseguían, el mando de las dependencias, el comisario principal Alberto Carba, debería haber elevado las actuaciones a la Brigada de Extranjería de Madrid, especializada en los asuntos que se investigan. Pero, ¿se excedió la Policía realmente en este sentido? Distintas fuentes policiales con las que ha podido conversar THE OBJECTIVE recuerdan que los conflictos por las competencias siempre han existido y existirán en el cuerpo, y que, en este caso, tal como marca la ley de las fuerzas de seguridad, cualquier agente de policía judicial está capacitado para llevar a cabo una investigación, como ha ocurrido con el caso Malinche.

«No existe tanta protocolización ni jerarquías en el cuerpo. Siempre hay conflictos por quién lleva determinados temas», insisten estas fuentes. Cabe recordar, entre tanto, que la denuncia que inició las pesquisas fue interpuesta por una de las bailarinas en la comisaría del distinto Centro. Lo normal, prosiguen, es que se haga un cribado de todas las denuncias y se lleve a cabo un reparto entre los jefes. «Lo lógico es que se hubiese encargado el grupo de Extranjería, pero es cierto que en esta unidad suelen estar colapsados con las peticiones de asilo, y finalmente, de los temas de investigación suele encargarse Policía Judicial». 

La citación de Nacho Cano

En cualquier caso, insisten distintas fuentes policiales, que una comisaria de distrito «se encargue de una investigación de este tipo no supone el incumplimiento de ningún protocolo». Menos en el caso de la comisaría del distrito Centro madrileño, «la más grande de Europa, y que se ha hecho cargo de casos muy importantes». Sí que advierten, sin embargo, posibles irregularidades en las actuaciones que se llevaron posteriormente a cabo con el productor musical y sus supuestos becarios. En concreto, en el modo en que se detuvo a Nacho Cano.  

Según contó en una rueda de prensa, agentes de la citada comisaría le llamaron por teléfono para que se personase en las dependencias policiales, sin informarle de que se le investigaban los delitos contra la población inmigrantes y contra los derechos de los trabajadores. De modo que, cuando llegó a la comisaria de distrito Centro, se le comunicó que estaba detenido y acusado de los mencionados delitos. Él se negó a declarar y, tras diez minutos, fue puesto en libertad a la espera de ser citado por el juez. Fuentes policiales advierten que el protocolo de actuación policial, que se actualizó tras varias reclamaciones del Defensor del Pueblo, exige informar previamente al detenido de los delitos y de si requiere de un letrado. 

Los interrogatorios

En las denuncias de los 17 supuestos estudiantes en prácticas del musical contra los agentes de Policía que les interrogaron, a los que acusan de un presunto delito de coacciones y de otro de falsedad en documento público, los jóvenes revelan que se vieron obligados a declarar bajo la constante amenaza de ser deportados por su situación irregular y que, en todo momento, pese a ser ellos las presuntas víctimas, «se sintieron indefensos y maltratados». De hecho, señalan que en ningún momento se les informó en calidad de qué estaban allí. 

Cabe destacar que, si como reconocen los becarios de ‘Malinche’, se vieron obligados a declarar por parte de la Policía en el curso de la investigación a Nacho Cano así como a otros de sus trabajadores, esto constituiría otra irregularidad. Según revelan fuentes policiales, al ser testigos del caso no existía ninguna obligación de prestar declaración ante la Policía Nacional, esto solo ocurre cuando son llamados en calidad de testigos ante la autoridad judicial. 

Por otro lado, una de las denunciantes destaca en su escrito presentado en el juzgado que los policías le hicieron distintas preguntas de índole sexual, todas ellas dirigidas hacia el director del musical por si «se le había insinuado», es decir, si se había producido algún tipo de acoso sexual contra ella durante su formación en el musical madrileño, un extremo que nada tenía que ver con la investigación que está siguiendo la Policía Nacional, critica la joven. 

Esto último, sin embargo, advierten las fuentes consultadas, sí puede ser común en este contexto, cuando se investiga un posible delito de explotación laboral. «La Policía tiene que saber en qué circunstancias están trabajando. Además, los estudiantes no saben si estas cuestiones pueden devenir de la denuncia de la bailarina con la que se inició la investigación», explican. 

Nacho Cano matiza sus palabras contra la Policía

Frente a todas las acusaciones vertidas por el entorno y por el propio Nacho Cano contra la Policía, todos los sindicatos policiales han cerrado filas en torno a sus compañeros. En distintos comunicados, las organizaciones han criticado al empresario por calumniar tan gravemente al cuerpo cuando está cumpliendo su deber de perseguir los presuntos delitos que se haya cometido. De hecho, tras las distintas críticas de los sindicatos, Cano ha matizado sus palabras y ha explicado que se refería solo a los agentes de la investigación. «Yo respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha señalado. 

Por su parte, desde la Policía Nacional mantienen que los jóvenes en prácticas fueron informados en todo momento de su condición de víctimas y que estaban siendo engañados por el director del musical, puesto que trabajaban para él, sin saberlo, en situación irregular en España. Los becarios tenían denegado el permiso de estudios desde el pasado mayo, por lo que desde esa fecha debían abandonar el país. A esto, además, se sumaban una serie de condiciones laborales y económicas precarias. Los alumnos cobran 500 euros al mes, comparten cuatro habitaciones en un hostal y ensayan durante diez horas diarias de lunes a sábado.

Lo que sí mantiene el productor de Malinche es que su detención obedece a una operación de Interior contra él por «ser amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso». E insiste en que los jóvenes mexicanos no eran trabajadores, sino que forman parte de una beca privada por la que se ha formado a los bailarines y actores para que luego integren el elenco del musical que se estrenará en un futuro en México. «No hemos explotado a nadie, solo hemos tenido a 17 becarios, y Malinche sufraga todos los gastos».