La Policía retrasa la investigación judicial contra el jefe de Cataluña por acoso y prevaricación

Seis meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase reabrir la investigación contra David Molano, inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid, y Manuel Rodríguez Jiménez, jefe superior de Policía en Cataluña, por supuestos delitos de prevaricación administrativa, acoso laboral y lesiones psíquicas, el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, encargado del caso, apenas ha registrado avances, según advierten fuentes jurídicas. La causa se inició a raíz de la querella que interpuso en 2022 un subinspector de Policía contra ambos responsables policiales, cuando eran sus superiores jerárquicos. 

El caso, no obstante, ganó notoriedad después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nombrase al comisario principal, Manuel Rodríguez, nuevo responsable de la Jefatura de la Policía en Cataluña a finales del pasado enero. Hasta entonces, había sido jefe de la citada Brigada de Seguridad Ciudadana en la Comunidad de Madrid, donde se desarrollaron supuestamente todos los hechos denunciados por el subinspector, conocido por ser el mando que estuvo al frente de la polémica intervención de la ‘patada en la puerta’. Una actuación por la que fue acusado de allanamiento de morada y finalmente absuelto por un jurado popular en noviembre.

En cualquier caso, insisten las mismas fuentes, el parón en la causa se debe en gran parte a la dilación de la Dirección General de la Policía para remitir al juzgado todos los documentos que le requirió la juez instructora, Coro Monreal Coro, en una providencia, el pasado 24 de enero. Tras admitir la petición de la defensa del querellante, la titular envió distintos oficios al departamento dirigido por Francisco Pardo Piqueras. Una petición de información que, casi medio año después, sigue sin responderse por parte de la Policía. Por este motivo, el subinspector pidió hace una semana a la juez que requiriese de nuevo a la Dirección General para que cumpliese con el mandato.

Lo que la juez pide a la Policía

Entre las solicitudes de la juez al cuerpo están distintos listados y certificaciones de antigüedad de los subinspectores que se incorporaron al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía en Madrid después de que el querellante fuese trasladado forzosamente a otra unidad, una vez se le abrió un expediente disciplinario. Una serie de documentos que prueban, a juicio del demandante, la «prevaricación» bajo la que actuaron los mandos investigados moviéndole a otra unidad y sustituyéndole por otros subinspectores de menor antigüedad cuando no había necesidades del servicio ni ninguno de los motivos alegados en el expediente. 

En la querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el subinspector, de baja por ansiedad a causa de las presuntas conductas sufridas por parte de sus superiores, relata una serie de episodios entre 2021 y 2022 en los que los investigados desarrollaron, según reza el escrito, «labores de obstaculización hacía él» hasta que el punto de «sancionarle» cesándole de su puesto bajo el pretexto de «optimizar los recursos de la plantilla».

Por otro lado, el agente también aporta distintas conversaciones en un grupo de WhatsApp en las que su superior, David Molano, le reprocha diversas actuaciones. La primera de ellas, fechada el 6 de marzo de 2021, «por haber informado al comisario antes que a él de un apuñalamiento». Otras, el 21 y 22 de marzo, en las que le «transmite la enhorabuena» por una intervención en un piso de la calle Lagasca, en Madrid; y poco después, otra conversación en que «cambia de opinión» y da orden, el 9 de abril, «de no derribar otra puerta por delitos de desobediencia grave». Finalmente, en la misma línea, le deja otro mensaje el 21 diciembre, en el que directamente le dice «que no entre a ninguna casa y espere a que lo pagan otras unidades». 

La «amenaza» del comisario 

El policía también aporta una intervención por violencia de género. Una actuación en la que decidió entrar a la vivienda para detener sin éxito al infractor, que huyó por la ventana y finalmente fue arrestado a las horas por «una patrulla camuflada cuando las otras se retiraron y el infractor regresó». Como consecuencia de este proceder, el 6 de febrero de 2022, el inspector jefe le comunicó que «no había gustado su intervención porque no había esperado a las unidades específicas» y que «iba a ser cesado en su destino, debiendo incorporarse el 28 de febrero a su nuevo puesto». 

Por último, el querellante revela la celebración de una reunión, diez después de su cese, en la Jefatura de Seguridad Ciudadana. Un encuentro en el que el comisario jefe de la Brigada, Manuel Rodríguez, «amenazó» a «unos setenta policías» que se habían posicionado en contra de la destitución de su compañero. Así, les advirtió de que «tuviesen un poquito de cuidado con reflejar algunas ideas, que eran libres de hacerlo como consideren oportuno, pero podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutos de apoyo al subinspector se convierta en una queja colectiva». 

Y continuó, según reza la querella: «Las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas, y hasta donde yo sé, también en esta Brigada, no hace tanto tiempo se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, no de la Brigada, de esta Jefatura, por una queja concertada; y fue una falta grave con cinco días de suspensión de empleo y sueldo, que eso acarrea algunas consecuencias de cara a su futuro profesional». Una serie de testimonios que el subinspector ha aportado al juzgado a través de grabaciones y distintos vídeos.