Ana Alós (Partido Popular): «No admitimos chantajes de Vox ni del Gobierno»

Ana Alós (Huesca, 1969) defiende la política y las propuestas del PP frente a la inexistente política actual o frente a los discursos de «brocha gorda» que, a su juicio, salen de Vox sobre esta materia. La responsable de inmigración del PP defiende analizar «caso a caso» cada uno de los alrededor de 500.000 inmigrantes irregulares que se encuentran en España y que, de acuerdo con la iniciativa parlamentaria apoyada por PP y PSOE antes del verano, aspiran a regularizar su situación próximamente.

PREGUNTA.- PP y PSOE votaron juntos la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que inicia el recorrido legal para regularizar a medio millón de inmigrantes en situación irregular en España. ¿Están condenados a entenderse o esa iniciativa encallará a partir de ahora?

RESPUESTA.- Nosotros entendimos que había que debatir y analizar la situación ya existente. Por eso votamos a favor de la ILP, en su toma en consideración. Había miles de personas en nuestro país que vinieron a trabajar, con sus permisos de trabajo y, debido a la pandemia, al cierre de las oficinas de extranjería y el colapso posterior en la Administración se habían quedado en una situación de irregularidad sobrevenida. Pero tenían la disposición para trabajar y ofertas de trabajo que habrá que tramitar.

P.- ¿Ustedes se dirigen solo a ese colectivo, afectado por la parálisis de la Administración en la pandemia?

R.- Nosotros dijimos que presentaríamos nuestras enmiendas, porque tal y como venía en el texto de la iniciativa legislativa, era general, sin condiciones. O sea, una regularización masiva para todas las personas que estaban en una situación de irregularidad desde antes del 2021. Y ni la ley vigente ni la normativa europea nos permite hacer una regularización masiva.

«La regularización de inmigrantes tendrá que ser caso a caso»

P.- ¿Qué es lo que propone el PP para solucionar esta situación?

R.- Que la regularización tiene que ser caso a caso, como marca la ley. En segundo lugar, de acuerdo con la Ley de Extranjería, las personas que viviendo en España en estos momentos tengan antecedentes penales sin cancelar, no pueden tener derecho a la regularización, sino que tienen que retornar a su país, igual que las personas sean reincidentes en delitos menos graves. Queremos que quien venga a nuestro país lo haga porque quiere venir a trabajar y asume los valores constitucionales y democráticos, también europeos. Vinculación total al mercado laboral. O sea: «Usted tiene un contrato de trabajo, o puede demostrar que tiene una oferta de trabajo, vamos a regularizar la situación». Por último, le decimos al Gobierno que dote de recursos a las oficinas de extranjería y asilo, para agilizar todos los trámites y evitar el colapso del que viene precisamente sobrevenida toda esa irregularidad. 

P.- ¿La idea es solo legalizar a quien en este momento tenga en mano una oferta de contrato laboral?

R.- Lo que no podemos es legalizar y regularizar a todas aquellas personas que han venido de forma irregular a través de las mafias en las vías irregulares, los flujos irregulares que están llegando a nuestro país, porque de alguna forma estaríamos dando carta de naturaleza a esas vías irregulares y favoreciendo que las mafias pudieran seguir trayendo a esas personas, jugándose la vida cada día, por ejemplo, a través de la ruta atlántica, la ruta canaria.

«Necesitamos personas extranjeras en determinados sectores, para cubrir puestos de trabajo»

P.- Si se calcula que todas esas personas están ya trabajando sin contrato y que tienen que aflorar su situación, ¿no creen que esa condición es, al mismo tiempo un escollo, por ejemplo, para el empresario que tiene que aflorar la contratación irregular previa?

R.-Nosotros no le preguntamos si está trabajando. No le estamos diciendo: «Aflore usted, que está en economía sumergida». Lo que le decimos es: «Si usted está antes de un momento determinado, no ha cometido delitos, se compromete con los valores de nuestro país y tiene una oferta de trabajo que se va a materializar en un mes, no tiene por qué apurarse». Que plantee que tiene una oferta de trabajo y eso cualquier empresa puede hacerlo, sin tener que comprometerse si antes estaba en economía sumergida o no. Necesitamos personas, también extranjeras, en determinados sectores, porque hay necesidad de cubrir esos puestos de trabajo.

P.- En todo caso, ¿les preocupa el gran titular «España regularizará a 500.000 inmigrantes que ya residen en España», por su efecto llamada?

R.- Por eso hemos elaborado la enmienda y puesto condiciones. Si no, estamos diciéndoles a las personas, que hay miles esperando en África, que pueden venir de cualquier manera porque luego se les va a regularizar.  No es posible, ni tampoco nos lo permite Europa. Por eso nosotros planteamos verlo caso a caso y que cumplan esas condiciones.

