España es el único país de Europa que da amparo legal e institucional a los okupas

¿Tiene España un problema con la okupación más grave que el resto de Europa? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que «los bulos han hecho que el 34% de los ciudadanos teman que les okupen su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas del país». De esta afirmación pronunciada en la presentación de su plan de regeneración democrática se desprende que solo están okupadas cerca de 15.000 viviendas, el 0,06% de los cerca de 27 millones de inmuebles residenciales que hay en el país en total.

Sin embargo, la realidad de la okupación es mucho más compleja. La cifra que destacó el presidente hace referencia no al total de pisos okupados, dato que no se contabiliza en España, sino a los nuevos casos de okupación (allanamientos y usurpaciones de inmuebles) registrados por Interior en el último año.

Si, por el contrario, se compara el número de nuevas okupaciones en un año con las nuevas viviendas construidas en un año, la proporción se incrementa hasta un 15% aproximadamente. Aun así, los expertos jurídicos alertan de que el número de casos es en realidad mucho mayor, pues la mayoría no se denuncia y no acaba en las estadísticas de Interior. Algunos ayuntamientos tienen registros más certeros al contabilizar también los pisos okupas conocidos por su policía municipal o los servicios sociales, pero estos datos no están disponibles en todas las localidades ni existe un recuento a nivel nacional.

A escala europea, se da un problema similar a la hora de cuantificar el fenómeno okupa, aunque las estimaciones de otros países sugieren que la magnitud del problema es más reducida que en España. Y es que si bien la tradición antisistema del squatting está arraigada desde hace décadas en todo el continente, el caso español es único en tanto que los últimos cambios legales para proteger a la población vulnerable socialmente han retrasado los procedimientos de desahucio de los ocho meses de media a entre dos y tres años o incluso más, dependiendo de la saturación de los juzgados en cada zona, generando una situación de indefensión del propietario que han aprovechado otros tipos de okupas no ideológicos, desde mafias hasta inquilinos que optan por costearse un abogado antes que pagar el alquiler.

En Italia, se calcula que un total de 50.000 edificios están okupados. Reino Unido estima tener unos 20.000 okupas activos en todo el país y en Francia, que aprovó una ley para echar a los intrusos en 72 horas, se ha recuperado el 75% de 124 propiedades usurpadas. En Alemania, el movimiento okupa se ha concentrado tradicionalmente en el Berlín del Este, donde ya se han demolido o recuperado la mayor parte del medio millar de construcciones que se encontraban en esta situación. La crisis de acceso a la vivienda se extiende a toda Europa, pero mientras a un lado de los Pirineos se ha intentado responder a ella a través de la promoción de pisos sociales, al otro la okupación se ha convertido en una de las válvulas de escape ante la escasez de residencias.

«No hay datos porque los datos de Interior y Justicia están basados en denuncias», sintetiza Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, que lamenta que en España se permita operar a empresas de desokupación, «que son una aberración porque coaccion, cobran dinero y luego igual solo ponen pegamento en la cerradura, toman el pelo a la gente». «El Gobierno ha promovido estas empresas porque no aparecen en las estadísticas y eso les encanta, intentan que se judicialice la okupación lo mínimo posible», señala.

A pesar de ello, asegura que «la justicia funciona cuando se actúa bien contra los okupas». Subraya que «uno de los puntos que diferencia España del resto de Europa es que existe una política de Estado que está protegiendo al okupa, y esto no ocurre en Inglaterra o Alemania». «Somos un caso muy atípico porque la ideología que está imperando busca una cartera de clientes enorme, los votantes del mundo de la okupación saben que si cae el Gobierno, se van a calle», añade el autor de Invasión okupa, que recuerda que «no se han hecho los deberes en vivienda social».

Miranda denuncia que desde el Gobierno «han sacado leyes para romper la defensa del propietario y las leyes antidesahucio además lo potencian con el regalo de certificados de vulnerabilidad, que no hay delincuente que no tenga uno». «No deja de ser una masa clientelar enorme de lo más fiel a la hora de votar, una red clientelar absolutamente corrupta», expone.

El «efecto llamada» de la ley

Daniel Avilés, director de Seguro Contra Okupas, coincide en que el problema radica en la ley, porque «con lo fácil que sería ir con las escrituras y decir ‘esta propiedad es mía’ como en otros lugares, aquí es tu palabra contra la mía y hay que ir a un procedimiento judicial». Una situación que hace que «se alargue mucho más» el proceso de recuperación de la vivienda e incluso provoca, a su juicio, un «efecto llamada».

De hecho, alerta de que «a gente que vive de la okupación, les llaman para venir aquí, a la mina de oro de la okupación». «Es un problema de ley en que el propietario parece no tener el derecho total porque se entorpece algo que debería ser muy simple», concluye Avilés.