La abogada de la querella de Sánchez contra Peinado es la asignada al 'caso novio de Ayuso'
Zaida Fernández Toro es también quien relevó al letrado Martínez-Simancas en la causa contra González Amador
Pedro Sánchez y Begoña Gómez. | Ep
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
Esta abogada defiende a la fiscal Pilar Rodríguez, jefe de la Fiscalía provincial de Madrid, en la causa que González Amador tiene abierta contra el fiscal general del Estado por relevación de secretos. Como publicó el periódico El Debate hace unos días, Fernández Toro fue la abogada del Estado que firmó el informe con el que el Gobierno pedía al Supremo la aplicación de la amnistía a Puigdemont, incluyendo la totalidad de los delitos que pesan sobre el expresidente: desobediencia y malversación.
La abogada, que es también quien relevó al letrado Julián Martínez-Simancas en la causa contra González Amador, ahora llevará a cabo la querella que el presidente del Gobierno ha presentado ante el juez que investiga a su mujer, por citar a Sánchez como testigo y por la razón por la que se rechazó que declarase por escrito.
«Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada (…) contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable», apunta, en referencia a la testifical que ha tenido lugar esta mañana en La Moncloa.
Así, la Abogacía defiende a lo largo de 35 páginas que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.
«Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada», asevera.
Este martes, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez al ampararse en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que fija que como cónyuge de Begoña Gómez está «dispensado de la obligación de declarar».