«En todas las regularizaciones extraordinarias que se han hecho, se ha vinculado al mercado laboral»

P.- ¿Se han equivocado entonces los sucesivos gobiernos socialistas y populares que han regularizado en bloque, en varias ocasiones, a miles de inmigrantes en situación irregular?

R.-No, nosotros hemos marcado en nuestra enmienda las mismas condiciones que se han exigido en todas las regularizaciones extraordinarias que se han llevado a cabo en nuestro país. Las mismas. No hemos puesto nada especial. En todas las regularizaciones extraordinarias que se han llevado a cabo vienen reflejadas condiciones vinculadas al mercado laboral. No ha habido ni una sola regularización que haya sido masiva, indiscriminada, porque es ilegal.

P.- ¿Han tenido algún contacto con el PSOE para tratar de pactar esas enmiendas o condiciones con ellos?

R.- No se han puesto en contacto con nosotros. Hemos registrado la enmienda y hemos hecho públicas nuestras condiciones. Ahora empieza el proceso de negociación, ya con el resto de los grupos parlamentarios y, lógicamente, estaremos abiertos a ver qué se plantea.

Menas: «Al Gobierno solo le interesa repartirlos y olvidarse del tema»

P.- Con respecto a la Ley de Extranjería, el portavoz parlamentario ha mantenido un encuentro con el ministro Ángel Víctor Torres para tratar de llegar a un acuerdo en la reforma legal. ¿Vinculan esta reforma a la negociación de la regularización y al reparto de los Menores Extranjeros no Acompañados (Menas)?

R.- Con respecto a la situación en Canarias, no puede desligarse del resto de la política migratoria, porque no podríamos estar hablando únicamente del reparto, que es lo único que le preocupa al Gobierno de España. O sea, repartir y olvidarse del tema. Si no se reducen los flujos de migración irregular que están llegando a Canarias, esto es una pasarela donde no van a dejar de llegar. Y la situación en otras comunidades, no solo en Canarias y Ceuta, está ya al límite de sus recursos, también. Esto no puede ser infinito. En lo que tiene que ver con ese control de flujos migratorios, para que dejen de llegar masivamente tiene que intervenir Europa. Por eso, en el acuerdo PP-Gobierno de Canarias, respaldado por todas las comunidades que gobierna el PP, es un acuerdo integral donde se habla de cómo planteamos el posible reparto de los menores, de qué compromisos tiene que adquirir el Gobierno también para ese reparto. Pero sobre todo, dentro de un ámbito de política migratoria global e integral, que aplique medidas para el control de nuestras fronteras, para evitar que estas personas que llegan de forma irregular, a través de las mafias, a nuestro país, no salgan de sus países de origen. Hay que actuar también en los países de origen. Hemos pedido que intervenga Frontex, que se pida desde el Gobierno de España y se apoye también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro de su ámbito de actuación, para que dispongan de más recursos en las oficinas de asilo.

P.- ¿Creen que la UE apoya lo suficiente a España en el control de fronteras?

R.- La semana pasada, la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, respondió a la carta que le había enviado nuestra eurodiputada, Dolors Montserrat, haciendo referencia a que están preocupados por la situación que se está viviendo. Por supuesto, hay mecanismos de reparto a través del mecanismo de solidaridad voluntario que existe. España tiene derecho y, desde la Comisión Europea, se ofrecía a ayudarnos, para entablar las conversaciones con el resto de los Estados miembros, para conseguir que ese reparto, también entre los distintos países europeos de los Estados miembros, se pudiera hacer efectivo. Pero, además, el propio director de Frontex, en una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, dijo que no entendían por qué España no pide ese refuerzo.

«Vemos lejano el acuerdo con el Gobierno para el reparto de menas»

P.- Con respecto al reparto de menas, ¿cree que habrá alguna posibilidad de acuerdo con el Gobierno, tal como están las cosas?

R.- Por ahora, vemos el acuerdo muy lejano, porque el Gobierno sigue únicamente centrado y solo interesado en repartir a los menores de Canarias, sin un compromiso claro de una financiación para hacer frente a esta situación. Nosotros vemos el acuerdo todavía lejano, pero no nos vamos a levantar de la mesa mientras haya una posibilidad de conseguirlo. El ministro Torres, de Administraciones Públicas, el portavoz del PP, Miguel Tellado, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron y buscaron un punto de partida para buscar una solución. Vamos a ver si el Gobierno sigue manteniendo ese punto de partida, porque ahora quiere hablar de otras cosas…

P.- Mientras, los menas siguen ahí y la Justicia ha rechazado la petición del Gobierno de Canarias de reactivar el protocolo de menas, que obliga al Estado a ocuparse de su identificación previa, por lo que el Gobierno canario no puede inhibirse…

