Solo el 5% de los 5.000 menas que llegaron a España en 2023 eran niñas
La Fiscalía advierte de que «la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas» de España
Jóvenes inmigrantes llegan en patera a la costa de Cádiz. | Efe
El año pasado se registró un notable incremento en la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) a España por vía marítima, en pateras u otras embarcaciones, habiendo sido localizados 4.865, frente a los 2.375 que llegaron durante 2022. De estos, 4.627 eran varones y sólo 238 niñas (el 4,89%), siguiendo la tendencia de años anteriores. La mayoría de ellos llegó procedente de Senegal (1.780), Marruecos (1.075), Gambia (657) y Argelia (472).
Con esta llegada masiva, 2023 cerró con 12.878 menas bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, frente a los 11.417 del año 2022. En total, 10.570 niños y 2.308 niñas. Entre estos, siguen predominando los marroquíes (4.083), por delante de los senegaleses (2.159), ucranianos (1.778) y gambianos (1.074).
En cuanto a las diligencias preprocesales de la determinación de la edad, durante 2023 se incoaron 7.422, lo que supone un importante incremento respecto a las 4.805 tramitadas en 2022. 2.436 resultaron ser mayores, 3.231 eran menores o existían posibilidades de que lo fueran y 1.755 concluyeron sin determinación de la edad por abandono de los centros antes de poder practicarse diligencias. Esto significa que tan solo el 43,53% de los menas fueron acreditados como menores.
Los datos se extraen de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este jueves, que advierte de los problemas que están teniendo para con los expedientes de determinación de la edad, «derivados del elevado número a los que hay que hacer frente, no solo aquellos que se incoan nuevos, sino también los derivados de las posibles modificaciones al aparecer nuevas pruebas».
En este sentido, se resalta que la provincia de Tenerife «se vio totalmente desbordada de un día para otro, a partir del mes de septiembre, para hacer frente a un número ingente de expedientes para la determinación de la edad». Ahí, entre los meses de septiembre a noviembre se incoaron 1.284 expedientes. De los resueltos, 100 fueron decretados como mayores de edad y 199 como menores de edad.
Respecto a su localización, la fiscal delegada autonómica de Canarias señala que se ha alcanzado «una exquisita coordinación entre todos los actores encargados de alguna forma de localizar a un presunto menor extranjero no acompañado».
El problema migratorio
La Fiscalía también llama la atención de cómo «la saturación existente en los centros de menores» se debe a que «un gran número [de los inmigrantes llegados] refiere ser menor», sin que se pueda determinar su edad con exactitud. También admite que «la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas no solo de nuestro país y de Europa, sino del mundo entero».
La memoria también destaca cómo en julio del año pasado comenzó una llegada «ingente» de cayucos a las islas de Tenerife y El Hierro, con una media de 100 personas diarias, que se extendió a todas las costas y que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Por ello, ya desde finales del año pasado, y a lo largo de este, la Fiscalía ha iniciado el contacto regular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializados para coordinar las investigaciones de gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada trasnacional.
Esta preocupación está determinando el enfoque de la unidad especializada. No sólo se hace un seguimiento de todas las investigaciones policiales y judiciales que constituyen sus competencias, sino que se busca que el Ministerio Público español sea un «referente» en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
La inmigración es el principal tema de debate político en el inicio de este curso. El pasado terminó del mismo modo, con el Congreso aprobando la regularización de 500.000 inmigrantes y Vox rompiendo los gobiernos autonómicos con el PP por el reparto de menas. El nuevo comienza con una situación complicada en Canarias y Ceuta, sin un plan nacional sobre la mesa para distribuir a las personas y con un debate enconado entre el Gobierno y la oposición. Esta habla de «invasión migratoria» y el Ejecutivo replica censurando su discurso de «racista».
