El Gobierno declara ilegales las condenas a 13 «víctimas inocentes» del franquismo
El ministro Ángel Víctor Torres ha entregado las declaraciones de reparación a familiares de represaliados
Imagen del acto de reconocimiento de las víctimas del franquismo en Valencia. | Servimedia
El Gobierno ha entregado este jueves una serie de reconocimientos de reparación a 13 represaliados por el franquismo en las que se declaran ilegales e ilegítimos tribunales, jurados, condenas, sanciones y resoluciones contra estas víctimas que «fueron humilladas, maltratadas y asesinadas por defender la libertad y el orden constitucional», según ha manifestado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Éste, que ha presidido el acto junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que estas declaraciones, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, cumplen con el derecho a conocer la verdad de lo que pasó, al reconocimiento y a la reparación de personas y familias que vivieron décadas silenciadas. «Todas ellas fueron víctimas inocentes a las que honramos hoy aquí», ha remarcado.
Estas son las personas reconocidas: Juan Peset Aleixandre, médico y rector de la Universidad de Valencia; Vicente Miguel Carceller, director de la revista La Traca; Carlos Gómez Cabrera, dibujante de La Traca; Consuelo Galvis Perucho, quien estaba encarcelada cuando fusilaron a dos de sus tres hijos; Juan Álvarez Madrid, jornalero afiliado a la CNT; Juan Manuel Contreras García, concejal de Godella; Ramón Darijo Castillo, trabajador afiliado a la CNT; José Celda Beneyto, labrador; Julio Giménez Jordán, periodista y presidente de una asociación de prensa; Gonzalo Tejero Langarita, policía municipal de Valencia; Pascual Blasco Marco, fundador de la UGT en su pueblo; Doroteo Coronado Serrano, familiar del guerrillero Basiliso Serrano, y el ferroviario Dámaso Cabanillas Roso.
«Hoy saldamos una deuda heredada de nuestras abuelas, que nos transmitieron la preocupación de sus maridos, porque sus hijos y nietos no nos avergonzáramos, porque ellos murieron inocentes. Con esa petición acaban las cartas escritas minutos antes de ser fusilados», ha manifestado Matías Alonso como representante de los familiares.
Según ha expuesto, son certificaciones que se otorgan a «hombres víctimas de fusilamientos y represiones; hombres que iban al pelotón o a la celda, dejando fuera, muertos en vida, mujeres e hijos a quienes se les derrumbaban los cimientos del edificio familiar. Estos reconocimientos son también para aquellas mujeres que quedaron solas en la vida a cargo de unos hijos a los que también mataron su niñez», ha subrayado.
El ministro Torres ha insistido en su compromiso de seguir desarrollando y potenciar la Ley de Memoria Democrática y ha invitado a las comunidades autónomas del PP que impulsan leyes de «concordia» a negociar con el Gobierno su contenido «para que realmente sean leyes que promuevan la reparación, la verdad y la justicia».
Además, ha advertido que «no es aceptable» que esas leyes igualen periodos históricos democráticos con la dictadura, «como tampoco es admisible no condenar expresamente el franquismo». «Esas leyes tampoco pueden obstaculizar la labor de las entidades memorialistas encargadas de la exhumación, identificación y reparación de personas represaliadas que siguen en fosas comunes y cunetas», ha añadido.
Si no se paralizan esas leyes, ha reiterado que hay un procedimiento reglado, a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que será activado para abrir un periodo de diálogo con la Comunidad Valenciana. «Esperamos que lo acepten –ha abundado–. El PP, tras haber roto la ultraderecha su pacto de gobierno dispone ahora de una excelente oportunidad para reconsiderar su posición y demostrar que está del lado de los demócratas y de los derechos humanos».
Morant, por su parte, ha defendido la necesidad de «honrar la memoria de quienes perdieron la vida por creer en algo tan elemental como la convivencia y por defender un sueño que hoy nos parece normal y cotidiano: vivir en una sociedad democrática, en una España moderna, plural, diversa y solidaria».