R.- Lo que está viviendo es grave, porque los menores que llegan a Canarias a través de Salvamento Marítimo vienen del Gobierno, que los trae a un puerto de Canarias y les da un albarán con un nombre y se lo entrega a un miembro de una ONG, contratada por el Gobierno de Canarias, para atender a los menores en situación de desprotección. Ese protocolo, al que se acoge el Gobierno de Canarias, dice que cuando el menor llega a suelo español, tiene que ser identificado: de dónde viene, el contacto con su familia, etc.  Y no lo están haciendo. Con esa identificación clara se puede dar en acogida a la comunidad autónoma. El presidente de Canarias decía que, de repente, llegan 30 menores, nos los dan y resulta que los 30 tienen el mismo nombre y poco más. Entonces cómo hacemos nosotros para dar cobertura y tener la garantía de que la tutela de ese menor la podemos hacer efectiva si no sabemos ni cuál es, de verdad, su identificación. De eso es de lo que está hablando el Gobierno de Canarias, no de desatender a los menores.

«El que no está haciendo los deberes desde el minuto cero es el Gobierno»

P.- ¿Llegados a este punto, debe el resto de comunidades aceptar el reparto de menas para aliviar a Canarias?

R.- El problema es que las comunidades autónomas están haciendo su tarea de acogida, pero el que no está haciendo de los deberes, desde el minuto cero, es el Gobierno de España. Lo que hemos visto hasta ahora es que se está intentado desentender de todas sus obligaciones, que tienen que ver con la inmigración, echando la culpa a las comunidades. Lo que hay que hacer es actuar con lealtad, desde el Gobierno de España, convocar una Conferencia de presidentes, para tratar este tema en su integridad, establecer la declaración de emergencia migratoria para las comunidades autónoma, que si no, no pueden establecer la contratación de recursos de forma urgente. Porque en Canarias hay casi 6.000. Pero si el resto de comunidades no tienen recursos donde acogerlos. Al final, vamos a trasladar a menores que están en carpas en Canarias a carpas en el resto de comunidades. Pedimos al Gobierno de España que se comprometa a hacer las cosas bien, porque estamos hablando de menores que hay que atender con todas las garantías. Vamos a hacer las cosas con rigor, con seriedad y con recursos. Y aquí está claro que cuando empezamos a hablar del Ministerio de Hacienda empiezan los problemas.

«Pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad y trabaje para evitar los flujos irregulares de personas»

P.- El PP está alertando de que el aeropuerto se ha convertido en un punto de entrada de inmigración irregular. Ustedes pidieron los visados de tránsito. ¿Tienen previsto solicitar que se ponga en marcha alguna otra medida?

R.- Que yo que sepa, no se han tomado nuevas medidas, pero siguen llegando miles de personas a través del aeropuerto de Barajas, también de países con los que, teóricamente, hay acuerdos bilaterales que deberían cumplirse. Primero, cómo salen esas personas de su país, porque muchos de ellos van a otro país donde no se les exige visado, hacen parada previa en España, a través del aeropuerto de Barajas, y una vez aquí, como no se les exige el visado de tránsito, en cuanto pisan suelo español, piden el asilo. Si tuvieran ese visado de tránsito, no tendrían la opción de hacerlo. Nosotros pedimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y trabaje para evitar los flujos irregulares de personas que llegan a nuestro país, que en muchos casos vienen o bien a través de mafias por las vías marítimas, pero también a través del aeropuerto de Barajas. Y ahí hay que hacer mucho trabajo en origen, para que vengan con un visado de tránsito. Y el Gobierno de España también mira para otro lado.

«Vox tendrá que explicar a sus votantes por qué ha salido de los gobiernos autonómicos»

P.- Vox rompió en los gobiernos autonómicos con ustedes porque decía que les hacen el caldo gordo al Gobierno en su política migratoria. ¿Cree que con la posición que ha matizado el PP Vox debería replantearse esa ruptura?

R.- Sinceramente, creo que Vox se equivocó, porque el argumento que dio no era cierto. Dijeron que se había admitido el reparto de 400 menores en el acuerdo de la Conferencia Sectorial, cuando era un acuerdo que venía de 2022 y en 2023, y no dijeron nada. Fue la excusa. Serán ellos los que tienen que explicar a sus votantes por qué un partido que inicialmente vino para gobernar y aportar soluciones, se ha salido de los gobiernos,  renunciando a gestionar y a gobernar. Eso es lo que van a tener que explicar a sus votantes. Nosotros tuvimos claro, desde el desde el primer momento, que no íbamos a aceptar chantajes ni de Vox, ni del Gobierno de España, que es lo que nos han querido hacer desde también desde el primer momento. Tenemos un discurso propio, distinto al discurso de Vox en la política migratoria.

«Vox hace política migratoria con mensajes y soluciones de brocha gorda»

P.- ¿Cuáles son las diferencias?

