Descontrol en los puntos violeta: el Gobierno no sabe ni cuántos hay ni cuánto cuestan
Un juez investiga a la exdirectora del Instituto de las Mujeres por posible desvío de fondos en estos espacios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. | Alberto Ortega (Europa Pres)
El Gobierno no sabe cuánto dinero destina a los denominados puntos violeta –espacios o servicios especializados en la atención, prevención, detección y apoyo en casos de violencia de género– y ni siquiera cuántos hay en España. No solo no se tiene constancia de cuánto se invierte, sino que tampoco existe un registro oficial sobre cuántos puntos violetas hay distribuidos a lo largo del país. La falta de control y organización en torno a estos espacios es evidente, y en el Ejecutivo de Pedro Sánchez impera una completa desinformación al respecto. No hay datos sobre el número de casos que han sido atendidos en estos puntos, lo que genera preocupación, especialmente en medio de una investigación judicial que ha detectado posibles desvíos de fondos públicos en los contratos vinculados a estos servicios.
En un intento de arrojar luz sobre esta situación, THE OBJECTIVE ha realizado una consulta a través del Portal de Transparencia. La pregunta planteada fue clara: «¿Cuál es la inversión total realizada en los puntos violeta desde su creación y cuántas mujeres han sido atendidas en el mismo periodo?». La respuesta del Gobierno ha sido vaga y poco informativa. El Ejecutivo explicó que «en los presupuestos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no existe una línea presupuestaria específica para cubrir la puesta en marcha de los puntos violeta». Y añade que estos puntos «podrían resultar gastos elegibles en la justificación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) destinados a las comunidades autónomas y entidades locales». Según esta explicación, el Ministerio de Igualdad promueve de manera general el establecimiento de los puntos violeta, pero estos se organizan de forma voluntaria, ya sea a iniciativa de entidades públicas o privadas.
Así, reconoce que «no se recogen datos sobre el número de puntos violeta que se establecen en España ni sobre las actuaciones que lleva a cabo cada uno» y que «no existen mecanismos de supervisión y control más allá del control del gasto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya mencionado».
Desvío de fondos
En este contexto de desorganización, se ha producido un posible delito de desvío de fondos públicos destinados a estos puntos violeta por parte de altos cargos del Ministerio de Igualdad. Así, el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha abierto una causa contra Isabel García, quien fuera alta funcionaria del PSOE y exdirectora del Instituto de las Mujeres, por la adjudicación de al menos 64 contratos por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE a sociedades creadas por ella y su pareja, Elisabeth García. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, el instructor ha dictado un auto con diligencias de investigación 713/24 a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
La denuncia, un documento de 32 páginas que fue publicado en exclusiva por este periódico, detallaba que Isabel García constituyó una Sociedad Limitada bajo el nombre de Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad SL, el 14 de febrero de 2022, en la que asumió el papel de administradora única. El documento también señalaba que Isabel García, debido a su notoriedad en el ámbito de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, en las que era reconocida como una experta en políticas feministas y de igualdad, habría asegurado el éxito de su empresa. Su experiencia le valió múltiples reconocimientos en el pasado, incluyendo el Premio Va de Dona de la Federación de Pilota Valenciana en 2022. A partir de la creación de su sociedad, comenzó a recibir adjudicaciones públicas por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE. Estas adjudicaciones, relacionadas con la gestión de los puntos violeta, levantaron sospechas.
Las empresas vinculadas a Isabel García, Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversidad SL e Imber Consultoría de Igualdad SL, se beneficiaron de al menos 64 contratos públicos. El valor total de estos contratos supera los 250.000 euros, una cifra significativa que ha generado alarma. Ante estos hechos, el sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernard, decidió llevar las posibles irregularidades ante los tribunales. Los delitos imputados incluyen prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público.
El juez ha abierto una causa judicial para investigar estos hechos. Según fuentes consultadas, Manos Limpias ha decidido transformar la denuncia original en una querella formal, lo que indica la seriedad de las acusaciones y la gravedad de las supuestas irregularidades. La investigación sigue en curso y será el sistema judicial el que determine si se cometieron los delitos mencionados y si hubo un uso indebido de fondos públicos.
