Sánchez plantea medidas de transparencia mientras su Gobierno bate récords de opacidad
El primer trimestre de 2024 los ministerios denegaron 96 peticiones de información a través del Portal de Transparencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Archivo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan de Acción por la Democracia, un paquete de 31 medidas que afectará a numerosas leyes existentes y que requerirá otras nuevas. El plan tiene como objetivo, según el Gobierno, fomentar la transparencia en las instituciones públicas y los medios de comunicación. El Ejecutivo todavía tiene muchos matices que definir sobre este plan y sobre cómo prevé tramitarlo. La medida llega mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue batiendo récords en denegar peticiones de información, según los datos recogidos por THE OBJECTIVE del Portal de Transparencia, dependiente del propio Ejecutivo.
Sin ir más lejos, los ministerios denegaron 96 solicitudes de información pública en el primer trimestre de 2024, según los datos actualizados el pasado 31 de marzo. Se trata del tercer valor más alto de la última década, aunque por debajo de los récords establecidos en 2021 y 2022, con 120 y 100 denegaciones respectivamente. Las cifras del presente año muestran un incremento respecto a las 88 solicitudes rechazadas en el mismo periodo de 2023, marcando un crecimiento del 9% en solo un año.
Este aumento hace prever que 2024 puede cerrar con cifras muy cercanas a los máximos históricos de opacidad informativa que se registraron en los años anteriores, al menos en términos absolutos de denegaciones de información. Si la tendencia se mantiene, puede alcanzar las 533 denegaciones de 2022, la cifra más alta registrada hasta la fecha. En comparación, 2023 finalizó con 352 denegaciones, situándose como el tercer año más opaco desde la creación del Portal de Transparencia en 2014, durante la presidencia de Mariano Rajoy.
Desde su constitución, el Gobierno de coalición ha incrementado notablemente la opacidad en la Administración. En 2020, el primer año completo de la pandemia, se denegaron 284 solicitudes de información pública. Este número aumentó en 2021, alcanzando 419 denegaciones, y llegó a su punto máximo en 2022, con 533 rechazos, un 27% más que el año anterior. Este crecimiento sostenido contrasta con los datos del Gobierno de Mariano Rajoy, que denegó 115 solicitudes en 2015, 106 en 2016, y 170 en 2017, su último año completo en el poder.
En el primer trimestre de 2024, el Ministerio del Interior fue el que más denegaciones acumuló, con 30 rechazos, principalmente amparándose en razones de seguridad y prevención de delitos. Le sigue el Ministerio de Hacienda, que denegó 23 solicitudes, la mayoría relacionadas con asuntos financieros, como la información sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las ayudas concedidas a empresas como Air Europa, un tema especialmente sensible tras la irrupción del caso Koldo. Además, el Ministerio de Transportes rechazó 13 solicitudes y Trabajo, seis.
Entre las solicitudes más destacadas que fueron rechazadas se incluyen peticiones de información sobre la productividad de los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Valencia, el organigrama de esta entidad en Castilla-La Mancha, la publicidad institucional de Loterías, los acuerdos migratorios con Alemania, las llegadas de inmigrantes irregulares, la lista de suplentes del Benidorm Fest y la información sobre las embarcaciones de la Guardia Civil.
Las justificaciones
El Gobierno a menudo argumenta que la denegación de información está justificada por motivos de "seguridad nacional", «intereses económicos y comerciales» o «la confidencialidad en la toma de decisiones». Estas excepciones, recogidas en la Ley de Transparencia de 2013, permiten a la Administración negarse a proporcionar ciertos datos solicitados por los ciudadanos. Entre las justificaciones más utilizadas se incluyen también «la defensa», «la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales» y «el secreto profesional o la propiedad intelectual e industrial».
Un claro ejemplo de la opacidad financiera es el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. Desde hace más de dos años, Hacienda se ha negado a proporcionar información relacionada con los rescates empresariales, incluyendo detalles sobre el rescate de Air Europa y más recientemente la compra de acciones de Telefónica, argumentando que estos datos se encuentran protegidos por «intereses comerciales» y «confidencialidad en la toma de decisiones».
Récord en 2022
El año 2022 marcó un hito en esta materia, con 533 denegaciones de información pública, superando en un 27% el récord previo de 2021 (419). Ese año, los rechazos crecieron a un ritmo de más de 100 denegaciones por trimestre, una cifra sin precedentes. Los ministerios que lideraron la opacidad en 2022 fueron Interior, con 104 rechazos; Transportes, con 77; e Igualdad, con 68, destacando este último por haber denegado, en 65 ocasiones, información sobre los gastos del viaje de la ministra Irene Montero a Estados Unidos, argumentando «motivos de seguridad nacional».
También fue relevante la negativa del Ministerio de Transportes a proporcionar información sobre las incidencias en la red de Cercanías de Barcelona, la oferta de trenes en Madrid y las ofertas de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, justificadas principalmente por «intereses económicos» y «confidencialidad en la toma de decisiones».
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, que rechazó 31 solicitudes en 2022, se negó a ofrecer datos sobre medicamentos como el Tapentadol y el Budesonida, además de información sobre ingresos hospitalarios por problemas de salud mental desde 2011.
El 48,52% no se contesta
La Ley de Transparencia de 2013 fue creada para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, estableciendo el Portal de Transparencia como herramienta clave para hacer solicitudes a la Administración central y a otras instituciones como la Casa Real, el Congreso de los Diputados y el Banco de España. Sin embargo, la creciente tendencia a denegar información pública, especialmente desde la formación del actual Gobierno, ha provocado tensiones entre las demandas ciudadanas de transparencia y las justificaciones del Ejecutivo para preservar ciertos datos bajo excepciones legales.
Entre 2014 y 2022, se registraron 58.787 solicitudes de información, de las cuales solo 30.265 recibieron una respuesta completa. Es decir, el 48,52% de las solicitudes se deniegan, al menos, parcialmente. Esto resalta la brecha entre la intención de la ley y su aplicación en la práctica. La norma permite que los ciudadanos apelen al Consejo de Transparencia si consideran que sus solicitudes han sido rechazadas sin una justificación adecuada, aunque la Administración puede seguir amparándose en las excepciones previstas en la normativa.
