La llegada de inmigrantes a las Islas Canarias se dispara un 160% en apenas un año
El Gobierno canario acoge a 6.000 menores, el triple de su capacidad. Hasta julio, han llegado a las islas 19.793 personas
Un grupo de inmigrantes, a su llegada al archipiélago canario. | EP
La llegada irregular de inmigrantes a Canarias ha registrado un repunte del 160% hasta mediados de julio respecto al mismo periodo del año pasado, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior. En los primeros siete meses del año, han arribado a las costas del archipiélago 19.793 personas, a bordo de 305 embarcaciones precarias, frente a las 7.590 que habían llegado en 2023. Unas cifras que evidencian la grave crisis migratoria que sufre la comunidad autónoma y alertan, especialmente, de la situación en la que se encuentran los menores migrantes, cuya tutela depende del Gobierno autonómico y que ya alcanzan la cifra de 6.000, el triple de los que pueden acoger las islas.
Si bien es cierto que en los últimos meses los flujos migratorios procedentes de las costas africanas —principalmente, de Mauritania y Senegal— hacia Canarias ha descendido respecto a los dos primeros meses del año, las previsiones de los gobiernos central y canario no son positivas. Es más, auguran que puedan llegar al archipiélago decenas de miles de personas más, habida cuenta de que unas 70.000 aguardan en territorio africano para completar la ruta atlántica. La información que maneja el Ministerio del Interior es que la mayoría de llegadas se registrarán a finales del verano, como ocurrió el año pasado, cuando condiciones del mar son más propicias.
De este modo, si se cumplen los pronósticos, a finales de año habrían llegado de forma irregular a las islas unos 90.000 inmigrantes, una cifra que rompería con todos los registros previos. En una rueda de prensa, hace una semana, el ministro Fernando Grande-Marlaska habló de la difícil situación que atraviesan los países de origen, en concreto, Mauritania, para justificar el aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias. «¿Alguien sabe que en Mauritania hay más de 300.000 refugiados? ¿Y la presión social a la que están sometidos? Lo mismo ocurre en Malí, Níger, Burkina Faso… Las circunstancias son distintas a las de 2023 o 2022, y estamos adaptando nuestro trabajo para buscar soluciones con todos los países», sentenció.
La reforma de la ley de extranjería
En paralelo, la situación de colapso con la acogida de menores migrantes se agrava cada día. El Gobierno autonómico ya no se esconde a la hora de admitir que es incapaz de garantizar los derechos de estos jóvenes. El desbordamiento que sufren en los más de 80 centros de acogida de que disponen —muchos de ellos, improvisados en los últimos meses—es total, tras el aumento de las llegadas irregulares a las islas. Y, en este contexto, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto voluntario de estos niños y adolescentes apenas va a tener efecto en el archipiélago.
Pese al revuelo generado en torno a la Conferencia Sectorial de Infancia y a la propuesta de reforma de la ley de extranjería, consensuada por el Gobierno central y el canario, para hacer obligatorio el sistema de derivación de los menores migrantes entre las regiones, lo cierto es que la reunión, celebrada el pasado miércoles en Tenerife, apenas registró avances. Las comunidades, a excepción de Cataluña, se comprometieron a asumir la acogida de 347 menores de Canarias y Ceuta, en el marco de un reparto voluntario que estaba pendiente de aprobar desde 2023. Es decir, no suponía ninguna novedad. Se trata de un cupo anual establecido hace dos años entre las regiones que, en cualquier caso, ha demostrado ser insuficiente para hacer frente al problema.
Principalmente, porque casi en ningún año ha llegado a completarse por cuestiones burocráticas o de otra índole entre las regiones afectadas, un asunto en el que Canarias también ha asumido su responsabilidad. Sin ir más lejos, en 2023 solo Andalucía, Aragón y Asturias asumieron sus cuotas. En los últimos tres años, se han derivado a las regiones unos 700 menores. De modo que, pese a lo pactado y teniendo en cuenta los datos oficiales, las regiones solo han aceptado acoger ahora al 8,5% de los menores que necesita reubicar Canarias (4.000). Esto último sin tener en cuenta lo que ocurre en Ceuta, que ha advertido que sus centros de acogida también sufren una sobreocupación del 365%.
El PP mantiene su ‘no’
La reunión celebrada entre las comunidades autónomas culminó, de este modo, sin éxito alguno para la modificación de la norma. El objetivo era convencer a las comunidades gobernadas por el PP, cuyo voto resultará crucial para su aprobación en el Congreso tras la negativa de los socios catalanes del Gobierno, que han exigido un trato singular y mantenerse al margen del reparto de niños y adolescentes migrantes a las comunidades autónomas.
La proposición de ley, finalmente, fue registrada este lunes en el Congreso de los Diputados. Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijoó, no obstante, se mantienen en el no. El PP trasladó al Ministerio de Política Territorial toda una serie de exigencias para aprobar la reforma de la ley, entre ellas, declarar la situación de emergencia migratoria para agilizar todos los contratos relacionados con la acogida de menores en las regiones, así como partidas presupuestarias concretas, no solo durante el primer año, sino también más adelante para procurar a los migrantes una adecuada formación e integración.
Un reparto desde Canarias y Ceuta
Desde el Gobierno, según fuentes del PP, sin embargo, no se ha iniciado ninguna negociación con estos últimos para sacar adelante la nueva norma, que pretende establecer un sistema de derivación obligatorio cuando las capacidades de acogida de una región sobrepasen el 150%, informó Paloma Cervilla.
De aprobarse, la distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, además de Cataluña. La más perjudicada por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. No obstante, este sistema, fijado para el reparto voluntario, podría modificarse a posteriori de la aprobación de la nueva norma.
