Todas las veces que Marlaska negó bajar penas a ETA: «Lo he dicho por activa y por pasiva»
El ministro siempre ha rechazado que existiese una iniciativa para eliminar la disposición de la ley del Gobierno de Rajoy
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
No solo fue a través de una carta a las víctimas hace dos años. La posición del Ministerio del Interior respecto a modificar la ley para que los presos de ETA pudiesen convalidar las penas que habían cumplido en otro país de la UE ha sido a lo largo de los últimos seis años la misma: siempre en contra. Incluso hasta cuando el ministro Grande-Marlaska era juez de la Audiencia Nacional y entró en el debate de la reforma para aplicarla o no a los etarras. Después, ya como titular de Interior, han sido muchas las declaraciones públicas en las que mantenía la misma línea. La última, sin ir más lejos, fue el 14 de febrero de 2022.
En esa fecha había saltado a los medios de comunicación el informe de la Guardia Civil que recogía conversaciones y reuniones del entorno de presos de ETA, en concreto del portavoz de la plataforma Sare, Josepa Azkarraga, y el parlamentario vasco y abogado, Julen Arzuega, con el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Una serie de pesquisas en las que el instituto armado, a través de intervenciones telefónicas, apuntaba a un posible trato de favor hacia los internos de la extinta banda terrorista. Marlaska, entonces, negó la mayor y fue más allá, descartando también que se modificase la polémica norma.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) había denunciado en un informe, pocos días antes, que el Gobierno tenía la intención de reformar la norma tras hallar indicios en las conversaciones entre el entorno de ETA sobre unas «negociaciones» que estaban «muy avanzadas» con el Gobierno. Marlaska reiteró lo mismo. «Ya se ha dicho por activa y por pasiva. No hay en el plan normativo ninguna intención de cambiar esa ley, porque el cambio es para la transposición de datos en el marco de la UE», dijo ante a los periodistas.
El correo de Marlaska a la AVT
Similar era la respuesta que desde Interior, catorce días antes, se había remitido a la AVT a través de un correo electrónico. El 1 de febrero, la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior desmintió que el Ejecutivo fuese a llevar a cabo la modificación de la ley, que de hacerse efectiva podría dejar en libertad a varios presos de la banda terrorista, entre ellos a Txapote. En el email, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el área de Grande-Marlaska hacía alusión «a un Anteproyecto de Ley, elaborado por el Ministerio de Justicia, que modificaba la —ahora polémica— ley orgánica 7/2014, en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS»).
Por lo que, incidía Interior, la reforma alcanzaba «solo a cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros». «En consecuencia —zanjaba—, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea». De este modo, el ministerio situaba este cambio en la obligación de trasponer al ordenamiento jurídico español una directiva europea.
«Con esta transposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, al tiempo que se contribuye a la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE», finalizaba la Dirección de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
Como juez en la Audiencia Nacional
Dos años después, el Gobierno está a punto de materializar lo que advirtió el colectivo de víctimas. El origen de todo el lío político se sitúa en 2014, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy reformó la citada Ley Orgánica 7/2014 para igualar el cumplimiento de las penas en los países miembros. En otras palabras, para que una persona no cumpliese por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, la ley española incluyó una disposición adicional por la cual la norma no era aplicable a sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, para que no afectase a los etarras. La enmienda que ha incluido Sumar en el proyecto de ley, aprobada por todo el Congreso, busca precisamente eliminar esa excepción.
El debate sobre aplicar o no la rebaja a las penas de distintos etarras que habían cumplido condena también en Francia se abrió hace nueve años, en 2015, en la Audiencia Nacional. La indecisión entre los magistrados tuvo su origen tras la excarcelación por la acumulación de condenas de miembros históricos de la banda terrorista como Francisco Múgica, alias Pakito, o Santi Potros. Resoluciones que posteriormente había tumbado el Tribunal Supremo.
Ante este escenario, varios magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantearon la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para preguntar sobre los límites que había interpuesto la normativa española al trasponer la directiva europea. Y en este contexto, fue el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior, el que evitó que ese extremo convocando al pleno, que rechazó elevar el asunto al TJUE.