R.- Nosotros no vamos a tratar la política migratoria, como hace Vox, con mensajes y soluciones de brocha gorda, sin entrar en detalles, sin decir cómo van a hacer eso y lo que plantean. Hemos entrado al fondo de la política migratoria concretando medidas, analizando el diagnóstico y las soluciones. Frente a ese discurso, Vox tendrá que decir qué es lo que quiere en política migratoria. Lo que no vale es decir: «No, que se vayan todos, no que no venga nadie». ¿Cómo vas a hacer eso? Necesitamos cubrir puestos de trabajo que se quedan sin cubrir en nuestro país. Y hay personas que quieren venir a trabajar, a tener su proyecto de vida y con respeto a nuestros valores…

P.- ¿Se refiere a la igualdad de derechos de las mujeres, por ejemplo?

R.- Tendrán que asumir que en España a las mujeres se les respeta. Y eso es lo que nosotros nos referimos también, cuando hablamos de los valores. Como decía, Vox tendrá que explicar cuál es su política migratoria, porque hasta ahora no la hemos visto. Solo política de trazo gordo.

P.- En un momento en que el problema de la inmigración es tan sensible en la población, ¿temen que su discurso pueda tener un coste político para el PP, si no se explica bien?

R.- Por eso, nosotros no estamos ni con la política del rechazo a cualquier persona que venga a nuestro país, ni compartimos ese posicionamiento político, que estamos viendo por parte de la izquierda, está haciendo una política que podríamos calificar de buenista, de la que puede venir cualquiera, de cualquier manera. Nosotros hemos querido ser serios y rigurosos planteando una política migratoria que acoja de forma regular a las personas que quieren venir a trabajar a nuestro país, fomentando lógicamente que aquellas empresas que necesitan personas que vengan a trabajar puedan conseguir que esas personas vengan desde el origen, ya con un contrato de trabajo, sin tener que jugarse la vida en el océano. Pero hay que hacer una política migratoria que ahora es inexistente en nuestro país.

«La conciliación es uno de los pilares pendientes de nuestro Estado del Bienestar»

P.- ¿La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país?

R.-Totalmente. Si algo está poniendo de manifiesto nuestra iniciativa (Proposición de Ley,  en materia de conciliación) es que es una asignatura pendiente. Todo el mundo se ve reflejado en muchas de las cuestiones que hemos planteado, tengan hijos o no. Cuando hablamos de conciliación, no hablamos únicamente del cuidado de hijos o de mayores. Hablamos también de la conciliación de la vida laboral y personal. Cualquier persona en este país se puede ver reflejada, también aquellas personas que no trabajan, porque no pueden tener un trabajo y, a lo mejor, medidas como las que hemos planteado dentro de nuestra ley como la gratuidad de la educación de cero a tres años, debe permitirles tener un itinerario de incorporación sociolaboral. El ámbito de la conciliación es la tarea pendiente, uno de los pilares pendientes de nuestro Estado de bienestar.

P.- Parece que su propuesta está provocando algún tipo de críticas al PP, por asumir el discurso de la izquierda, sobre todo en la jornada laboral. ¿Qué responde a esas voces críticas, también dentro de su partido?

R.- Primero, que son injustificadas, poco estudiadas. Y que niego la mayor. No estamos asumiendo ninguna bandera que no haya asumido ya desde hace muchos años el PP. La ayuda a la familia, mejorar las condiciones de vida de las personas forma parte de nuestros valores. La primera Ley de Conciliación y Familia que se hizo en España fue del Gobierno de José María Aznar, ya en el 99. Lo que nos planteamos ahora es actualizarla, porque lleva desde entonces con una deducción de 100 euros al mes por hijo. Al final, las políticas de conciliación que se han llevado a cabo en nuestro país, en muchos casos, han sido impulsadas por el PP, o defendidas por el PP, cuando han sido también propuestas por el PSOE, en materia de permisos.

P.- Me admitirá que el asunto sobre la reducción de la jornada laboral a cuatro días… por lo menos no se ha explicado bien…

R.- Se ha dado en el tiempo la coincidencia de nuestra ley de conciliación con nuestras medidas de flexibilidad laboral, con el debate y la propuesta de la vicepresidenta de la reducción de la jornada laboral. A la vez, en vez de sumar, Íñigo Errejón planteó la posibilidad de la jornada de cuatro días. Y dentro de todo eso, cuando al presidente Alberto Núñez Feijóo se le pregunta sobre si estaría de acuerdo en una jornada de cuatro días, respondió que es una posibilidad. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta habla de  flexibilidad laboral, un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. Si esa flexibilidad lleva a que, por acuerdo de empresas y trabajadores, se convierta en cuatro días laborables, nosotros no vamos a ser quien digamos que no, pero eso no va incorporado en nuestra ley.