Renfe se escuda en la ley de transparencia para no revelar el coste de su web
La operadora oculta a Transparencia el detalle de una inversión multimillonaria para modernizar su sistema de venta
Un tren de Renfe. | Archivo
Renfe ha realizado en los últimos años una inversión significativa para poder llevar a cabo una renovación de su página web. La inversión, necesaria para garantizar la accesibilidad y seguridad en la venta de billetes de tren, ha sido también multimillonaria a juzgar por las diferentes contrataciones públicas que ha ido licitando la operadora ferroviaria española, aunque sus responsables se niegan a publicar cuánto ha costado este proceso de digitalización en total. Cualquier ciudadano puede comprar por internet un billete de AVE y saber cuánto le ha costado el viaje, pero no qué coste ha tenido, con cargo a sus impuestos, la web en la que ha adquirido los pasajes.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por THE OBJECTIVE en el Portal de Transparencia, Sergio Bueno, director general adjunto a la Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de Renfe, ha rechazado facilitar el coste de la nueva web bajo el argumento de que ello les obligaría a reelaborar la información de la que ya dispone la compañía. Aunque es cierto que puede ser difícil obtener una estimación precisa de todos los costes, tanto de la inversión como del mantenimiento del sistema en los diferentes ejercicios contables, no se entiende bien que la compañía no disponga ya, a efectos operativos internos, del conocimiento o la aproximación de cuánto le ha costado su propia web.
En la resolución, el director general adjunto se escuda en la ley de transparencia e invoca varios de sus artículos para asegurar que el objetivo de la solicitud de este medio «no es la obtención de información pública», sino «recibir respuestas concretas frente a numerosas preguntas». Descartando el interés público de la información solicitada, recuerda el responsable que «el procedimiento de acceso a información no puede amparar su uso como buzón de consultas, ni de quejas o sugerencias».
Bueno también argumenta que responder a esta consulta «implicaría la elaboración de un estudio o informe sobre la evolución histórica de los costes y de las incidencias durante los últimos diez años» y que «la confección del informe solicitado apartaría a personal operativo del ejercicio de las funciones de negocio, de carácter empresarial, que le son propias». Asimismo, se remite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para afirmar que atender consultas concretas y específicas constituye una «degradación del procedimiento de acceso» a la información pública.
«Nada obsta a que el solicitante elabore, con sus propios medios, un estudio tomando como base la información pública», señala el director general adjunto. Y concluye: «Para ello tiene a su completa disposición la plataforma de contratación del sector público, de la que puede extraer información que satisfaría sobradamente el interés puesto de manifiesto. Pero no corresponde a esta entidad asumir la carga de elaborar el informe solicitado».
164 millones de euros
Tal y como sugiere en su escrito el directivo de Renfe, THE OBJECTIVE ha consultado el portal de contratación pública. Sin la colaboración de la operadora ferroviaria, el cálculo es imposible, ya que habría que conocer no solo qué contratos se han licitado y cuánta inversión suman, sino también si estos contratos se han destinado parcialmente a otros proyectos o cuánta mano de obra interna de la compañía se ha destinado al nuevo sistema de venta de billetes en línea. Datos contables que solo la organización conoce y que tienen un evidente interés público.
Sin embargo, la magnitud de los contratos licitados puede dar una idea de la inversión destinada a la renovación de la página web de la operadora. Renfe adjudicó a Accenture por 79 millones de euros el «servicio para el diseño, construcción, mantenimiento y explotación del nuevo sistema de venta y reserva de billetes de Renfe Viajeros S.M.E., S.A., la infraestructura de soporte y la operación».
Menos transparencia que nunca
Además, la operadora ferroviaria ha licitado contratos de más de 200.000 euros (sistema de cola virtual) y de cinco millones de euros para el «servicio de Asistencia Técnica, planificación, control, pruebas y gestión de la configuración para el nuevo sistema de venta y reserva de billetes de Renfe Viajeros S.M.E., SA», entre otros. En paralelo, la empresa pública anunció el año pasado una inversión de 163 millones para modernizar la venta de billetes en web, app, taquillas, agencias y máquinas autoventa.
El Gobierno, y también las autonomías, baten mes tras mes sus propias marcas de opacidad informativa. Las denegaciones de información solicitada a través del Portal de Transparencia aumentaron en los seis primeros meses del año un 25% con respecto al mismo periodo de 2023. Este incremento anticipa que 2024 puede cerrar con un récord de falta de transparencia. El silencio administrativo se ha convertido en el principal instrumento que utiliza el Gobierno para evitar el acceso a la información pública que demandan los ciudadanos. Hasta un tercio de las reclamaciones que tramitó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en 2023 tiene como origen la falta de respuesta y el incumplimiento de los plazos legales para darla.
