La Fiscalía alerta de que el aeropuerto de Barajas es un foco de inmigración irregular
Advierte de que las llegadas «masivas e incontroladas» colapsan los recursos policiales y sanitarios
Un grupo de ciudadanos senegaleses, en las salas de asilo de la T4. | TO
Que el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en el destino final de una nueva ruta de inmigración irregular hacia España es ya un hecho. La Policía había advertido de este tipo de casos tiempo atrás, pero a finales de 2023 y principios de este año miles de pasajeros africanos, la mayoría oriundos de Senegal, colapsaron todas las infraestructuras policiales y de acogida en las terminales. Del mismo modo en que otros trataban de llegar a territorio nacional saliendo de las costas de África hacia Canarias, estos ciudadanos habían cambiado el cayuco por el avión y tras hacer escala en Madrid, pedían protección internacional.
Un desafío sin precedentes que puso al límite la capacidad de gestión del Gobierno y del que la Fiscalía de Madrid ha alertado en la memoria anual que ha presentado recientemente, poniendo el foco en el caso de los menores, cuya tutela depende de la comunidad autónoma. En este sentido, el Ministerio Público señala que muchos de los expedientes de protección fueron incoados en el último trimestre de 2023 «debido a la llegada masiva de migrantes no acompañados indocumentados a nuestra comunidad».
Y «no solo los procedentes de las Islas Canarias, sino también», advierte la Fiscalía, «y de manera mucho menos controlada, a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, en vuelos procedentes de Casablanca y con destino a diferentes países sudamericanos que no solicitan visado de tránsito». Lo que «ha favorecido la inmigración irregular y la proliferación de llegadas de personas que dicen carecer de documentación y que, una vez en la zona de tránsito, no continúan su viaje, sino que solicitan asilo en nuestro país», apuntan.
Senegal y Somalia
El Ministerio Público detalla que se trata en su gran mayoría de personas procedentes de Senegal y Somalia que volaron haciendo uso de pasaportes de Kenia, «que después no tenían su poder, y que según declaran, recogían datos no veraces, como la edad», tras lo que muchos de ellos manifestaban ser menores y carecer de documentación para acreditarlo». Una situación que ha supuesto «un verdadero colapso, no solo en el aeropuerto, sino también en los recursos de primera acogida».
Entre tanto, el área de protección de menores de la Fiscalía de Madrid ha visto como se pasaba de 213 diligencias de determinación de la edad en el año 2022 a 404 en 2023, es decir, un 89,67% más. De este último dato, 203 fueron en los meses de noviembre y diciembre, tras lo que quedaron 94 pendientes de incoar a finales de diciembre, pues, dice el Ministerio Público, «no fue posible asumir la avalancha de asuntos diarios de esta naturaleza —más de 25 algunos días— que tenían entrada en la sección, y que se sumaban a los otros muchos asuntos que se tramitan y tienen entrada en esta área».
Del mismo modo, la Fiscalía de Menores pone énfasis en que las llegadas masivas al aeropuerto han repercutido también en el ámbito sanitario, donde se deben realizar las pruebas médicas que se consideran necesarias para determinar la edad de los indocumentados. La avalancha de pruebas, denuncia el Ministerio Público, ha supuesto «considerables retrasos en el servicio de radiología del hospital que da servicio a este fin, el Gregorio Marañón, y que supusieron, incluso, la suspensión de pruebas previstas de pacientes geriátricos y de pediatría».
La investigación de la Fiscalía
Las sospechas de que detrás de estos flujos pudiesen estar desarrollándose actividades ilícitas llevó a la Fiscalía a incoar unas diligencias de investigación en protección de menores. En consecuencia, en febrero de este año, la Policía Nacional desarticuló una red internacional que introducía a través del aeropuerto madrileño a inmigrantes de origen senegalés que se hacían pasar por menores para solicitar asilo a su llegada a España. La trata ideó una sofisticada ruta aérea —con origen en Casablanca— para introducir de manera ilícita en Europa a estos ciudadanos. En total, fueron detenidas 12 personas en Madrid y Alcoy (Valencia), entre ellas, el cabecilla de la red a nivel europeo.
La imposición del visado de tránsito a países como Senegal, Kenia o Somalia retuvo en febrero la entrada irregular de personas. No obstante, la Comunidad de Madrid alertó al Ministerio del Interior de otro repunte en el mes de junio, en este caso, con adolescentes y adultos que llegaban, principalmente, de Mauritania. Según datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno autonómico, «de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio llegaron a los centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo habían hecho a través de Barajas, en su mayoría procedentes de Mauritania».
Finalmente, en septiembre, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska impuso también a los mauritanos un visado de tránsito aeroportuario para poder transitar las zonas internacionales de los aeropuertos españoles, y así evitar otro colapso en las salas de protección internacional.
