La Justicia madrileña pide al Supremo que impute al fiscal general por el 'caso Ayuso'
El juez mantiene la imputación de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, mientras archiva la causa contra Julián Salto
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha presentado este lunes una exposición razonada por la que se solicita al Tribunal Supremo la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tal y como adelantaba THE OBJECTIVE en exclusiva este lunes de madrugada y ha sido confirmado oficialmente durante el mediodía del lunes, el juez Francisco José Goyena, encargado de la instrucción de la causa abierta tras la querella presentada por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la revelación de parte de sus datos fiscales, también se ha pronunciado sobre la situación procesal de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, ambos investigados en la causa. El juez mantendrá la imputación de Pilar Rodríguez mientras archivará la causa contra Julián Salto, al considerar que los responsables de las filtraciones fueron sus superiores jerárquicos.
El magistrado acuerda el sobreseimiento libre de las presentes actuaciones respecto del querellado Julián Salto Torres, al entender que las diligencias de investigación practicadas «ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental». En otra resolución, el magistrado instructor eleva exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que éste tome en consideración, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias, toda vez que, señala el auto «nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado».
Esta decisión llega tras los interrogatorios realizados por el magistrado a Pilar Rodríguez y a Julián Salto en calidad de investigados por un delito de revelación de secretos. Durante el interrogatorio, Salto manifestó que su jefa, Pilar Rodríguez, le solicitó los correos electrónicos que había intercambiado con el abogado del novio de Ayuso. Posteriormente, Rodríguez reenvió estos correos al fiscal general. Álvaro García Ortiz, a su vez, ordenó la publicación de una nota de prensa con los datos reservados del pacto de conformidad que estaban negociando el abogado de González Amador y la Fiscalía Provincial de Madrid.
Confesión de García Ortiz
Álvaro García Ortiz confesó estos hechos en un comunicado de prensa hace un mes. El fiscal general del Estado reconoció su responsabilidad y aseguró que había presentado un escrito ante el TSJM el 10 de junio, asumiendo la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que desmentía informaciones falsas sobre un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. García Ortiz argumentó que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de dicha nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones expresas.
Así, añadía: «El Fiscal General responde al magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
Causa en el TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está investigando una querella presentada por Alberto González Amador contra dos fiscales, acusándolos de presuntas filtraciones a la prensa relacionadas con su caso de delitos fiscales. González Amador acusó a los fiscales de revelación de secretos después de que la Fiscalía de Madrid publicara un comunicado detallando la investigación en su contra, confirmando informaciones previamente difundidas por los medios. El TSJM aceptó la querella y abrió una causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos encargado del caso, Julián Salto.
Sin embargo, según información de THE OBJECTIVE, Julián Salto rompió con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar la implicación penal del fiscal general del Estado en esta causa. Salto contrató a su propio abogado y rechazó la representación de la Abogacía del Estado. Fuentes judiciales indicaron que Salto percibía «intereses contrapuestos» y, por ello, decidió no utilizar los servicios jurídicos ofrecidos.
La causa abierta en el TSJM tiene importantes implicaciones tanto políticas como judiciales. La revelación de datos fiscales confidenciales ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto en entredicho la gestión de la Fiscalía en casos sensibles. La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría tener consecuencias significativas para el Gobierno de Pedro Sánchez.
